Política
Reinan las irregularidades en jornadas del registro electoral en Torres
Wilman Montero, concejal de la Fracción Democrática, manifestó su preocupación por la situación en torno a la inscripción en el punto del Registro Electoral.
«vemos que ciertamente el cronograma se pública, incluyendo también el periodo para lo que es el registro electoral, pero con ciertas irregularidades, sobre todo en la práctica. Cada uno de los puntos de inscripción los colocan en sitios de difícil acceso para la juventud sin ninguna información previa, no hay una publicidad eficaz y aparte de eso cuando se notifica la colectividad se hace de manera inoportuna, prácticamente entre gallos de medianoche», destacó el edil.
En cuanto al registro en las parroquias, Montero señala que también se han presentado situaciones irregulares, «ya lo veíamos desde el principio en la parroquia Reyes Vargas, en la parroquia Camacaro, lo vimos también en la parroquia Chiquinquirá, ocurrió en la parroquia Montaña Verde, hubo una irregularidad específicamente en La Sabana, también en Altagracia recientemente y así en distintas parroquias que ha venido prácticamente el CNE violentando el derecho político que tienen los nuevos votantes, que debería ser inclusive un derecho automático».
A través de las plataformas digitales los usuarios interesados en la inscripción o actualización de datos para el registro electoral, destacan los problemas con el servicio eléctrico que impide la realización de la jornada con normalidad, quedando a medio camino para quienes se les dificulta el traslado cuando el punto se encuentra ubicado en la capital torrense.
Finalmente, Montero envió un mensaje a la juventud a realizar su inscripción pues es un derecho de todo venezolano luego de cumplir la mayoría de edad, donde solo debe presentar su cédula laminada actual o vencida.
Mario Sosa / Foto: Archivo EC
Fue el 17 de agosto de 2024, cuando la confabulación de distintas instancias del estado venezolano gestaron un golpe de estado contra la primera autoridad civil del Municipio Torres del estado Lara, el Javier Oropeza. Esta autoridad municipal es señalada de autor intelectual de los sucesos postelectorales al 28 de julio, día del incuestionable triunfo de las fuerzas opositoras encabezadas por Edmundo González Urrutia, tras lo cual se desataron despiadadas e insólitas persecuciones contra el propio Alcalde Oropeza, su familia y parte de su tren ejecutivo.
Transcurrido 9 meses, Oropeza no ha sido destituido formalmente de sus responsabilidades. Sin embargo, en esa fecha, fue juramentada la presidente del Concejo Municipal de Torres Lasmit Verde como alcaldesa encargada, una disposición legal que solo ocurriría si es declarada la vacante absoluta del alcalde titular y por espacio de
3 meses.
Oropeza antes de resguardarse en vista de los rumores de una eventual detención, en uso de sus atribuciones dejó como encargada a una de sus directoras, la licenciada Iraida Timaure, también objeto como él de persecuciones judiciales que los obligaron al exilio.
Este golpe al poder municipal ha sido tan irregular e inconstitucional, que a la fecha se siguen incumpliendo con lo establecido en la ley. Oropeza no ha renunciado, es perseguido judicialmente acusado de terrorismo; asimismo, de acuerdo con las actuaciones realizadas por los órganos auxiliares de justicia, como es el caso del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, no se encontraron evidencias que lo incrimen; por el contrario, las pruebas determinan que los bochornosos sucesos violentos fueron productos de la provocación de dirigentes del oficialismo, y la muerte de uno de los manifestantes, como consecuencia de una bala disparada desde la sede del Psuv (partido político oficialista afecto al régimen).
Víctima hoy día de un estado sin derecho, que detiene sin órdenes judiciales, los presenta a tribunales sin derecho a la defensa, tras lo cual permanecen encarcelados por tiempo indefinido y sin juicio, por esas razones abandona el país, mientras sus propiedades familiares eran objetos de confiscaciones.
En mayo se cumplen 10 meses de ese «arrebatón» que el régimen venezolano fraguó contra las fuerzas unitarias opositoras triunfantes en el proceso electoral del 28 de julio de 2024. Desató voraces persecuciones que arrojaron más de 2 mil detenidos, una vez quedaron desenmascarados ante el mundo del vulgar fraude cometido contra el poder soberano del pueblo.
