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Opinión | Carora, su pueblo y su alcalde
Barquisimetano con ancestro cabudareño como soy, saben ustedes que Carora tiene un lugar muy especial en mis afectos. Su fundamento son amistades entrañables, largos años de visitas y trabajo en su extenso y variado municipio cuyo paisaje geográfico y humano no me esconde secretos, viva simpatía por esa personalidad singular de los caroreños, admiración por grandes venezolanos que son hijos suyos, como Ramón Pompilio y Chío, Pastor Oropeza y los dos Ambrosios, Perera y Oropeza, Monseñor Montes de Oca y Alirio Díaz, Guillermo Morón y Rodrigo Riera, para dejar la cuenta chiquita y cómo no, afición compartida por su colosal gastronomía, me ligan a esa tierra áspera y brava, como la llamaba Luis Beltrán Guerrero, otro grande en la escritura magnífica y el apetito voraz.
Nada de lo que ocurre en Carora me es indiferente. Por eso no puedo callar ante la sañuda persecución de la que ha sido objeto el alcalde Javier Oropeza, electo por el pueblo torrense para gobernarlo y que en tres años de gestión intensa ha demostrado competencia, disposición al diálogo con todos, dedicación integral al cumplimiento de su deber y la mayor responsabilidad. Lo atestiguo no sólo por la amistad que me une a él y a su familia, sino porque me consta. El suyo es un liderazgo afianzado en el reconocimiento de todos los sectores de la sociedad y el afecto popular que parece lo más difícil de perdonar por la mezquindad de algunos.
En noviembre del año pasado fue la vez más reciente que estuve por esos lados, justamente para la Feria de Proyectos de Desarrollo Económico Local, en el Teatro Alirio Díaz, fruto elocuente del trabajo concertado, participativo y protagónico como dice la Constitución, entre el gobierno municipal, la sociedad civil y el empresariado de allá. Sinceramente, daba gusto.
En medio de una campaña feroz de señalamientos sin fundamento y amenazas, primero fueron la casa familiar, la finca y el periódico. Luego, el Concejo Municipal declaró su ausencia y designó reemplazante, en violación flagrante de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, cuyo artículo 87 detalla los supuestos y las formas de decidir sobre ausencias temporales y definitivas del jefe del gobierno local y que por cierto, in fine, prescribe que “Se consideran ausencias absolutas: la muerte, la renuncia, la incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica, por sentencia firme dictada por cualquier tribunal de la república y por revocatoria del mandato.”
El pueblo del municipio Torres no se merece el trato arbitrario del que está siendo objeto, porque son sus derechos –y no sólo los de un funcionario- los que se conculcan cuando así se procede.
No es que no me dé cuenta de la realidad actual, pero me resisto a dar por descontado que cómo se hace y que la Constitución y la ley, como aquellas órdenes del rey de España que me dijeron en las clases de Historia en mis años lisandristas, “se acatan pero no se cumplen”. Y protesto.
Ramón Guillermo Avelado
Publicación realizada en ElImpulso.com
Los órganos represores del narco estado, han desatado una ola de arbitrarias detenciones en Carora. Dejan ver esas persecuciones, que el miedo cambió de bando y ahora está instalado del lado opresor.
Así lo sañala el alcalde de Torres, Javier Oropeza, quien desde el exilio sigue trabajando sostenidamente por el cambio en Venezuela, y el rescate del municipio tomado por asalto por una banda de delincuentes.
«Temen perder el poder porque el estado venezolano es la fuente de sus riquezas. El Caroreño, por ejemplo, fue tomado y desvalijado sin conocerse el porqué. Todo lo que se encontraba en el periódico pasó a formar parte de un botín de guerra que se repartieron entre ellos sin orden de alguna autoridad judicial», razonó Oropeza.
Agregó: «Igual sucedió con la finca de mi familia, cuyos animales fueron repartidos entre militares, otros vendidos o sacrificados; pero el dinero producto de ese saqueo, nadie sabe quién se lo embolsilló, aunque hay cabezas visibles sobre quienes recaen responsabilidades».
Por esa razón, al alcalde Oropeza no le cabe la menos duda que el miedo está instalado del lado de la opresión, porque se saben culpables y, si este régimen cae lo que será pronto, irán por ellos. «No es venganza, es justicia, porque todos tenemos que rendir cuenta de nuestros actos», aclaró.
Ante las últimas detenciones en Carora, explicó que ocurren para causar temor, pero la realidad es que el miedo está instalado en ellos, un miedo que pretenden trasladar sin éxito al sufrido pueblo caroreño.
Recordó Oropeza, que uno de sus directores, el abogado Endrick Medina, tiene un año y dos meses detenido sin motivo alguno. «Tenemos la información completa del peritaje policial sobre los sucesos donde perdiera la vida Walter Páez. Sabemos los nombres de los que cometieron perjurio en sus declaraciones, que condujeron a la detención de Endrick y la persecución implacable contra varios de los altos funcionarios de nuestra gestión, situación que nos obligaron a marchar al exilio», reveló.
Instamos a la usurpación instalada en la municipalidad a no seguir causando malestares en la ciudadanía, y alertamos sobre lo que pueda suceder cuando el régimen caiga, porque son ellos con sus comportamientos, los que han causado que el miedo entre los torrenses se transforme en arrechera».
