La Contraloría General de la República recién publicó en su página web la inhabilitación del alcalde Javier Oropeza, que le impide participar durante 15 años en elecciones o el ejercicio de cualquier cargo público.

Oropeza, quien aún ostenta su investidura constitucional de alcalde del Municipio Torres ubicado en el Estado Lara, se vio obligado a marchar al exilio junto a su esposa y dos hijas de apenas 10 y 12 años, luego de los sucesos poselectorales del 28 de julio.

En paralelo, le fueron confiscados todos sus bienes, incluyendo una finca y la sede de dos periódicos, El Caroreño y El Diario de Lara, todos los cuales forman parte de un patrimonio familiar de muchos años.

SOLICITADOS

Además del núcleo familiar del alcalde Javier Oropeza, buena parte de sus tren ejecutivo también sufren consecuencias derivadas de las elecciones del 28-J.

Entre otros están solicitados o tienen órdenes de captura: la licenciada Anibys Reyes de Oropeza, primera dama; comisario José Sisiruca, chofer del alcalde; ingeniera Joselys Crespo, asistente del alcalde; licenciada Yelitza Álvarez, Directora del Despacho; doctora Ana Julia Rivero, Directora de Desarrollo Social; ingeniero Jesús Camacaro, Director de Infraestructura; profesor José Gregorio Adames, Director de la Sala Situacional, la licenciada Maria Camacaro y el Concejal Wilman Montero.

PERSECUCIONES

Cabe señalar que en Colombia, el alcalde Javier Oropeza ha sufrido tres intersecciones violentas cuando se movilizaba junto a su familia. Todas ellas denunciadas oportunamente ante las autoridades colombianas.

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