Internacional
Masacre en Parkland: autor Nikolas Cruz donará su cerebro a la ciencia
Nikolas Cruz, autor del tiroteo masivo en Parkland, Florida, acordó donar su cerebro a la ciencia como parte de un acuerdo civil único con una de sus víctimas.
El acuerdo fue propuesto por el abogado de Anthony Borges, una de las víctimas que sobrevivió al ataque. El motivo tras esta solicitud es entender las posibles causas biológicas detrás de actos tan violentos.
El tiroteo, que ocurrió el 14 de febrero de 2018, es uno de los más mortíferos en la historia de Estados Unidos.
Cruz, armado con un rifle de asalto AR-15, disparó indiscriminadamente contra estudiantes y personal de la escuela. Anthony Borges, quien entonces tenía 15 años, recibió cinco disparos mientras intentaba proteger a sus compañeros de clase al bloquear una puerta con su cuerpo.
Alex Arreaza, abogado de Borges, propuso la cláusula de donación del cerebro con la esperanza de que los científicos puedan descubrir algún desequilibrio o anomalía que explique el comportamiento de Cruz. De esta manera, reseñan medios internacionales, ayudaría a prevenir futuros tiroteos.
Más detalles sobre el acuerdo de Nikolas Cruz
Además de la donación del cerebro, el acuerdo otorga a Borges los derechos sobre el nombre de Nikolas Cruz para su uso en películas, libros y otros medios. Esto significa que el joven, quien está cumpliendo una cadena perpetua, no puede beneficiarse económicamente de su crimen y debe obtener permiso de Borges antes de dar cualquier entrevista.
La reunión en la que se llegó a este acuerdo se llevó a cabo a través de Zoom y contó con la participación de Rory Borges, padre de Anthony, Cruz y Arreaza. Debido a su trastorno de estrés postraumático (Ptsd), Anthony Borges no se sintió cómodo participando en las discusiones.
Arreaza describió el comportamiento de Nikolas Cruz durante la reunión como “frío y extraño,” especialmente cuando pidió disculpas a Rory Borges como si hubieran tenido un accidente automovilístico.
Dinero en juego
Anthony Borges, quien antes del ataque era un deportista prometedor, sufrió heridas graves en las piernas y el torso. Asimismo, ha tenido que someterse a más de una docena de cirugías.
Como parte del acuerdo, la víctima del tiroteo recibirá $430.000 de una póliza de seguro de vida de un pariente de Nikolas Cruz.
Este acuerdo se suma a los $26 millones que el Distrito Escolar Público del Condado de Broward pagó a las víctimas del tiroteo. De la cifra, $1,25 millones fueron para Borges.
Además, recibió una suma no revelada del FBI debido a su incapacidad para prevenir el ataque de Cruz. También hay demandas pendientes contra el oficial de recursos escolares Scot Peterson y la Oficina del Sheriff del Condado de Broward.
El Nacional
Human Rights Watch incluyó en su informe sobre los hechos suscitados en Venezuela luego de los comicios del 28 de julio, el caso de la Alcaldía del Municipio Torres, donde se produjo un golpe desde el gobierno a la majestad del poder municipal, legal y constitucionalmente constituido desde el año 2021.
El informe recoge los hechos que desembocaron en una despiadada persecución contra el alcalde Javier Oropeza, su familia y buena parte del tren ejecutivo, una trama orquestada por la dirigencia local e instituciones del estado afectas al partido oficialista, Psuv, dejando entrever una conspiración que solo buscaba apoderarse de la Alcaldía de Torres por vías distintas al electoral.
Se incluyen detalles de cómo se desarrollaron los hechos, en los cuales participaron, además de la dirigencia local del Psuv, el prefecto Elvis Méndez, el gobernador Adolfo Pereira, tribunales de la república y fiscales del Ministerio Público al servicio del régimen. También el Concejo Municipal controlado por ediles oficialistas, que bloqueron con notorias intenciones el Departamento de Publicaciones, bloqueando así la edición de gacetas contentivas de resoluciones y decretos emitidos por el alcalde Javier Oropeza como primera autoridad civil del municipio.
El caso de la Alcaldía de Torres sirve como ejemplo de similares actuaciones desde el régimen contra otras municipalidades en manos de alcaldes opositores, obligados al exilio unos y encarcelados otros.
Unos 50 funcionarios de distintos niveles de la municipalidad torrense tuvieron que salir al exilio, luego de ser objeto de visitas domiciliarias y persecuciones por sujetos vestidos de negro y conduciendo vehículo sin identificación oficial.
En un principio solo mencionaban los nombres del alcalde Javier Oropeza, el director de gobierno Jesús Guillermo Gómez y los concejales opositores Wilman Montero y Ronald Machán. Casi de inmediato la nómina se fue ampliando y rebazó el vaso cuando un vehículo vinotinto entrompa a un grupo de directores que caminaba por una acera adyacente a la alcaldía, siendo secuestrado en un instante el director de gobierno abierto, Endrick Medina, quien hoy día sigue detenido en el Sebin.
Las persecuciones y amedrentamiento no cesaron. Se extendieron contra familiares y bienes patrimoniales de funcionarios municipales. Al alcalde Javier Oropeza le confiscaron la sede de 2 periódicos, su casa familiar en Carora y la finca agropecuaria, un patrimonio familiar y de la ganadería raza Carora; en tanto a la Lcda Iraida Timaure, le confiscaron su casa, su vehículo y el de su hija, además pusieron en fuga a su esposo, también hoy día en el exilio, de lo contrario lo hubiesen detenido.
Este informe dado a conocer por Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, fue elevado a la consideración de la Comisión de Derecho Humanos de la ONU, como también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
