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A 125 años de la Consagración al Santísimo Sacramento

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Desde el inicio de lo que es hoy Venezuela, se enseñó y cultivó la fe en la presencia de Jesús en la hostia consagrada. En 1527, en la que se llamaba Ciudad Pontificia de Coro, se celebró la primera misa en Venezuela, y en Caracas se celebró en 1567. La primera fiesta del Corpus Christi se celebró en Coro en 1582 y en Caracas en 1590. Es decir, en tierra venezolana, desde sus inicios, se reconocía que el Señor está presente allí, verdaderamente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad.

A lo largo de los años, en Venezuela se han desarrollado devociones como las horas santas, las asambleas eucarísticas, los congresos eucarísticos, las cofradías del Santísimo Sacramento, así como tradiciones y manifestaciones religiosas, como la de los Diablos Danzantes, donde se expresa la convicción del triunfo de Dios sobre el pecado y la muerte adorándolo en la Eucaristía.

Se fundaron congregaciones religiosas que asumieron como carisma la adoración a Jesús e Eucaristía, tal como lo hicieron la Madre María de San José, la Madre Candelaria de San José, la Madre Carmen Rendile, las Siervas del Santísimo Sacramento, así como muchos devotos de la Eucaristía, como el doctor José Gregorio Hernández, la Madre Isabel Lagrange, la Madre Emilia de San José.

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Recordemos también que hace 1890 se vivían tiempos duros de persecución religiosa, divisiones, peligros de diversos tipos, y el padre, Juan Bautista Castro, trabajó por la consagración del país al Santísimo Sacramento, pues lo consideraba como el único recurso para salvar al país. Su labor y empeño logró que el Papa, León XIII, le otorgara el privilegio de esta consagración, acto que se celebró solemnemente el día 2 de julio de 1899 por parte de todos los obispos de Venezuela. Ese día, en acto público y solemne, se rezó la siguiente consagración.

«Soberano Señor del Universo y Redentor del Mundo, Clementísimo Jesús, que por un prodigio inenarrable de tu caridad te has quedado con nosotros en este sacramento hasta el fin de los siglos, aquí venimos a tus pies a proclamarte solemnemente y a la faz del cielo y la tierra que eres nuestro único Rey y Dominador Santísimo, a quien consagramos todos nuestros afectos y servicios, y a quien ponemos todas nuestras esperanzas. Tú eres nuestro Dios, no tenemos otro Dios delante de ti. En tus manos ponemos nuestra suerte y con ella los destinos de nuestra patria. Muchos te hemos ofendido y, como el hijo pródigo, hemos decepado en los desórdenes tu herencia. Perdónanos, porque ya volvemos con espíritu contrito a tu casa y a tus brazos. Recíbenos, Salvador nuestro, concédenos que venga a nosotros tu reino eucarístico. Levanta bien alto tu trono en nuestra República, a fin de que en ella te veas glorificado por singular manera y sea honra nuestra de distinción inapreciable el llamarnos la República de Venezuela del Santísimo Sacramento del Altar. Te entregamos cuanto somos y cuanto tenemos. Cubre nuestra ofrenda con tu mirada paternal y hazla aceptable y valiosa en tu divina presencia. Otra vez te pedimos nos recibas, que no nos deseches y que este acto de nuestro amor y de nuestra gratitud sea repetido cada vez con mayor fervor de generación en generación, mientras Venezuela exista, para que jamás las partes de tu sagrado corazón. Que así sea para nuestra vida del tiempo y después, por los siglos de los siglos. Amén».

Amigos, recemos hoy y estos días esta consagración buscando el amor de Dios en nuestra vida, porque sabemos que con Dios ¡siempre ganamos!

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A 9 meses del golpe municipal contra el Alcalde Javier Oropeza

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Fue el 17 de agosto de 2024, cuando la confabulación de distintas instancias del estado venezolano gestaron un golpe de estado contra la primera autoridad civil del Municipio Torres del estado Lara, el Javier Oropeza. Esta autoridad municipal es señalada de autor intelectual de los sucesos postelectorales al 28 de julio, día del incuestionable triunfo de las fuerzas opositoras encabezadas por Edmundo González Urrutia, tras lo cual se desataron despiadadas e insólitas persecuciones contra el propio Alcalde Oropeza, su familia y parte de su tren ejecutivo.

 

Transcurrido 9 meses, Oropeza no ha sido destituido formalmente de sus responsabilidades. Sin embargo, en esa fecha, fue juramentada la presidente del Concejo Municipal de Torres Lasmit Verde como alcaldesa encargada, una disposición legal que solo ocurriría si es declarada la vacante absoluta del alcalde titular y por espacio de

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3 meses.

 

Oropeza antes de resguardarse en vista de los rumores de una eventual detención, en uso de sus atribuciones dejó como encargada a una de sus directoras, la licenciada Iraida Timaure, también objeto como él de persecuciones judiciales que los obligaron al exilio.

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Este golpe al poder municipal ha sido tan irregular e inconstitucional, que a la fecha se siguen incumpliendo con lo establecido en la ley. Oropeza no ha renunciado, es perseguido judicialmente acusado de terrorismo; asimismo, de acuerdo con las actuaciones realizadas por los órganos auxiliares de justicia, como es el caso del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, no se encontraron evidencias que lo incrimen; por el contrario, las pruebas determinan que los bochornosos sucesos violentos fueron productos de la provocación de dirigentes del oficialismo, y la muerte de uno de los manifestantes, como consecuencia de una bala disparada desde la sede del Psuv (partido político oficialista afecto al régimen).

 

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Víctima hoy día de un estado sin derecho, que detiene sin órdenes judiciales, los presenta a tribunales sin derecho a la defensa, tras lo cual permanecen encarcelados por tiempo indefinido y sin juicio, por esas razones abandona el país, mientras sus propiedades familiares eran objetos de confiscaciones.

 

En mayo se cumplen 10 meses de ese «arrebatón» que el régimen venezolano fraguó contra las fuerzas unitarias opositoras triunfantes en el proceso electoral del 28 de julio de 2024. Desató voraces persecuciones que arrojaron más de 2 mil detenidos, una vez quedaron desenmascarados ante el mundo del vulgar fraude cometido contra el poder soberano del pueblo.

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