Nacional
InSight Crime: Escándalos evidencian la corrupción judicial en Venezuela
En un inusual comienzo de año, las autoridades venezolanas han acusado, destituido e incluso detenido a una serie de funcionarios judiciales por corrupción en toda Venezuela.
Las autoridades en Venezuela rara vez hacen tales acusaciones tan públicamente, por lo que las detenciones y la publicación de pruebas, entre ellas grabaciones de audio encubiertas, ofrecen una mirada al interior de la caja negra de la corrupción judicial en el país.
A continuación, InSight Crime examina los casos recientes y analiza la dinámica subyacente que impulsa esta corrupción, que, según los expertos, más que un fracaso institucional, es manipulación institucional.
Una avalancha de casos de corrupción
El escándalo más grande involucra a un fiscal de derechos humanos y una defensora pública que presuntamente recibieron sobornos de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, el líder fugitivo del Tren de Aragua, la banda criminal más poderosa de Venezuela.
A finales de enero de 2024, el fiscal general oficialista, Tarek William Saab, ordenó la detención del fiscal Renny Amundaraín Durán y de la defensora pública Adys Salcedo por cargos de retardo u omisión intencional de funciones, obstrucción de la administración de justicia y asociación para delinquir.
La fiscalía venezolana alegó que los dos funcionarios aceptaron US$360.000 de un líder no identificado del Tren de Aragua, prometiendo garantizar un trato favorable a familiares encarcelados del líder y devolver los bienes incautados por el Estado. Cuando el fiscal y la defensora supuestamente no cumplieron su parte del trato, el miembro del Tren de Aragua envió un sobre con grabaciones incriminatorias a la Fiscalía General, según informaron las autoridades.
“Él es más delincuente que yo, él es más bandido que yo”, se escucha decir al frustrado líder de la banda al defensor público Salcedo en una de las llamadas, refiriéndose al incumplimiento de la promesa del fiscal Amundaraín.
Aunque las autoridades venezolanas no lo han confirmado, se cree que el líder es Niño Guerrero, el poderoso jefe del Tren de Aragua.
Guerrero está prófugo desde octubre de 2023, cuando las fuerzas de seguridad retomaron el control de la prisión de Tocorón, sede del poder del Tren de Aragua.
Este escándalo judicial en el que se vio envuelto Guerrero llegó un poco más de un mes después de un caso similar, que dominó los titulares en Venezuela a lo largo de diciembre de 2023.
El caso estalló cuando un periodista venezolano divulgó audios en los que se escucha a una mujer, supuestamente la jueza presidenta del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Zulia, Marjorie Zucoswki Portillo Ramírez, dando instrucciones a los empleados judiciales para que exigieran comida y dinero a las personas que requieren los servicios del tribunal.
Al parecer, la corrupción de Portillo Ramírez era un secreto a voces y, antes de que se filtraran los audios, los trabajadores judiciales habían publicado una carta abierta en la que afirmaban que no era apta para el cargo.
“Desde la llegada de Marjorie Zucoswkis Portillo Ramirez, ejercer la abogacía en este Circuito Judicial se ha convertido en un suplicio”, dice la carta. “Atropellos, humillaciones, y violaciones de derechos, incluso, derechos humanos, situación que se ha convertido en el orden de día para abogados y usuarios del Sistema de Protección”.
Una institución rota
Aunque los casos parecen estar motivados parcialmente por algún elemento de crimen organizado —especialmente el relativo a Niño Guerrero—, también resaltan cómo los tribunales son disfuncionales y cómo los bajos salarios del gobierno impulsan la corrupción sistémica en el sistema judicial de Venezuela.
Portillo Ramírez, Amundaraín Durán y Salcedo no son los primeros acusados. Según Saab, la Fiscalía General ha acusado a 412 funcionarios judiciales por corrupción durante su mandato, y ha condenado a casi 40.
A principios de 2023, Una Ventana a la Libertad, una organización no gubernamental venezolana que trabaja en asuntos penitenciarios, dijo que había recibido múltiples denuncias sobre jueces que exigían sobornos a cambio de servicios judiciales, desde la concesión de medidas básicas de derechos humanos hasta resoluciones sobre la liberación de miembros de bandas. La organización citó el caso de Óscar Enrique Guzmán Chirinos, alias “Conas”, quien tras escapar de prisión en 2021, acusó al juez que presidía su caso de solicitar US$50.000 a cambio de un veredicto favorable.
Como en otras instituciones públicas venezolanas, la corrupción es sistemática; sin ella, los empleados judiciales caen por debajo del umbral de la pobreza.
Los salarios de los jueces venezolanos oscilan entre US$100 y US$240 mensuales, dependiendo del rango. Según el Observatorio del Gasto Público en Libertad del CEDICE, una familia venezolana media necesita unos US$500 para sobrevivir. InSight Crime no pudo confirmar los salarios medios de fiscales y defensores públicos, pero expertos afirman que son insuficientes.
“La administración pública se ha flexibilizado mucho y ha permitido que los funcionarios tengan otros trabajos o tengan otras fuentes de ingresos. Lo que pasa es que en algunos casos esas fuentes de ingresos son fuentes de ingresos ilegales”, dijo a InSight Crime un experto judicial venezolano que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias del gobierno.
Al coaccionar a sus subordinados, Portilla Ramírez parecía jugar directamente con esta realidad.
“Del sueldo no vamos a vivir, eso es mentira. Todos vivimos de los favores que nosotros realizamos a nuestros conocidos, contactos, etcétera”.
Mientras los bajos salarios empujan a los funcionarios judiciales a la corrupción, un sistema judicial disfuncional les da cobertura para esa corrupción.
Por ejemplo, aunque la ley venezolana concede a los funcionarios dos años para condenar a alguien acusado de un delito, en realidad esa ley no se aplica, según dijeron múltiples expertos a InSight Crime. Esto brinda a las autoridades judiciales la oportunidad de extorsionar a los delincuentes condenados, dijeron.
“Pero esto no se cumple. Es letra muerta el Código Orgánico Procesal Penal”, dijo Carlos Nieto, coordinador de Una Ventana a la Libertad. “Tenemos presos que tienen desde hace meses la boleta de excarcelación hecha para que salgan de la cárcel, y no los sueltan, los siguen dejando detenidos”.
En las grabaciones de Portillo Ramírez, por ejemplo, se la escucha, presuntamente, alentando a sus subordinados a prometer a los familiares de los detenidos resolver asuntos legales pendientes a cambio de sobornos.
Corrupción a propósito
El poder judicial de Venezuela no es inmune a la corrupción general y al clientelismo del país. Está en casi el último lugar del índice mundial en cuanto a adhesión al Estado de derecho del World Justice Project. Este fracaso es deliberado, dijeron expertos a InSight Crime.
Antes de negociar con el Tren de Aragua, Amundaraín dirigió las investigaciones de varios casos de ejecuciones extrajudiciales de alto perfil y encabezó las detenciones de activistas y periodistas críticos con el régimen del presidente Nicolás Maduro.
Los expertos dijeron a InSight Crime que esto no es coincidencia. Los salarios se mantienen bajos, en parte para permitir que el régimen controle el poder judicial de Venezuela, afirmaron.
La lógica es que, dado que sobrevivir con un salario judicial es imposible, cierto nivel de corrupción se hace inevitable. Esto permite a los partidarios de Maduro aprovechar la impunidad, ofreciéndosela a los funcionarios judiciales leales a sus intereses, mientras que mantiene la posibilidad de enjuiciamiento como una amenaza implícita para aquellos que no ayuden a promover sus intereses.
Las investigaciones de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales venezolanas han llegado a la misma conclusión. Según un informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, altos cargos del gobierno dictan habitualmente la forma en que los jueces resuelven los casos y cometen delitos con impunidad.
Este sistema de intercambio de impunidad por lealtad no se limita al poder judicial de Venezuela. Las investigaciones de InSight Crime han documentado cómo el régimen de Maduro utiliza sistemas similares para controlar tanto a los políticos locales como a las fuerzas de seguridad.
“En Venezuela hay un solo sitio [del gobierno] que decide. Los demás simplemente obedecen”, dijo a InSight Crime un experto judicial que pidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad. “En otras palabras, ya no hay democracia”.
800 Noticias
Un camino calamitoso le ha tocado atravesar a Javier Oropeza, alcalde opositor del municipio Torres del estado Lara, la segunda jurisdicción más importante del estado Lara.
Hoy en un exilio forzado, Oropeza luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, padeció en carne propia la persecución y amedrentamiento por parte del gobierno de Nicolás Maduro. A él y a su equipo de trabajo, entre otros supuestos delitos, los acusa de omisión y responsabilizan de los diferentes hechos violentos registrados en Carora en los días posteriores a los comicios.
La recia cacería comenzó el 29 de julio luego de que se presentara una situación irregular a las puertas del la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, cuya protesta por algunos factores de oposición se tornara violenta.
En medio de esta situación, sostuvo Javier Oropeza en entrevista para La Patilla que, emitió un comunicado a la población torrense, donde además hizo un llamado a la calma y la paz. En ese mismo comunicado, le manifestó al prefecto del municipio Torres, representante de la Gobernación de Lara por este municipio que por ser un ente municipal, no disponía de organismos de seguridad, así como tampoco, tenía competencias sobre los diferentes organismos existentes.
Detalla el mandatario local que aproximadamente a las 3.00 de la tarde del 30 de julio la situación frente al PSUV se comenzó a salir de control y que, a pesar de estar acordonada por funcionarios de la Guardia y Policía Nacional Bolivariana, esos terminaron retirándose en un punto determinado de la situación.
Resaltó también que en esta situación resultó herido un joven identificado como Walter Páez Lucena, quien falleció unos días después de haber sido ingresado al Hospital Central de Barquisimeto.
Lo señalan de omisión
Comenta el burgomaestre que la persecución hacia él, su equipo y colaboradores comenzó luego de que el Ministro de Información y Comunicación Freddy Ñañez, lo acusara directamente de omisión sobre el incendio a la sede del PSUV y la radio comunitaria Venceremos por lo que solicitaba a la Fiscalía de la República, investigar los hechos.
Desde entonces, inició el suplicio para Oropeza, su familia y su equipo, principalmente.
Cuenta Javier Oropeza que una vez realizados estos señalamientos, tuvo que resguardarse y en medio de ese resguardo, hubo un intento de secuestro hacia sus dos hijas (10 y 12 años), quienes al momento de trasladarse hacia la residencia de su abuelo materno en Barquisimeto, fueron perseguidas por funcionarios de seguridad, quienes al parecer, pretendían secuestrarlas.
En medio de esa situación detalla el alcalde que gracias a la rápida acción de los vecinos, estos lograron proteger a las niñas y las mantuvieron resguardadas por al menos ocho días, hasta que logaron encontrarse con su madre.
Allanamientos e incautación
El 6 de agosto, el Estado arrecia las medidas, comenzando con el allanamiento de su vivienda y empresa comunicacional, Diario El Caroreño, ambos ubicados en la Zona Colonial de Carora.
Sobre esto, detalla que los funcionarios ingresaron a las instalaciones, sin ningún tipo de orden, nada más que se trataba de “una orden presidencial” y hasta la fecha, tanto su vivienda como la sede del periódico, se encuentran incautadas y pudieron conocer que han sido desvalijadas.
Pero, los allanamientos no terminaron en El Caroreño y su vivienda, sino que se trasladaron hacia su finca que además es un centro de recría e investigación genética de la raza Senepol – Carora.
Es necesario mencionar que la finca es una propiedad familiar que ha pasado de generación en generación, lo que confunde a Oropeza quien ha manifestado que sus bienes no son provenientes de hechos de corrupción, razón por la cual no admite que el Estado tenga que meterse con lo que por tantos años han trabajado.
Serían funcionarios del Sebin y Conas los que mantienen tomadas e incautadas sus propiedades, entre ellos también, el edificio del Diario de Lara en la ciudad Barquisimeto, medio de comunicación vespertino, también propiedad de Oropeza el cual dejó de funcionar desde hace algunos años.
Menciona el mandatario torrense que hasta el momento no se le ha permitido ni a sus abogados ni a sus familiares, el acceso las propiedades incautadas por lo que no han podido conocer sobre el estatus de esos procedimientos.
Equipo de gobierno resguardado
Todo el gabinete de gobierno de Oropeza se encuentra resguardado, sus directores y dos concejales de la fracción opositora de la Cámara Municipal de Torres también están siendo señalados, así como otros dirigentes opositores de la ciudad, cuyas viviendas también han sido allanadas.
El pasado 8 de agosto, comentó el burgomaestre que fue detenido el director de gobierno abierto, Endrick Medina, al momento en que se encontraba saliendo del palacio municipal.
El PSUV nombra a alcaldesa encarga
En medio de la ausencia temporal, Javier Oropeza nombró a la licenciada Iraida Timaure como alcaldesa encargada del municipio, para poder darle curso al decreto, este debía ser publicado en la Gaceta Oficial, cuya oficina se rige por el Concejo Municipal el cual es de mayoría oficialista pero este no hizo la publicación del decreto por lo que el contencioso administrativo admitió el amparo a favor de ellos y en menos de los 15 días reglamentarios nombraron a una alcaldesa encargada.
“Aquí lo que hay es un alcalde ausente porque no me han permitido defenderme”, puntualizó.
Carora militarizada
Así como el alcalde, su familia, equipo y colaboradores cercanos han sido objeto de persecución y amedrentamiento, así mismo ha sido sometida la colectividad en general en Carora, quienes viven momentos de incertidumbre diaria con la presencia de cuerpos de seguridad del Estado en toda la ciudad.
Esto ha traído como consecuencia el resguardo de muchas personas.
Sin derecho a la defensa
Asegura Oropeza que esto es una acción completamente política, donde no se le ha permitido el derecho a la defensa, así como tampoco han podido conocer el estatus judicial.
Por esa razón ve con preocupación lo que está sucediendo en el país, donde la población en general está sumida en el miedo e incertidumbre razón por la cual sigue abogando a que haya un entendimiento y el país retome la paz y la tranquilidad.
“Hemos hecho un llamado al fiscal general de la república a que pongan los ojos sobre Carora”, mencionó, al tiempo en que solicita se haga una investigación seria de los hechos.
“Seguiré en el exilio hasta que me den garantías de regresar”, aseguró y agregó que estarán resguardados hasta que les garanticen el derecho a la defensa.
Finalmente, indicó que se mantiene con la frente en alto, trabajando y convencido de que no han obrado mal, por el contrario, cataloga estas acciones como un irrespeto a la voluntad del pueblo manifestada el 21 de noviembre del año 2021 cuando resultó electo como alcalde del municipio Torres.
“La esperanza sigue intacta y a pesar de las adversidades, nuestro ánimo de lucha continúa”.
Cortesía La Patilla / Foto: Mario Sosa
