Aunque la migración latinoamericana había utilizado el Tapón del Darién en años anteriores, fue en 2023 que se convirtió en una “opción” para cientos de miles de migrantes que se dirigieron al norte del continente. Las cifras muestran que más de 500 mil personas cruzaron por esa peligrosa selva, siendo la nacionalidad venezolana la que más ayudó a la explosión de ese récord.

Laura Dib es directora del Programa para Venezuela de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y explicó en el programa En Este País, que las cifras de venezolanos cruzando el Darién explican que la migración no se detuvo en 2023.

“La situación en el Darién es demoledora. Según Migración Colombia, para el 2023 hubo más de medio millón de personas en tránsito por ese país y de ellos casi 400 mil fueron venezolanos. Eso denota dos cosas, la primera es que las personas siguen emigrando de Venezuela con necesidades humanitarias muy acentuadas y el otro elemento, es que la migración no se está dando por primera vez desde Venezuela sino de hasta segundas y terceras migraciones desde otros países”.

Dib indicó en una entrevista para la cuenta @migramonitor que desde WOLA tuvieron la oportunidad de observar la realidad desde el mismo terreno luego de concretar una visita a Necoclí, Turbo y Apartadó. “Allí vimos como familias enteras cruzaban el Darién a pesar de que sus hijos tenían el PTP. Los niños por estar matriculados en un colegio tenían ese permiso, pero los padres no y por ello no podían trabajar legalmente”.

Para WOLA, este panorama explica que la emergencia humanitaria compleja en Venezuela persiste, pero también denota que hay una insuficiente disposición en la región para dictar medidas de integración en esos países.

El Darién, un infierno que se convirtió en “opción”

El tráfico de personas por el Tapón del Darién se convirtió en una industria criminal muy lucrativa. Organizaciones como el Clan del Golfo, la guerrilla y otras tantas son las encargadas de ofrecer “paquetes” para cruzar la selva a quienes se dirigen a Estados Unidos, todos corriendo un riesgo grave.

“La situación es trágica de principio a fin, porque esos que toman la medida desesperada de cruzar Centroamérica arriesgan su vida. Médicos Sin Fronteras dijo que en 2023 atendieron a 676 personas víctimas de violencia sexual en el Darién, por ejemplo”.

Así que no solo el peligro lo representa la selva misma, lugar que no tiene rutas ni vías establecidas, también sujetos armados se toman la ley por sus propias manos, aprovechándose de la nula presencia del gobierno colombiano.

“En Necoclí vimos poca presencia institucional del gobierno colombiano. Además, las personas no tenían ni idea de lo que se encontrarían en esa ruta compleja y que luego tenían que cruzar 7 países más para llegar a Estados Unidos. También encontramos mucha desinformación en el sentido de no se conoce cómo opera el sistema estadounidense y cómo aplicar por el CBP One”.

Apego al principio de no devolución

Para WOLA, es importante que las autoridades de los diferentes países de acogida tengan claro lo que significa el principio de la no devolución, piedra angular del derecho internacional de los refugiados. Para esta organización no solo las personas con necesidades de protección por persecución política deben ser acogidos, sino otras con otro tipo de requerimientos.

“Es una obligación para los Estados no regresar a un refugiado a su país de origen o a otro donde pueda ser deportado porque su vida corre peligro En Venezuela estamos hablando de devolución de personas perseguidas por motivos políticos sino también debe pasar con las personas con VIH, cáncer o insuficiencia renal, por decir algunas, quienes no pueden regresar porque volver significaría una sentencia de muerte”.

Laura Dib, directora del Programa para Venezuela de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, agregó que en WOLA están de acuerdo con las negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición con facilitación de Noruega, pero rechazan que en esa negociación se acuerden vuelos de deportación.

“Los derechos humanos prohíben las deportaciones masivas o de carácter colectivos. Los procesos deben ser individualizados y deben darse garantías al debido proceso en casos de expulsión. Debe haber evaluación de cada caso para ver si las personas corren peligro al regresar a su país de origen”.

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