Un camino calamitoso le ha tocado atravesar a Javier Oropeza, alcalde opositor del municipio Torres del estado Lara, la segunda jurisdicción más importante del estado Lara.

Hoy en un exilio forzado, Oropeza luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, padeció en carne propia la persecución y amedrentamiento por parte del gobierno de Nicolás Maduro. A él y a su equipo de trabajo, entre otros supuestos delitos, los acusa de omisión y responsabilizan de los diferentes hechos violentos registrados en Carora en los días posteriores a los comicios.

La recia cacería comenzó el 29 de julio luego de que se presentara una situación irregular a las puertas del la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, cuya protesta por algunos factores de oposición se tornara violenta.

En medio de esta situación, sostuvo Javier Oropeza en entrevista para La Patilla que, emitió un comunicado a la población torrense, donde además hizo un llamado a la calma y la paz. En ese mismo comunicado, le manifestó al prefecto del municipio Torres, representante de la Gobernación de Lara por este municipio que por ser un ente municipal, no disponía de organismos de seguridad, así como tampoco, tenía competencias sobre los diferentes organismos existentes.

Detalla el mandatario local que aproximadamente a las 3.00 de la tarde del 30 de julio la situación frente al PSUV se comenzó a salir de control y que, a pesar de estar acordonada por funcionarios de la Guardia y Policía Nacional Bolivariana, esos terminaron retirándose en un punto determinado de la situación.

Resaltó también que en esta situación resultó herido un joven identificado como Walter Páez Lucena, quien falleció unos días después de haber sido ingresado al Hospital Central de Barquisimeto.

Lo señalan de omisión

Comenta el burgomaestre que la persecución hacia él, su equipo y colaboradores comenzó luego de que el Ministro de Información y Comunicación Freddy Ñañez, lo acusara directamente de omisión sobre el incendio a la sede del PSUV y la radio comunitaria Venceremos por lo que solicitaba a la Fiscalía de la República, investigar los hechos.

Desde entonces, inició el suplicio para Oropeza, su familia y su equipo, principalmente.

Cuenta Javier Oropeza que una vez realizados estos señalamientos, tuvo que resguardarse y en medio de ese resguardo, hubo un intento de secuestro hacia sus dos hijas (10 y 12 años), quienes al momento de trasladarse hacia la residencia de su abuelo materno en Barquisimeto, fueron perseguidas por funcionarios de seguridad, quienes al parecer, pretendían secuestrarlas.

En medio de esa situación detalla el alcalde que gracias a la rápida acción de los vecinos, estos lograron proteger a las niñas y las mantuvieron resguardadas por al menos ocho días, hasta que logaron encontrarse con su madre.

Allanamientos e incautación

El 6 de agosto, el Estado arrecia las medidas, comenzando con el allanamiento de su vivienda y empresa comunicacional, Diario El Caroreño, ambos ubicados en la Zona Colonial de Carora.

Sobre esto, detalla que los funcionarios ingresaron a las instalaciones, sin ningún tipo de orden, nada más que se trataba de “una orden presidencial” y hasta la fecha, tanto su vivienda como la sede del periódico, se encuentran incautadas y pudieron conocer que han sido desvalijadas.

Pero, los allanamientos no terminaron en El Caroreño y su vivienda, sino que se trasladaron hacia su finca que además es un centro de recría e investigación genética de la raza Senepol – Carora.

Es necesario mencionar que la finca es una propiedad familiar que ha pasado de generación en generación, lo que confunde a Oropeza quien ha manifestado que sus bienes no son provenientes de hechos de corrupción, razón por la cual no admite que el Estado tenga que meterse con lo que por tantos años han trabajado.

Serían funcionarios del Sebin y Conas los que mantienen tomadas e incautadas sus propiedades, entre ellos también, el edificio del Diario de Lara en la ciudad Barquisimeto, medio de comunicación vespertino, también propiedad de Oropeza el cual dejó de funcionar desde hace algunos años.

Menciona el mandatario torrense que hasta el momento no se le ha permitido ni a sus abogados ni a sus familiares, el acceso las propiedades incautadas por lo que no han podido conocer sobre el estatus de esos procedimientos.

Equipo de gobierno resguardado

Todo el gabinete de gobierno de Oropeza se encuentra resguardado, sus directores y dos concejales de la fracción opositora de la Cámara Municipal de Torres también están siendo señalados, así como otros dirigentes opositores de la ciudad, cuyas viviendas también han sido allanadas.

El pasado 8 de agosto, comentó el burgomaestre que fue detenido el director de gobierno abierto, Endrick Medina, al momento en que se encontraba saliendo del palacio municipal.

El PSUV nombra a alcaldesa encarga

En medio de la ausencia temporal, Javier Oropeza nombró a la licenciada Iraida Timaure como alcaldesa encargada del municipio, para poder darle curso al decreto, este debía ser publicado en la Gaceta Oficial, cuya oficina se rige por el Concejo Municipal el cual es de mayoría oficialista pero este no hizo la publicación del decreto por lo que el contencioso administrativo admitió el amparo a favor de ellos y en menos de los 15 días reglamentarios nombraron a una alcaldesa encargada.

“Aquí lo que hay es un alcalde ausente porque no me han permitido defenderme”, puntualizó.

Carora militarizada

Así como el alcalde, su familia, equipo y colaboradores cercanos han sido objeto de persecución y amedrentamiento, así mismo ha sido sometida la colectividad en general en Carora, quienes viven momentos de incertidumbre diaria con la presencia de cuerpos de seguridad del Estado en toda la ciudad.

Esto ha traído como consecuencia el resguardo de muchas personas.

Sin derecho a la defensa

Asegura Oropeza que esto es una acción completamente política, donde no se le ha permitido el derecho a la defensa, así como tampoco han podido conocer el estatus judicial.

Por esa razón ve con preocupación lo que está sucediendo en el país, donde la población en general está sumida en el miedo e incertidumbre razón por la cual sigue abogando a que haya un entendimiento y el país retome la paz y la tranquilidad.

“Hemos hecho un llamado al fiscal general de la república a que pongan los ojos sobre Carora”, mencionó, al tiempo en que solicita se haga una investigación seria de los hechos.

“Seguiré en el exilio hasta que me den garantías de regresar”, aseguró y agregó que estarán resguardados hasta que les garanticen el derecho a la defensa.

Finalmente, indicó que se mantiene con la frente en alto, trabajando y convencido de que no han obrado mal, por el contrario, cataloga estas acciones como un irrespeto a la voluntad del pueblo manifestada el 21 de noviembre del año 2021 cuando resultó electo como alcalde del municipio Torres.

“La esperanza sigue intacta y a pesar de las adversidades, nuestro ánimo de lucha continúa”.

Cortesía La Patilla / Foto: Mario Sosa