Nacional
Pacientes con diabetes en Venezuela buscan alternativas para no interrumpir tratamientos ante altos costos
Ailemar López es paciente con diabetes mellitus tipo 2. Ella ha vivido 15 años con esta patología, pero luego de perder su empleo en el Banco Mercantil se le ha hecho difícil costear su tratamiento durante el último año.
Ella debe tomar 5 pastillas diarias y tiene un gasto mensual de 150 dólares en medicamentos, sin contar la dieta y las consultas.
“Actualmente no lo estoy tomando porque no tengo los recursos para hacerlo. Estoy en las manos de Dios”, afirmó.
Ailemar contó que, aunque trabaja como vendedora en una papelería en Parque Carabobo, el sueldo no le alcanza para cubrir los gastos del hogar y el tratamiento. “Cuando perdí el empleo mi esposo me ayudaba, pero actualmente él está sin empleo y debo cubrirlo todo”.
Roald Gómez, presidente de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo (Svem), advirtió que los pacientes con diabetes en Venezuela se encuentran cada día más desatendidos por parte del Estado.
“Durante los últimos cinco años las personas diabéticas en el país se les ha complicado acceder a la atención que necesitan para controlar su condición y adquirir los medicamentos para evitar complicaciones a futuro”, aseguró el especialista.
Gómez detalló que los elevados costos de los tratamientos han obligado a que las personas acudan a estrategias para tratar de rendir los medicamentos por los menos un mes. “Hay pacientes que disminuyen la dosis de insulina, otros compran medicamentos más económicos que no tienen efectividad. Mientras otros toman cosas naturales o dejan de tomarlas”.
Los medicamentos para controlar la diabetes cuestan entre 8 y 60 dólares, depende si es insulina basal o insulina rápida, y además del laboratorio, verificó Cónica.Uno en un recorrido. También se le suma el costo de los equipos que va desde 20 a 35 dólares.
“A los elevados precios se le suma el impedimento para acceder de manera gratuita a las consultas porque en los hospitales las listas de espera son hasta de cuatro meses”, indicó.
Sin club de diabéticos
La Federación Internacional de Diabetes (IDF) arrojó que 537 millones de personas viven actualmente con diabetes, y 3 de cada 4 adultos con diabetes están en países de bajos recursos. En Venezuela, el Estudio Venezolano de Salud Cardiometabólica (Evescam) calculó en 2021 una prevalencia de diabetes de 12,4%.
El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) es el encargado y garante de la distribución de medicamentos para condiciones de salud crónica de las personas en el país. Sin embargo, Gómez aseguró que actualmente esto no se realiza.
Gómez afirmó que anteriormente en Venezuela existían clubes de pacientes diabéticos en los ambulatorios, en los que la gran mayoría de los pacientes diagnosticados recibían consultas psicológicas, entretenimiento y le daban medicamentos o insulina. Sin embargo, la migración de los especialistas provocó que los clubes desaparecieran.
Agregó que con la desaparición de los clubes se le dejó de entregar medicamentos y se abandonó el registro de pacientes con diabetes en el país.
“Si un paciente diabético no se toma el tratamiento tiene mayor riesgo de padecer de condiciones que van en sintonía con la enfermedad como infartos, problemas en los riñones y en la retina”, expresó.
Centro de Diabetes Nacional
Dalila Fuentes sufre de diabetes tipo 2 y desde hace tres meses forma parte del Centro de Diabetes Nacional, ubicado en el piso 1 del Hospital General Dr. José Ignacio Baldó —también conocido como Hospital El Algodonal—.
Eran las 10:30 am del martes 4 de junio. Dalila debía medirse el nivel de azúcar para poder ingresar a su tercera consulta del plan de diabetes. La doctora la recibió y le dijo “hoy sí te vamos a dar tus medicamentos”.
“Vine porque una vecina me dijo y espero que funcione bien. Es una ayuda porque los medicamentos para controlar esta enfermedad son muy costosos y con lo que le dan de pensión no alcanza ni para un medicamento”, dijo mientras guardaba su glucómetro.
Cónica.Uno verificó que el servicio funciona de lunes a jueves, pero los pacientes deben tener control en el hospital. “Las citas se entregan a las 8:30 am si el doctor considera que es diabético entra automáticamente en el programa”.
De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio de Salud, en el hospital El Algodonal se hacía entrega de insulina y medicamentos a personas que sufren de diabetes.
“Solo entregamos insulina porque es lo que hemos recibido. Estamos a la espera de medicamentos orales que supuestamente vamos a recibir. Aquí entregamos hasta lo que alcance y respetando las indicaciones médicas”, sostuvo la secretaría.
La dieta es importante
Gómez mencionó que la dieta es un aporte muy importante en el tratamiento de la diabetes. Una alimentación saludable ayuda a mantener un nivel adecuado de la glucosa en la sangre y ayuda a prevenir complicaciones.
“La diabetes tipo 2 se debe a el consumo de distintos alimentos y a los problemas de manejos en las concentraciones de la azúcar que el paciente diabético tiene. Y la ayuda nutricional es importante para manejar la enfermedad”, señaló.
Gómez indicó que actualmente los pacientes en Venezuela no llevan una dieta adecuada por el bajo poder adquisitivo debido a la crisis económica que se vive desde el 2017.
Agregó que las personas tienen una dieta compuesta principalmente por carbohidratos, harinas, que es a lo que tienen más acceso, por sus precios. Y va a influir también en el control metabólico del paciente.
“Los pacientes tienen que sopesar qué es lo más importante, comprar comida, un medicamento, o ir al médico y me hago los exámenes porque todo lo tienen que cubrir con el bajo poder adquisitivo”, sostuvo el especialista.
El Nacional
Un camino calamitoso le ha tocado atravesar a Javier Oropeza, alcalde opositor del municipio Torres del estado Lara, la segunda jurisdicción más importante del estado Lara.
Hoy en un exilio forzado, Oropeza luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, padeció en carne propia la persecución y amedrentamiento por parte del gobierno de Nicolás Maduro. A él y a su equipo de trabajo, entre otros supuestos delitos, los acusa de omisión y responsabilizan de los diferentes hechos violentos registrados en Carora en los días posteriores a los comicios.
La recia cacería comenzó el 29 de julio luego de que se presentara una situación irregular a las puertas del la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, cuya protesta por algunos factores de oposición se tornara violenta.
En medio de esta situación, sostuvo Javier Oropeza en entrevista para La Patilla que, emitió un comunicado a la población torrense, donde además hizo un llamado a la calma y la paz. En ese mismo comunicado, le manifestó al prefecto del municipio Torres, representante de la Gobernación de Lara por este municipio que por ser un ente municipal, no disponía de organismos de seguridad, así como tampoco, tenía competencias sobre los diferentes organismos existentes.
Detalla el mandatario local que aproximadamente a las 3.00 de la tarde del 30 de julio la situación frente al PSUV se comenzó a salir de control y que, a pesar de estar acordonada por funcionarios de la Guardia y Policía Nacional Bolivariana, esos terminaron retirándose en un punto determinado de la situación.
Resaltó también que en esta situación resultó herido un joven identificado como Walter Páez Lucena, quien falleció unos días después de haber sido ingresado al Hospital Central de Barquisimeto.
Lo señalan de omisión
Comenta el burgomaestre que la persecución hacia él, su equipo y colaboradores comenzó luego de que el Ministro de Información y Comunicación Freddy Ñañez, lo acusara directamente de omisión sobre el incendio a la sede del PSUV y la radio comunitaria Venceremos por lo que solicitaba a la Fiscalía de la República, investigar los hechos.
Desde entonces, inició el suplicio para Oropeza, su familia y su equipo, principalmente.
Cuenta Javier Oropeza que una vez realizados estos señalamientos, tuvo que resguardarse y en medio de ese resguardo, hubo un intento de secuestro hacia sus dos hijas (10 y 12 años), quienes al momento de trasladarse hacia la residencia de su abuelo materno en Barquisimeto, fueron perseguidas por funcionarios de seguridad, quienes al parecer, pretendían secuestrarlas.
En medio de esa situación detalla el alcalde que gracias a la rápida acción de los vecinos, estos lograron proteger a las niñas y las mantuvieron resguardadas por al menos ocho días, hasta que logaron encontrarse con su madre.
Allanamientos e incautación
El 6 de agosto, el Estado arrecia las medidas, comenzando con el allanamiento de su vivienda y empresa comunicacional, Diario El Caroreño, ambos ubicados en la Zona Colonial de Carora.
Sobre esto, detalla que los funcionarios ingresaron a las instalaciones, sin ningún tipo de orden, nada más que se trataba de “una orden presidencial” y hasta la fecha, tanto su vivienda como la sede del periódico, se encuentran incautadas y pudieron conocer que han sido desvalijadas.
Pero, los allanamientos no terminaron en El Caroreño y su vivienda, sino que se trasladaron hacia su finca que además es un centro de recría e investigación genética de la raza Senepol – Carora.
Es necesario mencionar que la finca es una propiedad familiar que ha pasado de generación en generación, lo que confunde a Oropeza quien ha manifestado que sus bienes no son provenientes de hechos de corrupción, razón por la cual no admite que el Estado tenga que meterse con lo que por tantos años han trabajado.
Serían funcionarios del Sebin y Conas los que mantienen tomadas e incautadas sus propiedades, entre ellos también, el edificio del Diario de Lara en la ciudad Barquisimeto, medio de comunicación vespertino, también propiedad de Oropeza el cual dejó de funcionar desde hace algunos años.
Menciona el mandatario torrense que hasta el momento no se le ha permitido ni a sus abogados ni a sus familiares, el acceso las propiedades incautadas por lo que no han podido conocer sobre el estatus de esos procedimientos.
Equipo de gobierno resguardado
Todo el gabinete de gobierno de Oropeza se encuentra resguardado, sus directores y dos concejales de la fracción opositora de la Cámara Municipal de Torres también están siendo señalados, así como otros dirigentes opositores de la ciudad, cuyas viviendas también han sido allanadas.
El pasado 8 de agosto, comentó el burgomaestre que fue detenido el director de gobierno abierto, Endrick Medina, al momento en que se encontraba saliendo del palacio municipal.
El PSUV nombra a alcaldesa encarga
En medio de la ausencia temporal, Javier Oropeza nombró a la licenciada Iraida Timaure como alcaldesa encargada del municipio, para poder darle curso al decreto, este debía ser publicado en la Gaceta Oficial, cuya oficina se rige por el Concejo Municipal el cual es de mayoría oficialista pero este no hizo la publicación del decreto por lo que el contencioso administrativo admitió el amparo a favor de ellos y en menos de los 15 días reglamentarios nombraron a una alcaldesa encargada.
“Aquí lo que hay es un alcalde ausente porque no me han permitido defenderme”, puntualizó.
Carora militarizada
Así como el alcalde, su familia, equipo y colaboradores cercanos han sido objeto de persecución y amedrentamiento, así mismo ha sido sometida la colectividad en general en Carora, quienes viven momentos de incertidumbre diaria con la presencia de cuerpos de seguridad del Estado en toda la ciudad.
Esto ha traído como consecuencia el resguardo de muchas personas.
Sin derecho a la defensa
Asegura Oropeza que esto es una acción completamente política, donde no se le ha permitido el derecho a la defensa, así como tampoco han podido conocer el estatus judicial.
Por esa razón ve con preocupación lo que está sucediendo en el país, donde la población en general está sumida en el miedo e incertidumbre razón por la cual sigue abogando a que haya un entendimiento y el país retome la paz y la tranquilidad.
“Hemos hecho un llamado al fiscal general de la república a que pongan los ojos sobre Carora”, mencionó, al tiempo en que solicita se haga una investigación seria de los hechos.
“Seguiré en el exilio hasta que me den garantías de regresar”, aseguró y agregó que estarán resguardados hasta que les garanticen el derecho a la defensa.
Finalmente, indicó que se mantiene con la frente en alto, trabajando y convencido de que no han obrado mal, por el contrario, cataloga estas acciones como un irrespeto a la voluntad del pueblo manifestada el 21 de noviembre del año 2021 cuando resultó electo como alcalde del municipio Torres.
“La esperanza sigue intacta y a pesar de las adversidades, nuestro ánimo de lucha continúa”.
Cortesía La Patilla / Foto: Mario Sosa
