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Venezolanos aspiran a un salario de 1.000 dólares

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En una entrevista realizada por el dirigente sindical Mauro Zambrano se muestra la cruda realidad del trabajador venezolanos, que tiene que sobrevivir con menos de 10 dólares mensuales.

Sin embargo, son esperanzados y aspiran que la situación mejore y en un futuro puedan llegar a devengar entre los 1.000 y 1.500 dólares. Soñar no cuesta nada, pero la realidad lo desdice.

Zambrano entrevistó a trabajadores del Ipasme, quienes señalan que deben realizar más de dos trabajos para poder “llevar algo para la casa”.

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Sobrevivir en precariedad

Mientras, el salario mínimo venezolano oficial apenas llega a los 130 bolívares, algo más de los tres dólares, deprimente, ayudado por la insuficiente economía de los bonos a través del Sistema Patria.

En este contexto se hace difícil hasta imaginar cómo puede un venezolano sobrevivir a esta situación, incluso cuando la inflación de los últimos meses ha descendido significativamente.

De acuerdo con instituciones dedicadas a estudiar la economía, una familia en Venezuela necesita unos 150 salarios mínimos para costear la Canasta Alimentaria Familiar, más de 500 unidades de divisa norteamericana.

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Aumento salarial posible

Es año electoral y ya se acerca el Día del Trabajador, fecha emblemática en la que otra se anunciaban aumentos salariales. En los últimos años se ha hablado de un nuevo término “ingreso mínimo integral” donde incorporan a los bonos otorgados, pero que como no es salario no incide en los pasivos laborales.

En este sentido, el economista y profesor universitario Luis Crespo recuertda que los venezolanos llevan más de 700 días con el mismo salario, lo que ha “estrechado el poder de compra” de los trabajadores, jubilados y pensionados de la nación.

Situación ya casi insostenible. por lo cual opina que en el país hay que «reconstruir» el salario.

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A 9 meses del golpe municipal contra el Alcalde Javier Oropeza

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Fue el 17 de agosto de 2024, cuando la confabulación de distintas instancias del estado venezolano gestaron un golpe de estado contra la primera autoridad civil del Municipio Torres del estado Lara, el Javier Oropeza. Esta autoridad municipal es señalada de autor intelectual de los sucesos postelectorales al 28 de julio, día del incuestionable triunfo de las fuerzas opositoras encabezadas por Edmundo González Urrutia, tras lo cual se desataron despiadadas e insólitas persecuciones contra el propio Alcalde Oropeza, su familia y parte de su tren ejecutivo.

 

Transcurrido 9 meses, Oropeza no ha sido destituido formalmente de sus responsabilidades. Sin embargo, en esa fecha, fue juramentada la presidente del Concejo Municipal de Torres Lasmit Verde como alcaldesa encargada, una disposición legal que solo ocurriría si es declarada la vacante absoluta del alcalde titular y por espacio de

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3 meses.

 

Oropeza antes de resguardarse en vista de los rumores de una eventual detención, en uso de sus atribuciones dejó como encargada a una de sus directoras, la licenciada Iraida Timaure, también objeto como él de persecuciones judiciales que los obligaron al exilio.

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Este golpe al poder municipal ha sido tan irregular e inconstitucional, que a la fecha se siguen incumpliendo con lo establecido en la ley. Oropeza no ha renunciado, es perseguido judicialmente acusado de terrorismo; asimismo, de acuerdo con las actuaciones realizadas por los órganos auxiliares de justicia, como es el caso del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, no se encontraron evidencias que lo incrimen; por el contrario, las pruebas determinan que los bochornosos sucesos violentos fueron productos de la provocación de dirigentes del oficialismo, y la muerte de uno de los manifestantes, como consecuencia de una bala disparada desde la sede del Psuv (partido político oficialista afecto al régimen).

 

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Víctima hoy día de un estado sin derecho, que detiene sin órdenes judiciales, los presenta a tribunales sin derecho a la defensa, tras lo cual permanecen encarcelados por tiempo indefinido y sin juicio, por esas razones abandona el país, mientras sus propiedades familiares eran objetos de confiscaciones.

 

En mayo se cumplen 10 meses de ese «arrebatón» que el régimen venezolano fraguó contra las fuerzas unitarias opositoras triunfantes en el proceso electoral del 28 de julio de 2024. Desató voraces persecuciones que arrojaron más de 2 mil detenidos, una vez quedaron desenmascarados ante el mundo del vulgar fraude cometido contra el poder soberano del pueblo.

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