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Prado: en 11 años el Ministerio penitenciario no ha resuelto el problema de las cárceles

El pasado domingo 2 de junio, la administración de Nicolás Maduro volvió a desalojar otro centro de reclusión para sumar ocho cárceles cerradas desde octubre de 2023.
En esta oportunidad, fue el Centro de Formación Hombre Nuevo Simón Bolívar, mejor conocido como la cárcel de La Planta.
De acuerdo con la ministra de asuntos penitenciarios, Celsa Bautista, en dicho espacio habilitarán la Unidad Técnica de Orientación y Supervisión N°1 del Distrito Capital, de la Dirección General de Regiones para los Egresados y con Beneficios del Sistema Penal.
En entrevista para el programa Punto y Seguimos, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, recordó que la capital del país ya sufrió el cierre de los retenes de Catia y La Planta, y el penal de El Junquito, cuando hay 10 cortes de apelaciones, 52 tribunales de control, 30 tribunales y 17 tribunales de apelación.
“Caracas se quedó sin cárceles”, cuestionó.
De acuerdo con Prado, es probable que ahora a los reclusos los trasladen a penales como Yare, El Rodeo o Las Crisálidas. “Todos los presos de Caracas van hacia otros estados. Se viola la Constitución porque nadie puede ser juzgado fuera de la jurisdicción donde se cometió el delito”, añadió.
El defensor de Derechos Humanos señaló que ahora éstos privados de libertad sufrirán mayor retraso procesal porque los presos en cárceles de otros estados no serán trasladados a los tribunales de Caracas para sus juicios.
Con mala alimentación y sin atención médica en las cárceles
Por otro lado, Prado denunció que a los reclusos les quitaron sus pertenencias y medicinas, dejándolos en una condición aún más vulnerable en la que se violentan sus derechos humanos.
“Los privados de libertad tenían aproximadamente tres meses sin consumir proteínas porque, desde que se registró una fuga en el penal, el nuevo director restringió el ingreso de este tipo de alimentos. Por ende, su ingesta diaria era a base de arroz y granos como frijoles o caraotas, lo que hizo que algunos reclusos perdieran mucho peso en muy poco tiempo”, había denunciado el OVP en una nota de prensa.
“De igual forma se conoció que los presos no tenían acceso a atención médica adecuada”, agregó.
Cuestionó que durante 25 años con esta nueva Constitución y 11 años con el Ministerio de Asuntos Penitenciarios no se ha resuelto el problema del retardo procesal, del hacinamiento, la corrupción, el tráfico de armas y drogas, salud ni alimentación.
Con información de Radio Fe y Alegría
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Solicita Licenciada Norelys Pinto: Profundizar investigación sobre delito de informática contra Insemat

A propósito de las recientes investigaciones del CICPC, según las cuales fue desmantela una banda dedicada al fraude informático contra varias alcaldías del Estado Lara, la presidenta INSEMAT, licenciada Norelys Pinto, solicita a ese mismo cuerpo de investigaciones y a la Fiscalía 22 del Ministerio Público, se adelanten los procedimientos que determine si entre las alcaldías vulneradas por esta banda se encuentra la encargada de la recaudación de impuestos municipales de Torres.
La licenciada Pinto recuerda que el caso del INSEMAT, calificado por el CICPC como delito informático, fue denunciado ante el CICPC y el Ministerio Público el 27 de mayo de este año, a donde acudió acompañada de la administradora y la consultora jurídica.
Pormenorizó en esa denuncia, que el lunes 27 temprano en la mañana se percataron que las cuentas de INSEMAT en el Banco Bicentenario y Bancrecer estaban vacías. Interpuesta la denuncia, las primeras actuaciones del CICPC determinaron que las sustracciones ocurrieron desde el viernes 24, a partir de las 7:00 de la noche, así como durante el sábado 25 y domingo 26. “El INSEMAT tiene como política no abrir ninguna de las cuentas de la institución los fines de semana y días feriados, razón por la cual asegura que las cuentas fueron vulneradas”, asegura.
Al hacer una cronología de los hechos, explica que el caso fue elevado a la Fiscalía Superior de donde fue remitido a la VIII. “Luego de 20 días sin saber nada acudimos al CICPC donde conocimos, que los recursos fueron centrifugados en varias cuentas dentro de la misa entidad, y que se habían solicitado a la Fiscalía VIII 22 órdenes de aprehensión pero ninguna fue procesada. En la actualidad el caso está en manos de la Fiscalía 22 con sede en Barquisimeto”.
Prosigue: “Según el CICPC la delincuencia escoge bancos del gobierno porque son más vulnerables. El Bicentenario no advirtió a los responsables de esas cuentas institucionales sobres las sustracciones ocurridas un fin de semana y en horas de madrugada, son horarios y días nada usual o común que han debido prender las alarmas y emitir mensajes telefónicos de alerta como generalmente hacen otras entidades financieras”.
La presidenta de INSEMAT considera que los señalamientos de Raúl Armao sobre este caso sin ser perspicaz infiere, que obedece a un plan orquestado para desprestigiar la gestión del alcalde Javier Oropeza. “Dice que no denunciamos y si lo hicimos, al mismo tiempo la gerente del Banco Bicentenario afirma que se generaron las claves que permitieron las transferencias de dinero. Acudimos al CICPC donde entregamos los teléfonos móviles registrados en el banco, y la investigación dio como resultado que las claves no fueron emitidas”.
Sobre el reciente delito de informáticas cometido contra la Alcaldía de Quíbor, “coincide con el modus operandi del de Carora, porque al igual que en Quíbor, días después varios correos de INSEMAT tipo spam llegaron a varias instituciones y contribuyentes, que demuestra similitudes y el jaqueo”.
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