Regional
Yenny Barrios, presa política de Lara, inicia tratamiento de quimioterapia tras las rejas
Tras varias solicitudes realizadas por parte de sus familiares, finalmente, Yenny Barrios, paciente oncológica detenida en el contexto postelectoral en el estado Lara, pudo recibir su primera quimioterapia, sin recibir una medida cautelar por parte de los tribunales correspondientes.
Yenny Barrios, detenida el pasado mes de septiembre en la ciudad de Carora, permanece detenida en la comisaría de la Policía Nacional Bolivariana de Pata e’ Palo en la ciudad de Barquisimeto. Padece Linfoma no Hodgking y es acusada de terrorismo.
A través de las redes sociales, el único hijo de Barrios, Diego Sierralta, hizo las diferentes solicitudes para que su madre recibiera atención forense y de esa forma iniciar con el tratamiento de quimioterapia.
Finalmente, Sierralta logró que su madre fuera evaluada, y tras realizar todas las gestiones ante el Seguro Social, este lunes y martes recibió el primer ciclo de nueve quimioterapias que conforman el tratamiento, el cual debe realizarse cada 21 días.
Es necesario mencionar que, además de gestionar el traslado de Yenny Barrios desde la comandancia de Pata e’ Palo hasta el centro de salud, Diego Sierralta ha tenido que gestionar la adquisición de los medicamentos, entre otros, dos medicinas que no las tiene el Seguro Social.
Comentó Diego que su madre requiere 600 miligramos de Rituximab, el cual tiene un costo de 1.000 dólares la ampolla, y Cardioxane, que debe conseguir para que su madre pueda continuar el tratamiento.
Diego Sierralta manifiesta también su preocupación ante la negativa de los tribunales de otorgarle una medida cautelar y otorgar la libertad plena a su madre y que esta pueda recibir atención fuera de las rejas.
Menciona que ella recibe el tratamiento, pero que una celda o un centro de detención no es el mejor lugar para que una paciente oncológica pase la convalecencia y los efectos propios que deja el tratamiento oncológico, los cuales ameritan ser monitoreados por personal de salud.
Ante eso, detalla que continúa alzando su voz para que los tribunales accionen a favor de su madre y de esa forma ella pueda alcanzar la recuperación total en libertad.
Cortesía La Patilla
Han pasado 6 meses exactos de la arremetida arbitraria y cobarde por parte del régimen contra nuestra sede ubicada en la Zona Colonial de Carora. Allanada sin que mediara una orden judicial, actualmente alberga una cantidad ilimitada de esbirros que se están aprovechando de lo ajeno.
¿La razón? De acuerdo con los invasores, la ocupación se produce por una presunta orden emanada desde la presidencia, sin que llegaran a mostrar un documento y orden que lo certificara. Vino acompañada esa agresión a nuestras instalaciones con abusivos amedrentamientos contra el personal de mantenimiento del edificio, y bloqueo del paso de la calle San Juan, entre Bolívar y Torres, que alteró la paz de los vecinos.
El ensañamiento y la presión para obtener información sobre el paradero del director Mario Sosa y del editor-presidente, y a su vez alcalde Javier Oropeza, desató una ola de comentarios que despertaron mucha incertidumbre.
Rápidamente la información sobre el allanamiento circuló por todo el país. La toma arbitraria de una institución dedicada a informar desde hace 24 años no pasó inadvertida, motivando preocupaciones y condenas. Se confirmó con ello lo que a voces el mundo conoce: que Venezuela vive una dictadura, está vez sin careta.
La acción de estos lacayos resentidos de una revolución moribunda, estuvo dirigida por Julio Chávez y Elvis Méndez. Sobran testimonios de las veladas intenciones de Julio Chávez de querer desmoronar el patrimonio familiar de Javier Oropeza.
No conformes con atacar el diario de los torrenses, también arremetieron en simultáneo contra nuestra sede hermana en Barquisimeto, «El Diario de Lara», otro de los bienes pertenecientes a Oropeza.
El hostigamiento contra Mario Sosa como director por la cobertura de los actos convocados por la oposición venezolana luego del 28 de julio, lo llevó a abandonar el país. Además, lograron desarticular al equipo humano que laboraba a diario con Sosa; a la par, incautaron bienes del medio de comunicación de manera desmedida, causando pérdidas incalculables y dejando sin empleo a los trabajadores.
Hoy, a pesar de las acciones radicales y cobardes de la dictadura, EL CAROREÑO continúa siendo la voz de los torrenses con las limitaciones que las circunstancias han impuesto. Seguimos manteniendo el canal informativo a través de las redes sociales, pese a las adversidades.
Los torrenses hoy, quedaron a merced de cuestionados comunicadores rendidos por unas lochas. Le pusieron precio a la dignidad y los convirtieron en cómplices del régimen. Ahora, lo que reina en Carora, es un libertinaje en las distintas plataformas digitales.
A seis meses de ser despojados de su sede, EL CAROREÑO sigue siendo una institución. No se trata de Mario Sosa o Javier Oropeza los vulnerados, es todo un municipio al que le han confiscados su derecho a estar informado.
Como buenos hijos de esta tierra repleta de historia periodística, seguiremos luchando por el derecho inalienable de seguir informando con la verdad por delante y sin ocultar nada.
Seguro estamos que este paréntesis ajeno a nuestra voluntad será breve, y prontamente regresaremos a la casa de siempre.
Agradecemos a los medios que se han solidarizado con nuestra situación, y que acompañamos en la causa de quienes enarbolamos la libertad de expresión y el derecho constitucional a estar informados.
Mario Sosa, desde el exilio.
