Política
Min-Ecosocialismo transfiere a Inecolara 3 compactadoras adscritas a Imauto
Una comisión del Instituto de Ecosocialismo del estado Lara, INECOLARA, encabezada por su presidente el Ing. Robert Torres, hizo acto de presencia en las instalaciones del Vertedero de Carora, con el fin de tomar posesión de tres camiones compactadores de basuras inoperativos, que permanecían estacionados en dichos terrenos.
De acuerdo con las informaciones proporcionadas por el Ing. Torres, fue por instrucciones del Ministerio de Ecosocialismo, cuyo titular es el Dr. Josué Alejandro Lorca, que se transfieren los tres vehículos marca Internacional, color blanco, a la gobernación de Lara, con el fin de desincorporarlos por encontrarse inoperativos de muy vieja data, incluso desde mucho antes a la actual gestión municipal.
Las tres unidades, dado su estado inoperativo, fueron transportadas a Barquisimeto en grúas de la empresa Recilara. La operación se efectuó en presencia del Ing. Robert Torres, INECOLARA; Lcdo. José Gregorio Nieto, IMAUTO; TSU María Herrera, de IMAUTO; Lcdo. Luis Campos, del Departamento de Bienes de la Alcaldía de Torres; y la TSU Mary Rodríguez, jefe del Área N° 2 Sabana Carora del Ministerio de Ecosocialismo. Por lo pronto se esperan oficios suscritos por el Ministerio de Ecosocialismo y la Gobernación de Lara que confirmen el traspaso de estos bienes.
Sobre el traslado de las unidades se dejó constancia mediante acta, que solo fue suscrita por los representantes de IMAUTO y la representante de MIN-ECOSOCIALISMO Carora, TSU Mary Rodríguez.
Cabe señalar que, según la Ley Especial de la Basura, la disposición final de los desechos sólidos pasa a mano de las gobernaciones. Por tanto se espera que el Ejecutivo Regional tome la administración del Vertedero de Carora en los próximos días.
Cortesía
Fue el 17 de agosto de 2024, cuando la confabulación de distintas instancias del estado venezolano gestaron un golpe de estado contra la primera autoridad civil del Municipio Torres del estado Lara, el Javier Oropeza. Esta autoridad municipal es señalada de autor intelectual de los sucesos postelectorales al 28 de julio, día del incuestionable triunfo de las fuerzas opositoras encabezadas por Edmundo González Urrutia, tras lo cual se desataron despiadadas e insólitas persecuciones contra el propio Alcalde Oropeza, su familia y parte de su tren ejecutivo.
Transcurrido 9 meses, Oropeza no ha sido destituido formalmente de sus responsabilidades. Sin embargo, en esa fecha, fue juramentada la presidente del Concejo Municipal de Torres Lasmit Verde como alcaldesa encargada, una disposición legal que solo ocurriría si es declarada la vacante absoluta del alcalde titular y por espacio de
3 meses.
Oropeza antes de resguardarse en vista de los rumores de una eventual detención, en uso de sus atribuciones dejó como encargada a una de sus directoras, la licenciada Iraida Timaure, también objeto como él de persecuciones judiciales que los obligaron al exilio.
Este golpe al poder municipal ha sido tan irregular e inconstitucional, que a la fecha se siguen incumpliendo con lo establecido en la ley. Oropeza no ha renunciado, es perseguido judicialmente acusado de terrorismo; asimismo, de acuerdo con las actuaciones realizadas por los órganos auxiliares de justicia, como es el caso del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, no se encontraron evidencias que lo incrimen; por el contrario, las pruebas determinan que los bochornosos sucesos violentos fueron productos de la provocación de dirigentes del oficialismo, y la muerte de uno de los manifestantes, como consecuencia de una bala disparada desde la sede del Psuv (partido político oficialista afecto al régimen).
Víctima hoy día de un estado sin derecho, que detiene sin órdenes judiciales, los presenta a tribunales sin derecho a la defensa, tras lo cual permanecen encarcelados por tiempo indefinido y sin juicio, por esas razones abandona el país, mientras sus propiedades familiares eran objetos de confiscaciones.
En mayo se cumplen 10 meses de ese «arrebatón» que el régimen venezolano fraguó contra las fuerzas unitarias opositoras triunfantes en el proceso electoral del 28 de julio de 2024. Desató voraces persecuciones que arrojaron más de 2 mil detenidos, una vez quedaron desenmascarados ante el mundo del vulgar fraude cometido contra el poder soberano del pueblo.
