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Venezuela y la oposición llegan a un acuerdo sobre nuevas condiciones electorales
El gobierno de Venezuela y la oposición llegaron a un acuerdo sobre nuevas condiciones electorales que, una vez firmadas el martes, permitirán aliviar algunas de las sanciones energéticas de Estados Unidos contra la administración del presidente Nicolás Maduro, de acuerdo con una persona familiarizada con el plan.
El gobierno de Venezuela acordó abrir el proceso electoral en el país sudamericano, lo cual incluye permitir observadores de la Unión Europea y que se avance en un plan para levantar las prohibiciones que han impedido a sus principales oponentes postularse para la presidencia, en un intento de nivelar lo que varios consideran como un terreno del juego desequilibrado, dijo el lunes la persona.
Si Maduro no cumple su parte del trato, las sanciones se impondrán nuevamente, según la persona, quien pidió no ser identificada como condición para discutir el acuerdo antes de su firma.
Representantes del gobierno de Maduro y de un sector de la oposición tienen previsto reanudar el martes el diálogo —bajo la mediación de Noruega— en Barbados, informó la embajada noruega en México.
La representación diplomática señaló en un comunicado divulgado en su cuenta de X que el gobierno y representantes de la Plataforma Unitaria Democrática “han decidido retomar el proceso de diálogo y negociación, facilitado por Noruega, con el objetivo de llegar a un acuerdo político”.
Maduro confirmó el lunes que su gobierno y una parte de la oposición estaban en el umbral de una nueva ronda de acercamientos para iniciar los diálogos suspendidos.
“Puedo decir que esos acuerdos serán muy beneficiosos para la paz, aunque la paz hay que cuidarla; serán muy beneficiosos para las venideras elecciones, muy beneficioso porque sencillamente activamos y reactivamos las garantías electorales” que las leyes venezolanas ofrecen, dijo.
México fue sede de múltiples rondas de conversaciones en 2021 y 2022.
Cuando las partes se reunieron por última vez, en noviembre de 2022, acordaron crear un fondo administrado por la ONU para financiar programas de salud, alimentación y educación para los pobres, mientras que el gobierno de Estados Unidos acordó permitir al gigante petrolero Chevron operar en territorio venezolano.
Colombia y otros países han intentado en los últimos meses que reanuden las negociaciones entre las partes, pero Maduro ha exigido que Estados Unidos retire las sanciones económicas y descongele los fondos venezolanos retenidos en el extranjero como condición para retomar las conversaciones.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, recibió con agrado el anuncio de negociaciones en Barbados y señaló en un comunicado que el gobierno de Estados Unidos “continuaría sus esfuerzos para unir a la comunidad internacional en apoyo del proceso de negociación liderado por Venezuela”.
El lunes más temprano, un funcionario estadounidense que solicitó el anonimato para discutir las negociaciones, dijo que no había ningún “acuerdo” entre el gobierno de Estados Unidos y Venezuela.
El funcionario dijo que la administración Biden apoyaba las negociaciones lideradas por Venezuela y estaba preparada para aliviar las sanciones en respuesta a acciones concretas rumbo a la realización de elecciones competitivas.
La crisis política, social y económica en Venezuela ha evolucionado en la última década y desde la caída global en el precio del petróleo, el recurso más valioso de Venezuela, a lo cual se sumó la mala gestión por parte de la administración venezolana y la represión gubernamental de opositores.
Un breve período de relativa estabilidad económica se vio sacudido recientemente por el aumento de los precios de los alimentos, el cierre de empresas y otra ola de emigración.
Algunos miembros de la oposición venezolana celebraron el anuncio de Noruega.
Luis Florido, un exlegislador opositor exiliado, dijo en X que sólo a través de negociaciones los venezolanos podrían restaurar la democracia a través de las urnas.
“No se obtendrá todo lo que se aspira, pero se avanzará”, señaló.
La presencia de observadores electorales, sin embargo, no ha servido para evitar que el gobierno aplique viejas tácticas. La Unión Europea envió a decenas de observadores a Venezuela para las elecciones regionales de 2021, que muchos recuerdan por la decisión del gobierno de descalificar a un candidato a gobernador de la oposición cuando los resultados mostraron que estaba por delante de uno de los hermanos de Chávez.
Los representantes de la Plataforma Unitaria Democrática han dicho anteriormente que nunca se levantaron de la mesa de negociación.
La Plataforma Unitaria ha exigido que se cumpla el memorando de entendimiento, que contempla la celebración de elecciones libres, que no haya presos ni perseguidos políticos, que cesen las violaciones a los derechos humanos y que se generen condiciones para recuperar la economía.
La Plataforma también exige al gobierno levantar las inhabilitaciones, entre ellas, la de la exlegisladora María Corina Machado, quien es la favorita a ganar las primarias del próximo domingo en las que se elegirá un candidato unitario opositor que enfrente a Maduro en los comicios presidenciales previstos para el 2024.
En Venezuela, la inhabilitación política es una pena accesoria que aplica cuando existe una sentencia judicial firme por un hecho punible cometido por una persona y se determina que, además, incurrió en abuso de poder, del cargo, entre otros casos previstos en las leyes locales.
Nunca hubo una sentencia firme de algún tribunal venezolano que avalase la inhabilitación.
Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del gobierno de Maduro y presidente de la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, también ha expresado que considera un punto de honor que se cumpla con el hasta ahora único avance importante de esos diálogos en la capital mexicana: un acuerdo que contempla la creación de un fondo, que sería administrado por las Naciones Unidas, para atender la compleja crisis social del país sudamericano.
El fondo, que se nutrirá de más de 3.000 millones de dólares de activos del Estado venezolano congelados en el exterior, hasta ahora no ha sido activado.
El anuncio sobre la reactivación de los diálogos en Venezuela se da a pocos días de las elecciones primarias previstas para el 22 de octubre en las que los sectores opositores elegirán a un candidato único que se enfrentará a Maduro en los comicios presidenciales de 2024.
AP
Un camino calamitoso le ha tocado atravesar a Javier Oropeza, alcalde opositor del municipio Torres del estado Lara, la segunda jurisdicción más importante del estado Lara.
Hoy en un exilio forzado, Oropeza luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, padeció en carne propia la persecución y amedrentamiento por parte del gobierno de Nicolás Maduro. A él y a su equipo de trabajo, entre otros supuestos delitos, los acusa de omisión y responsabilizan de los diferentes hechos violentos registrados en Carora en los días posteriores a los comicios.
La recia cacería comenzó el 29 de julio luego de que se presentara una situación irregular a las puertas del la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, cuya protesta por algunos factores de oposición se tornara violenta.
En medio de esta situación, sostuvo Javier Oropeza en entrevista para La Patilla que, emitió un comunicado a la población torrense, donde además hizo un llamado a la calma y la paz. En ese mismo comunicado, le manifestó al prefecto del municipio Torres, representante de la Gobernación de Lara por este municipio que por ser un ente municipal, no disponía de organismos de seguridad, así como tampoco, tenía competencias sobre los diferentes organismos existentes.
Detalla el mandatario local que aproximadamente a las 3.00 de la tarde del 30 de julio la situación frente al PSUV se comenzó a salir de control y que, a pesar de estar acordonada por funcionarios de la Guardia y Policía Nacional Bolivariana, esos terminaron retirándose en un punto determinado de la situación.
Resaltó también que en esta situación resultó herido un joven identificado como Walter Páez Lucena, quien falleció unos días después de haber sido ingresado al Hospital Central de Barquisimeto.
Lo señalan de omisión
Comenta el burgomaestre que la persecución hacia él, su equipo y colaboradores comenzó luego de que el Ministro de Información y Comunicación Freddy Ñañez, lo acusara directamente de omisión sobre el incendio a la sede del PSUV y la radio comunitaria Venceremos por lo que solicitaba a la Fiscalía de la República, investigar los hechos.
Desde entonces, inició el suplicio para Oropeza, su familia y su equipo, principalmente.
Cuenta Javier Oropeza que una vez realizados estos señalamientos, tuvo que resguardarse y en medio de ese resguardo, hubo un intento de secuestro hacia sus dos hijas (10 y 12 años), quienes al momento de trasladarse hacia la residencia de su abuelo materno en Barquisimeto, fueron perseguidas por funcionarios de seguridad, quienes al parecer, pretendían secuestrarlas.
En medio de esa situación detalla el alcalde que gracias a la rápida acción de los vecinos, estos lograron proteger a las niñas y las mantuvieron resguardadas por al menos ocho días, hasta que logaron encontrarse con su madre.
Allanamientos e incautación
El 6 de agosto, el Estado arrecia las medidas, comenzando con el allanamiento de su vivienda y empresa comunicacional, Diario El Caroreño, ambos ubicados en la Zona Colonial de Carora.
Sobre esto, detalla que los funcionarios ingresaron a las instalaciones, sin ningún tipo de orden, nada más que se trataba de “una orden presidencial” y hasta la fecha, tanto su vivienda como la sede del periódico, se encuentran incautadas y pudieron conocer que han sido desvalijadas.
Pero, los allanamientos no terminaron en El Caroreño y su vivienda, sino que se trasladaron hacia su finca que además es un centro de recría e investigación genética de la raza Senepol – Carora.
Es necesario mencionar que la finca es una propiedad familiar que ha pasado de generación en generación, lo que confunde a Oropeza quien ha manifestado que sus bienes no son provenientes de hechos de corrupción, razón por la cual no admite que el Estado tenga que meterse con lo que por tantos años han trabajado.
Serían funcionarios del Sebin y Conas los que mantienen tomadas e incautadas sus propiedades, entre ellos también, el edificio del Diario de Lara en la ciudad Barquisimeto, medio de comunicación vespertino, también propiedad de Oropeza el cual dejó de funcionar desde hace algunos años.
Menciona el mandatario torrense que hasta el momento no se le ha permitido ni a sus abogados ni a sus familiares, el acceso las propiedades incautadas por lo que no han podido conocer sobre el estatus de esos procedimientos.
Equipo de gobierno resguardado
Todo el gabinete de gobierno de Oropeza se encuentra resguardado, sus directores y dos concejales de la fracción opositora de la Cámara Municipal de Torres también están siendo señalados, así como otros dirigentes opositores de la ciudad, cuyas viviendas también han sido allanadas.
El pasado 8 de agosto, comentó el burgomaestre que fue detenido el director de gobierno abierto, Endrick Medina, al momento en que se encontraba saliendo del palacio municipal.
El PSUV nombra a alcaldesa encarga
En medio de la ausencia temporal, Javier Oropeza nombró a la licenciada Iraida Timaure como alcaldesa encargada del municipio, para poder darle curso al decreto, este debía ser publicado en la Gaceta Oficial, cuya oficina se rige por el Concejo Municipal el cual es de mayoría oficialista pero este no hizo la publicación del decreto por lo que el contencioso administrativo admitió el amparo a favor de ellos y en menos de los 15 días reglamentarios nombraron a una alcaldesa encargada.
“Aquí lo que hay es un alcalde ausente porque no me han permitido defenderme”, puntualizó.
Carora militarizada
Así como el alcalde, su familia, equipo y colaboradores cercanos han sido objeto de persecución y amedrentamiento, así mismo ha sido sometida la colectividad en general en Carora, quienes viven momentos de incertidumbre diaria con la presencia de cuerpos de seguridad del Estado en toda la ciudad.
Esto ha traído como consecuencia el resguardo de muchas personas.
Sin derecho a la defensa
Asegura Oropeza que esto es una acción completamente política, donde no se le ha permitido el derecho a la defensa, así como tampoco han podido conocer el estatus judicial.
Por esa razón ve con preocupación lo que está sucediendo en el país, donde la población en general está sumida en el miedo e incertidumbre razón por la cual sigue abogando a que haya un entendimiento y el país retome la paz y la tranquilidad.
“Hemos hecho un llamado al fiscal general de la república a que pongan los ojos sobre Carora”, mencionó, al tiempo en que solicita se haga una investigación seria de los hechos.
“Seguiré en el exilio hasta que me den garantías de regresar”, aseguró y agregó que estarán resguardados hasta que les garanticen el derecho a la defensa.
Finalmente, indicó que se mantiene con la frente en alto, trabajando y convencido de que no han obrado mal, por el contrario, cataloga estas acciones como un irrespeto a la voluntad del pueblo manifestada el 21 de noviembre del año 2021 cuando resultó electo como alcalde del municipio Torres.
“La esperanza sigue intacta y a pesar de las adversidades, nuestro ánimo de lucha continúa”.
Cortesía La Patilla / Foto: Mario Sosa
