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Falleció otra adolescente de 16 años de edad en el J. M. de los Ríos a la espera de un trasplante

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Una adolescente de 16 años de edad, paciente del servicio de nefrología del hospital J. M. de los Ríos, falleció el martes a la espera de un a la espera de un trasplante de riñón. Así lo informó la ONG Prepara Familia.

«Desde todo el equipo de Prepara Familia expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia de María Victoria Figueredo, un abrazo solidario para sus padres, para su hermana y toda su familia», indicó la organización en la red social X (anteriormente Twitter).

A principios de agosto, Prepara Familia indicó que al menos 79 niños, niñas y adolescentes del servicio de Nefrología del Hospital J. M. de los Ríos habían fallecido en los últimos 6 años a la espera de un trasplante de órgano.

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El J. M. de los Ríos, que solía ser conocido por realizar trasplantes, hoy día carece de insumos básicos como guantes, yelcos, tapabocas y reactivos para exámenes de laboratorio, lo que afecta tanto al personal de salud como a los pacientes y sus familias.

En 2014, la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene), adscrita al Ministerio de Salud, empezó a presentar fallas para garantizar los inmunosupresores a los pacientes trasplantados.

Esto llevó a que en junio de 2017 el Sistema de Procura de Órganos y Tejidos anunciara la suspensión de trasplantes de cadáver a vivo. Aunque la medida presuntamente era provisional, han pasado más de seis años sin que el Estado de respuesta a la situación.

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La falta de inversión en materia de salud por parte del Estado y la crisis económica han llevado al J. M. de los Ríos a carecer de servicios esenciales, como Terapia Intensiva, Cardiología y Neurología. Además, presenta problemas en el servicio de Imagenología y laboratorio.

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El Nacional

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Nuestra sede usurpada

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Han pasado 6 meses exactos de la arremetida arbitraria y cobarde por parte del régimen contra nuestra sede ubicada en la Zona Colonial de Carora. Allanada sin que mediara una orden judicial, actualmente alberga una cantidad ilimitada de esbirros que se están aprovechando de lo ajeno.

¿La razón? De acuerdo con los invasores, la ocupación se produce por una presunta orden emanada desde la presidencia, sin que llegaran a mostrar un documento y orden que lo certificara. Vino acompañada esa agresión a nuestras instalaciones con abusivos amedrentamientos contra el personal de mantenimiento del edificio, y bloqueo del paso de la calle San Juan, entre Bolívar y Torres, que alteró la paz de los vecinos.

El ensañamiento y la presión para obtener información sobre el paradero del director Mario Sosa y del editor-presidente, y a su vez alcalde Javier Oropeza, desató una ola de comentarios que despertaron mucha incertidumbre.

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Rápidamente la información sobre el allanamiento circuló por todo el país. La toma arbitraria de una institución dedicada a informar desde hace 24 años no pasó inadvertida, motivando preocupaciones y condenas. Se confirmó con ello lo que a voces el mundo conoce: que Venezuela vive una dictadura, está vez sin careta.

La acción de estos lacayos resentidos de una revolución moribunda, estuvo dirigida por Julio Chávez y Elvis Méndez. Sobran testimonios de las veladas intenciones de Julio Chávez de querer desmoronar el patrimonio familiar de Javier Oropeza.

No conformes con atacar el diario de los torrenses, también arremetieron en simultáneo contra nuestra sede hermana en Barquisimeto, «El Diario de Lara», otro de los bienes pertenecientes a Oropeza.

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El hostigamiento contra Mario Sosa como director por la cobertura de los actos convocados por la oposición venezolana luego del 28 de julio, lo llevó a abandonar el país. Además, lograron desarticular al equipo humano que laboraba a diario con Sosa; a la par, incautaron bienes del medio de comunicación de manera desmedida, causando pérdidas incalculables y dejando sin empleo a los trabajadores.

Hoy, a pesar de las acciones radicales y cobardes de la dictadura, EL CAROREÑO continúa siendo la voz de los torrenses con las limitaciones que las circunstancias han impuesto. Seguimos manteniendo el canal informativo a través de las redes sociales, pese a las adversidades.

Los torrenses hoy, quedaron a merced de cuestionados comunicadores rendidos por unas lochas. Le pusieron precio a la dignidad y los convirtieron en cómplices del régimen. Ahora, lo que reina en Carora, es un libertinaje en las distintas plataformas digitales.

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A seis meses de ser despojados de su sede, EL CAROREÑO sigue siendo una institución. No se trata de Mario Sosa o Javier Oropeza los vulnerados, es todo un municipio al que le han confiscados su derecho a estar informado.

Como buenos hijos de esta tierra repleta de historia periodística, seguiremos luchando por el derecho inalienable de seguir informando con la verdad por delante y sin ocultar nada.

Seguro estamos que este paréntesis ajeno a nuestra voluntad será breve, y prontamente regresaremos a la casa de siempre.

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Agradecemos a los medios que se han solidarizado con nuestra situación, y que acompañamos en la causa de quienes enarbolamos la libertad de expresión y el derecho constitucional a estar informados.

 

Mario Sosa, desde el exilio. 

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