Nacional
Convite alertó sobre las condiciones precarias que llevan a los adultos mayores a trabajar en Venezuela
La directora de proyectos de la asociación civil Convite, Francelia Ruiz, alertó que los adultos mayores en Venezuela se enfrentan a condiciones precarias al reinsertarse en el mercado laboral para poder costear sus alimentos y medicamentos.
Según Ruiz, los puestos de trabajo a los que acceden son principalmente en limpieza, planchado, cuidado de menores y transporte.
“Los adultos mayores constituyen uno de los grupos poblacionales más vulnerables; muchos en situación de soledad, envejeciendo en unas condiciones de precariedad”, señaló la directora de proyectos de Convite en entrevista para Unión Radio.
Resaltó la necesidad de que el Estado garantice políticas públicas a favor de los ancianos, como atención médica, aumento de pensiones y entrega de medicinas que son tres de los factores inexistentes que los llevan a reinsertarse en el mercado laboral.
Ruiz consideró que es necesario que se implementen medidas urgentes para garantizar el bienestar y la protección de los adultos mayores en Venezuela, quienes padecen de condiciones precarias de alimentación, salud y calidad de vida.
El Estado debe asegurar la atención médica adecuada, el aumento de las pensiones y la entrega de medicamentos, así como promover un mercado laboral inclusivo que permita su inserción y contribución a la sociedad.
“El encarecimiento de los productos básicos ha supuesto que los adultos dependan de donativos”, agregó.
Con estas medidas, es posible a su juicio, que se les garantice una vejez digna a esta población vulnerable.
Falta de seguridad social
En el mes de julio, el director de Convite, Luis Francisco Cabezas, ya había señalado que los adultos mayores se ven obligados a generar ingresos debido a la inexistencia de seguridad social en el país.
Cabezas detalló que en la mayoría de los casos este retorno al trabajo es una medida desesperada y ocurre en situaciones de informalidad, lo que provoca que algunos sean víctimas de explotación laboral.
Cabezas ve una especie de “esclavitud moderna” hacia estos adultos mayores, quienes no cuentan con contratos formales y son sometidos a modalidades de “pago” nada convencionales.
“La gente tiene derecho a trabajar por un pago, trabajar por comida es una forma de esclavitud”, indicó Cabezas en entrevista para Fedecámaras Radio el 7 de agosto.
Según el director de Convite, aproximadamente 3,8 millones de personas adultas mayores en Venezuela se encuentran en riesgo. Asegura que el país no está preparado para el envejecimiento de la población y que la falta de programas de atención ha dejado a esta generación en una situación de vulnerabilidad.
Agregó que esta situación se agrava para aquellos adultos mayores que viven solos a causa de la diáspora. Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), hay aproximadamente 7,3 millones de venezolanos que emigraron del país.
Principales problemas de los adultos mayores
En su informe anual, la organización no gubernamental (ONG) Provea destacó que uno de los principales problemas que enfrentan los adultos mayores en Venezuela es la falta de distribución transparente de recursos económicos y la ausencia de políticas públicas de protección social basadas en los derechos humanos.
Señalaron que la mayoría de los adultos mayores lucha por sobrevivir con ingresos mensuales que oscilan entre 10 y 50 dólares, una cantidad insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, mientras la Canasta Básica seǵun Cendas alcanzó casi los $500 mensuales en noviembre y las pensiones apenas llegan a los 5 dólares.
La malnutrición también la señalan como un desafío significativo para este grupo etario en Venezuela. Un estudio realizado en comunidades indígenas reveló que aproximadamente un tercio de los adultos mayores se encuentra malnutrido o en riesgo de desnutrición, lo que afecta negativamente su calidad de vida y bienestar.
El acceso limitado a atención médica es otro problema al que se enfrentan los adultos mayores en el país de acuerdo con Provea. Indicaron que debido a la crisis del Sistema Público Nacional de Salud, muchos tienen dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos esenciales para sus condiciones de salud.
La falta de políticas de protección social efectivas fue el último punto que el informe anual de la ONG. Argumentaron que el gobierno se enfoca principalmente en la entrega de bonos como una política asistencialista, lo cual no garantiza un nivel de vida digno debido a que el monto de estas ayudas sociales no es suficiente para hacer frente a la compra de artículos de la canasta básica, medicamentos y otros servicios necesarios.
El Diario.com
Un camino calamitoso le ha tocado atravesar a Javier Oropeza, alcalde opositor del municipio Torres del estado Lara, la segunda jurisdicción más importante del estado Lara.
Hoy en un exilio forzado, Oropeza luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, padeció en carne propia la persecución y amedrentamiento por parte del gobierno de Nicolás Maduro. A él y a su equipo de trabajo, entre otros supuestos delitos, los acusa de omisión y responsabilizan de los diferentes hechos violentos registrados en Carora en los días posteriores a los comicios.
La recia cacería comenzó el 29 de julio luego de que se presentara una situación irregular a las puertas del la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, cuya protesta por algunos factores de oposición se tornara violenta.
En medio de esta situación, sostuvo Javier Oropeza en entrevista para La Patilla que, emitió un comunicado a la población torrense, donde además hizo un llamado a la calma y la paz. En ese mismo comunicado, le manifestó al prefecto del municipio Torres, representante de la Gobernación de Lara por este municipio que por ser un ente municipal, no disponía de organismos de seguridad, así como tampoco, tenía competencias sobre los diferentes organismos existentes.
Detalla el mandatario local que aproximadamente a las 3.00 de la tarde del 30 de julio la situación frente al PSUV se comenzó a salir de control y que, a pesar de estar acordonada por funcionarios de la Guardia y Policía Nacional Bolivariana, esos terminaron retirándose en un punto determinado de la situación.
Resaltó también que en esta situación resultó herido un joven identificado como Walter Páez Lucena, quien falleció unos días después de haber sido ingresado al Hospital Central de Barquisimeto.
Lo señalan de omisión
Comenta el burgomaestre que la persecución hacia él, su equipo y colaboradores comenzó luego de que el Ministro de Información y Comunicación Freddy Ñañez, lo acusara directamente de omisión sobre el incendio a la sede del PSUV y la radio comunitaria Venceremos por lo que solicitaba a la Fiscalía de la República, investigar los hechos.
Desde entonces, inició el suplicio para Oropeza, su familia y su equipo, principalmente.
Cuenta Javier Oropeza que una vez realizados estos señalamientos, tuvo que resguardarse y en medio de ese resguardo, hubo un intento de secuestro hacia sus dos hijas (10 y 12 años), quienes al momento de trasladarse hacia la residencia de su abuelo materno en Barquisimeto, fueron perseguidas por funcionarios de seguridad, quienes al parecer, pretendían secuestrarlas.
En medio de esa situación detalla el alcalde que gracias a la rápida acción de los vecinos, estos lograron proteger a las niñas y las mantuvieron resguardadas por al menos ocho días, hasta que logaron encontrarse con su madre.
Allanamientos e incautación
El 6 de agosto, el Estado arrecia las medidas, comenzando con el allanamiento de su vivienda y empresa comunicacional, Diario El Caroreño, ambos ubicados en la Zona Colonial de Carora.
Sobre esto, detalla que los funcionarios ingresaron a las instalaciones, sin ningún tipo de orden, nada más que se trataba de “una orden presidencial” y hasta la fecha, tanto su vivienda como la sede del periódico, se encuentran incautadas y pudieron conocer que han sido desvalijadas.
Pero, los allanamientos no terminaron en El Caroreño y su vivienda, sino que se trasladaron hacia su finca que además es un centro de recría e investigación genética de la raza Senepol – Carora.
Es necesario mencionar que la finca es una propiedad familiar que ha pasado de generación en generación, lo que confunde a Oropeza quien ha manifestado que sus bienes no son provenientes de hechos de corrupción, razón por la cual no admite que el Estado tenga que meterse con lo que por tantos años han trabajado.
Serían funcionarios del Sebin y Conas los que mantienen tomadas e incautadas sus propiedades, entre ellos también, el edificio del Diario de Lara en la ciudad Barquisimeto, medio de comunicación vespertino, también propiedad de Oropeza el cual dejó de funcionar desde hace algunos años.
Menciona el mandatario torrense que hasta el momento no se le ha permitido ni a sus abogados ni a sus familiares, el acceso las propiedades incautadas por lo que no han podido conocer sobre el estatus de esos procedimientos.
Equipo de gobierno resguardado
Todo el gabinete de gobierno de Oropeza se encuentra resguardado, sus directores y dos concejales de la fracción opositora de la Cámara Municipal de Torres también están siendo señalados, así como otros dirigentes opositores de la ciudad, cuyas viviendas también han sido allanadas.
El pasado 8 de agosto, comentó el burgomaestre que fue detenido el director de gobierno abierto, Endrick Medina, al momento en que se encontraba saliendo del palacio municipal.
El PSUV nombra a alcaldesa encarga
En medio de la ausencia temporal, Javier Oropeza nombró a la licenciada Iraida Timaure como alcaldesa encargada del municipio, para poder darle curso al decreto, este debía ser publicado en la Gaceta Oficial, cuya oficina se rige por el Concejo Municipal el cual es de mayoría oficialista pero este no hizo la publicación del decreto por lo que el contencioso administrativo admitió el amparo a favor de ellos y en menos de los 15 días reglamentarios nombraron a una alcaldesa encargada.
“Aquí lo que hay es un alcalde ausente porque no me han permitido defenderme”, puntualizó.
Carora militarizada
Así como el alcalde, su familia, equipo y colaboradores cercanos han sido objeto de persecución y amedrentamiento, así mismo ha sido sometida la colectividad en general en Carora, quienes viven momentos de incertidumbre diaria con la presencia de cuerpos de seguridad del Estado en toda la ciudad.
Esto ha traído como consecuencia el resguardo de muchas personas.
Sin derecho a la defensa
Asegura Oropeza que esto es una acción completamente política, donde no se le ha permitido el derecho a la defensa, así como tampoco han podido conocer el estatus judicial.
Por esa razón ve con preocupación lo que está sucediendo en el país, donde la población en general está sumida en el miedo e incertidumbre razón por la cual sigue abogando a que haya un entendimiento y el país retome la paz y la tranquilidad.
“Hemos hecho un llamado al fiscal general de la república a que pongan los ojos sobre Carora”, mencionó, al tiempo en que solicita se haga una investigación seria de los hechos.
“Seguiré en el exilio hasta que me den garantías de regresar”, aseguró y agregó que estarán resguardados hasta que les garanticen el derecho a la defensa.
Finalmente, indicó que se mantiene con la frente en alto, trabajando y convencido de que no han obrado mal, por el contrario, cataloga estas acciones como un irrespeto a la voluntad del pueblo manifestada el 21 de noviembre del año 2021 cuando resultó electo como alcalde del municipio Torres.
“La esperanza sigue intacta y a pesar de las adversidades, nuestro ánimo de lucha continúa”.
Cortesía La Patilla / Foto: Mario Sosa
