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Azul Ambientalistas: Jornadas de limpieza no son suficientes para salvar el Lago
El director de la fundación Azul Ambientalistas en el Zulia, Yohan Flores, considera que el problema es de tal magnitud que deben adoptarse todas las medidas necesarias, con carácter de urgencia.
En entrevista con Noticia al Día, Flores expresó que sin restarle méritos a la limpieza de residuos que se lleva a cabo en las costas, «las jornadas de limpieza simples no son suficientes para salvar el Lago; se necesitan acciones reales, que contemplen la reactivación inmediata de todas las plantas de tratamiento para que las aguas residuales que van al Lago estén libres de contaminantes”.
Esta acción debe ir acompañada del monitoreo de las empresas que desarrollan labores en la zona costera, que lanzan residuos al Lago y no tienen plantas de tratamiento. “Deben fiscalizarlas e imponerles multas si no cumplen”.
Así mismo, apuntó que se requiere tecnología de punta, con embarcaciones, para recoger todo el petróleo esparcido por el Lago, lo cual debe ir acompañado de la reparación y mantenimiento de las tuberías de la industria petrolera, para evitar los derrames.
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Fue el 17 de agosto de 2024, cuando la confabulación de distintas instancias del estado venezolano gestaron un golpe de estado contra la primera autoridad civil del Municipio Torres del estado Lara, el Javier Oropeza. Esta autoridad municipal es señalada de autor intelectual de los sucesos postelectorales al 28 de julio, día del incuestionable triunfo de las fuerzas opositoras encabezadas por Edmundo González Urrutia, tras lo cual se desataron despiadadas e insólitas persecuciones contra el propio Alcalde Oropeza, su familia y parte de su tren ejecutivo.
Transcurrido 9 meses, Oropeza no ha sido destituido formalmente de sus responsabilidades. Sin embargo, en esa fecha, fue juramentada la presidente del Concejo Municipal de Torres Lasmit Verde como alcaldesa encargada, una disposición legal que solo ocurriría si es declarada la vacante absoluta del alcalde titular y por espacio de
3 meses.
Oropeza antes de resguardarse en vista de los rumores de una eventual detención, en uso de sus atribuciones dejó como encargada a una de sus directoras, la licenciada Iraida Timaure, también objeto como él de persecuciones judiciales que los obligaron al exilio.
Este golpe al poder municipal ha sido tan irregular e inconstitucional, que a la fecha se siguen incumpliendo con lo establecido en la ley. Oropeza no ha renunciado, es perseguido judicialmente acusado de terrorismo; asimismo, de acuerdo con las actuaciones realizadas por los órganos auxiliares de justicia, como es el caso del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, no se encontraron evidencias que lo incrimen; por el contrario, las pruebas determinan que los bochornosos sucesos violentos fueron productos de la provocación de dirigentes del oficialismo, y la muerte de uno de los manifestantes, como consecuencia de una bala disparada desde la sede del Psuv (partido político oficialista afecto al régimen).
Víctima hoy día de un estado sin derecho, que detiene sin órdenes judiciales, los presenta a tribunales sin derecho a la defensa, tras lo cual permanecen encarcelados por tiempo indefinido y sin juicio, por esas razones abandona el país, mientras sus propiedades familiares eran objetos de confiscaciones.
En mayo se cumplen 10 meses de ese «arrebatón» que el régimen venezolano fraguó contra las fuerzas unitarias opositoras triunfantes en el proceso electoral del 28 de julio de 2024. Desató voraces persecuciones que arrojaron más de 2 mil detenidos, una vez quedaron desenmascarados ante el mundo del vulgar fraude cometido contra el poder soberano del pueblo.
