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Alcalde Oropeza: «Motopiruetistas» deben respetar monumentos históricos-culturales del Municipio
Luego de una denuncia interpuesta ante el Instituto de Patrimonio Cultural por la Asociación Civil Salveros del Cerro de las Cruz, el alcalde Javier Oropeza, en aras de fortalecer y acompañar al órgano rector del patrimonios históricos-culturales de la nación, el IPC, hizo un llamado al grupo de jóvenes motorizados que se dedican a realizar piruetas, a respetar todos aquellos los monumentos del Municipio, testimonios erguidos de nuestra historia y tradiciones.
El llamado es también para todos los visitantes, más aún en estos días de asueto con motivo de la Semana Santa, cuando estos monumentos son más frecuentados. El Cerro de la Cruz es un bien patrimonial declarado de interés cultural de la nación desde el año 2005. Tal distinción le confiere un régimen especial de protección por parte del Estado a través del IPC, que incluye: la escultura de Chío Zubillaga, las 16 cruces del recorrido del viacrucis, el parque infantil, la gran cruz y la capilla.
“En comunicación suscrita por la antropóloga Dinorah Elena Cruz Guerra, presidente del Instituto de Patrimonio Cultura (IPC), nos convoca a acompañar este llamado de atención, en virtud que, de acuerdo con la ley, somos asimismo garantes del respecto que debe guardarse a todo monumento histórico-cultural, al mismo tiempo que hacerle ver a la ciudadanía, la obligación de no quebrantar lo dispuesto en el ordenamiento legal”, refiere el alcalde Oropeza.
“La ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, la Ley de Bosques, la Ley del Instituto de Ambiente del Estado Lara, son instrumentos jurídicos que norman y obligan tanto a los ciudadanos como a los organismo públicos salvaguardar los monumentos como el Cerro de la Cruz y el Arco de la Pastora. Por tanto invitamos a los organismos de seguridad también a acvopañarnos en esta labor, con recorridos recorridos periódicos alrededor por estos monumentos y la zona de valor histórico de Carora, en acatamiento a lo dispuesto en estas leyes”, agregó.
“Por lo pronto, trabajamos en un proyecto ambiental en los alrededores del de las Ruinas de la Pastora, que antes de su ejecución será elevado a consideración del IPC para su aprobación. Sobre el Cerro de la Cruz instó a los vecinos y consejos comunales denunciar las anormalidades que allí ocurran ante los organismos de seguridad, que son también garantes de que las leyes se cumplan”.
Prensa Alcaldía de Torres
Fue el 17 de agosto de 2024, cuando la confabulación de distintas instancias del estado venezolano gestaron un golpe de estado contra la primera autoridad civil del Municipio Torres del estado Lara, el Javier Oropeza. Esta autoridad municipal es señalada de autor intelectual de los sucesos postelectorales al 28 de julio, día del incuestionable triunfo de las fuerzas opositoras encabezadas por Edmundo González Urrutia, tras lo cual se desataron despiadadas e insólitas persecuciones contra el propio Alcalde Oropeza, su familia y parte de su tren ejecutivo.
Transcurrido 9 meses, Oropeza no ha sido destituido formalmente de sus responsabilidades. Sin embargo, en esa fecha, fue juramentada la presidente del Concejo Municipal de Torres Lasmit Verde como alcaldesa encargada, una disposición legal que solo ocurriría si es declarada la vacante absoluta del alcalde titular y por espacio de
3 meses.
Oropeza antes de resguardarse en vista de los rumores de una eventual detención, en uso de sus atribuciones dejó como encargada a una de sus directoras, la licenciada Iraida Timaure, también objeto como él de persecuciones judiciales que los obligaron al exilio.
Este golpe al poder municipal ha sido tan irregular e inconstitucional, que a la fecha se siguen incumpliendo con lo establecido en la ley. Oropeza no ha renunciado, es perseguido judicialmente acusado de terrorismo; asimismo, de acuerdo con las actuaciones realizadas por los órganos auxiliares de justicia, como es el caso del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, no se encontraron evidencias que lo incrimen; por el contrario, las pruebas determinan que los bochornosos sucesos violentos fueron productos de la provocación de dirigentes del oficialismo, y la muerte de uno de los manifestantes, como consecuencia de una bala disparada desde la sede del Psuv (partido político oficialista afecto al régimen).
Víctima hoy día de un estado sin derecho, que detiene sin órdenes judiciales, los presenta a tribunales sin derecho a la defensa, tras lo cual permanecen encarcelados por tiempo indefinido y sin juicio, por esas razones abandona el país, mientras sus propiedades familiares eran objetos de confiscaciones.
En mayo se cumplen 10 meses de ese «arrebatón» que el régimen venezolano fraguó contra las fuerzas unitarias opositoras triunfantes en el proceso electoral del 28 de julio de 2024. Desató voraces persecuciones que arrojaron más de 2 mil detenidos, una vez quedaron desenmascarados ante el mundo del vulgar fraude cometido contra el poder soberano del pueblo.
