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El entendimiento y la cordura prevalecen en discusiones del Presupuesto Participativo 2024
“Basta ya de confrontaciones. Los torrenses lo que quieren es que trabajemos juntos por su bienestar”. Estas palabras son repetidas con insistencia por el alcalde Javier Oropeza, en cada una de las parroquias visitadas en busca de la opinión de los vecinos que serán incluidas en el Presupuesto Participativo 2024. Sus discursos han calado entre los asistentes, que no solo han aplaudido sino respaldado con su presencia y participación.
Hasta ahora son ya 7 parroquias visitadas: Reyes Vargas, Camacaro, Montaña Verde, El Blanco, Montes de Oca, Manuel Morillo y Las Mercedes. En todas, la confrontación ha sido minimizada, incluso abortada por los propios parroquianos y comuneros que se han opuesto decididamente al careo político.
En casi todas, a excepción de Camacaro, ha destacado la presencia de los consejeros del CLPP, indistintamente de la filiación política que representan. Igualmente concejales de un lado y del otro. Incluso la diputada Ayarí Gómez y la presidente del Concejo Municipal, Naillit Álvarez, asistieron a las discusiones de Las Mercedes y El Blanco. “Aquí no exhibimos colores partidistas. Venimos solo con la palabra a conocer sus propuestas”, repite en cada una de las parroquias el alcalde Oropeza.
Jefes civiles como Marisela Nelo y la consejera Aura Oropeza, de Manuel Morillo, son invitados siempre a integrarse al presídium. La cordialidad por delante de la confrontación se ha impuesto; es más, se han compartido almuerzos juntos. Una ecuación que poco a poco se han ido resolviendo, hasta por quienes más adversan al actual ejecutivo municipal.
“Las necesidades son muchas. Ojalá tuviéramos los recursos que existieron durante el período de mayor bonanza económica del país, alrededor del 2008. Complaceríamos a todas las comunas que angustiadas exponen sus más urgentes necesidades. Los recursos son escasos y cada vez más reducidos productos de la crisis derivada en inflación”, expone el burgomaestre local.
Agua, electricidad y vialidad, son los problemas comunes en cada parroquia. Ante ellos Javier Oropeza advierte que no es posible que en pleno siglo XXI, haya comunidades sin luz. Agrega que ha asumido la responsabilidad del manteamiento y fortalecimiento de los acueductos rurales, porque no hay otro organismo que se ocupe de ellos. “Este año el 40% del Presupuesto Participativo 2023, fueron destinados para resolver dificultades hídricas en las parroquias. Para el 2024 propondremos ante el CLPP que se destinen más recursos para los acueductos rurales, así como para electrificación”, se adelantó a proponer.
Sobre la vialidad, reveló que en los próximos días dos patroles llegarán a Torres para atender la vialidad agrícola de las distintas parroquias. “Una vez lleguen, sus respectivos destinos serán las parroquias Montaña Verde y El Blanco. Tenemos como propósito adquirir dos patroles más el próximo año, porque son nuestras intenciones dotar cada parroquia de una máquina. De esta manera serán los mismos vecinos los que atienda las vías rurales de sus propias comunidades”, auguró.
Cortesía
Fue el 17 de agosto de 2024, cuando la confabulación de distintas instancias del estado venezolano gestaron un golpe de estado contra la primera autoridad civil del Municipio Torres del estado Lara, el Javier Oropeza. Esta autoridad municipal es señalada de autor intelectual de los sucesos postelectorales al 28 de julio, día del incuestionable triunfo de las fuerzas opositoras encabezadas por Edmundo González Urrutia, tras lo cual se desataron despiadadas e insólitas persecuciones contra el propio Alcalde Oropeza, su familia y parte de su tren ejecutivo.
Transcurrido 9 meses, Oropeza no ha sido destituido formalmente de sus responsabilidades. Sin embargo, en esa fecha, fue juramentada la presidente del Concejo Municipal de Torres Lasmit Verde como alcaldesa encargada, una disposición legal que solo ocurriría si es declarada la vacante absoluta del alcalde titular y por espacio de
3 meses.
Oropeza antes de resguardarse en vista de los rumores de una eventual detención, en uso de sus atribuciones dejó como encargada a una de sus directoras, la licenciada Iraida Timaure, también objeto como él de persecuciones judiciales que los obligaron al exilio.
Este golpe al poder municipal ha sido tan irregular e inconstitucional, que a la fecha se siguen incumpliendo con lo establecido en la ley. Oropeza no ha renunciado, es perseguido judicialmente acusado de terrorismo; asimismo, de acuerdo con las actuaciones realizadas por los órganos auxiliares de justicia, como es el caso del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, no se encontraron evidencias que lo incrimen; por el contrario, las pruebas determinan que los bochornosos sucesos violentos fueron productos de la provocación de dirigentes del oficialismo, y la muerte de uno de los manifestantes, como consecuencia de una bala disparada desde la sede del Psuv (partido político oficialista afecto al régimen).
Víctima hoy día de un estado sin derecho, que detiene sin órdenes judiciales, los presenta a tribunales sin derecho a la defensa, tras lo cual permanecen encarcelados por tiempo indefinido y sin juicio, por esas razones abandona el país, mientras sus propiedades familiares eran objetos de confiscaciones.
En mayo se cumplen 10 meses de ese «arrebatón» que el régimen venezolano fraguó contra las fuerzas unitarias opositoras triunfantes en el proceso electoral del 28 de julio de 2024. Desató voraces persecuciones que arrojaron más de 2 mil detenidos, una vez quedaron desenmascarados ante el mundo del vulgar fraude cometido contra el poder soberano del pueblo.
