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Alcaldía de Torres condena turismo depredador de vehículos rústicos

Un video que circuló ampliamente por las redes sociales locales, prendió las alarmas del pueblo general de Torres, que se apuró en condenar lo que calificó de acción amenazante contra el patrimonio histórico de Carora.
Se trata de un grupo de vehículos rústicos que irresponsablemente irrumpieron en los espacios del arco de La Pastora, un monumento histórico protegido desde 1969 por el Instituto de Patrimonio Cultural, IPC.
Al parecer estos «rustiqueros» respondieron a una oferta turística de un posada local, que no se tomó la molestia de considerar que este tipo de «turismo depredador» no tiene cabida en los espacios de valor histórico del Municipio.

Para el licenciado Fernando Briceño, jefe de la Unidad de Acervo Cultural y Natural de la Alcaldía de Torres, actividades de esta naturaleza sin ningún tipo de control, atenta contra un monumento que la Ley nos obliga a proteger. «Incluso hay sanciones para quienes atenten contra este patrimonio, razón por la cual protestamos enérgicamente contra este tipo de turismo que lo que causa son daños».
Recordó que ya en otros monumentos naturales se han puesto correctivos, incluso detenidos a los infractores. Mencionó que en la Gran Sabana y en el Wuaraira Repano (El Ávila), han prohibido las impertinencias que comenten estos rustiqueros.
«Las vibraciones que causan deterioran las bases de barro del arco de La Pastora que podría derrumbarse si no actuamos responsablemente y lo protegemos», precisó sobre el daño directo.
Briceño agregó que se dirigirá a la Cámara de Turismo de Torres con el fin de advertirles sobre las consecuencias que podrían acarrear este tipo de turismo irresponsable a nuestros monumentos. «Les hago un llamado a los prestadores de servicio locales a estar más atentos cuando organicen este tipo de eventos para así evitar daños mayores», expuso.
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Inhabilitan al Alcalde Javier Oropeza por 15 años

La Contraloría General de la República recién publicó en su página web la inhabilitación del alcalde Javier Oropeza, que le impide participar durante 15 años en elecciones o el ejercicio de cualquier cargo público.

Oropeza, quien aún ostenta su investidura constitucional de alcalde del Municipio Torres ubicado en el Estado Lara, se vio obligado a marchar al exilio junto a su esposa y dos hijas de apenas 10 y 12 años, luego de los sucesos poselectorales del 28 de julio.
En paralelo, le fueron confiscados todos sus bienes, incluyendo una finca y la sede de dos periódicos, El Caroreño y El Diario de Lara, todos los cuales forman parte de un patrimonio familiar de muchos años.
SOLICITADOS
Además del núcleo familiar del alcalde Javier Oropeza, buena parte de sus tren ejecutivo también sufren consecuencias derivadas de las elecciones del 28-J.
Entre otros están solicitados o tienen órdenes de captura: la licenciada Anibys Reyes de Oropeza, primera dama; comisario José Sisiruca, chofer del alcalde; ingeniera Joselys Crespo, asistente del alcalde; licenciada Yelitza Álvarez, Directora del Despacho; doctora Ana Julia Rivero, Directora de Desarrollo Social; ingeniero Jesús Camacaro, Director de Infraestructura; profesor José Gregorio Adames, Director de la Sala Situacional, la licenciada Maria Camacaro y el Concejal Wilman Montero.
PERSECUCIONES
Cabe señalar que en Colombia, el alcalde Javier Oropeza ha sufrido tres intersecciones violentas cuando se movilizaba junto a su familia. Todas ellas denunciadas oportunamente ante las autoridades colombianas.
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