Internacional
Más de 5.000 migrantes piden su registro fiscal en la frontera sur de México
Más de 5.000 migrantes solicitaron en México su Registro Federal del Contribuyente (RFC) en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la frontera sur del país en el primer semestre del 2023, un hito que refleja el creciente flujo migratorio y acogida en el país.
Edgar Santos Carballo, administrador del SAT en Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala, destacó en entrevista con EFE que la migración que más predomina en esta zona es la de haitianos, quienes piden su RFC para obtener un trabajo en la región o moverse al interior del país.
«Lo que predomina en este municipio son haitianos, hay de todo, cubanos y venezolanos, pero predominan los haitianos», señaló.
El funcionario remarcó que el principal trámite para la formalización laboral de los migrantes es obtener el RFC, que les permite trabajar y pagar impuestos como cualquier ciudadano mexicano.
Un reflejo del flujo migratorio
Los hechos se presentan en medio de un repunte del flujo migratorio por México tras la caída inicial que provocó en mayo pasado la expiración del Título 42 de Estados Unidos, según reconoció la semana pasada el presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Tras el fin de esta política migratoria, los encuentros irregulares de migrantes en la frontera de Estados Unidos cayeron 50% entre mayo y junio, pero después hubo un aumento del 36 % entre junio y julio de la migración irregular de familias que viajan juntas, según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
A las afueras de las oficinas del SAT en Tapachula, hacía fila el migrante cubano Aliosky Pérez Reyes, quien acudió a recoger su RFC con apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).
El cubano pretende ahora buscar un empleo formal y pagar sus impuestos para obtener beneficios al estar en México.
“Pedí ayuda y me sugirieron ir a Acnur y, a través de ellos, se nos facilita bastante, ya voy a tener un trabajo formal, que nos permite obtener los beneficios que le dan a un trabajador y es para eso, para pagar impuestos y obtener beneficios», explicó.
En Cuba, trabajaba en un restaurante lavando platos, pero migró a México para legalizarse y quedarse en este país para buscar un empleo seguro, por lo que aprovechará las oportunidades en Tapachula o en algún estado más al norte.
«Es muy importante que a través del documento ya no nos sentimos migrantes, sino parte de México”, resaltó.
Mograntes buscan legalidad en México
El deseo de los migrantes por legalizar su estadía en México también se refleja en el récord de casi 75.000 solicitudes de asilo que recibió en el primer semestre del año la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados del Gobierno de México, que espera cerrar el año con una cifra inédita de 150.000 de peticiones.
Beberly Godoy, joven migrante de Guatemala, acudió a las oficinas del SAT porque le pedían el trámite para tener un trabajo.
«Vengo a sacar mi RFC porque me lo estaban solicitando para poder tener un empleo formal, nos dijeron que no podíamos tenerlo porque no éramos nacionalizados mexicanos, pero ahora que ya tenemos la CURP (Clave Única de Registro de Población (CURP) y la resolución de la residencia permanente se tendrán derechos y obligaciones», dijo.
En Guatemala, ella estudiaba y tenía una empresa de limpieza, pero al llegar a México, busca de nuevo entrar a la universidad y trabajar con todos los requisitos que piden las empresas y el Gobierno.
Santos Carballo destacó que la atención de las oficinas es para todos los ciudadanos nacionales y extranjeros que llegan con una cita.
El funcionario del SAT, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), indicó que no han registro saturación de migrantes, ya que se ha presentado un flujo normal.
El Nacional
En una sesión del parlamento europeo, denominado «Europa escucha a Venezuela: Memoria, Justicia y Libertad», fueron planteados los sucesos ocurridos en Carora luego del 28/07 de 2024, que desembocaron en un «golpe municipal» contra el alcalde Javier Oropeza y la posterior confiscación de sus bienes.
Presentes en la sede del Parlamento Europeo en Madrid estuvieron el alcalde Javier Oropeza; el director general de gobierno, Jesús Guillermo Gómez; el director de Infraestructura, Jesús Camacaro y el concejal Wilman Montero. A través de videollamada participó María Corina Machado, y presidiendo el acto como figura central Edmundo González Urrutia.
Además de la situación general que vive Venezuela marcada por la inestabilidad política y económica producto del desconocimiento de los resultados electorales del 28 de julio, se dejó constancia de distintas violaciones a los derechos humanos que registran más de 2 mil detenciones arbitrarias en los últimos 10 meses.
Correspondió a Martina Ragozzino, representante de la ONG Human Rights Watch, presentar el último informe sobre el caso venezolano. Se detalla en el mismo todo tipo de violaciones a los DD.HH, golpe de estado contra la soberanía popular, asesinatos, detenciones, allanamientos e incautaciones cometidas por el régimen a partir del desconocimiento de los resultados electorales.
Durante la intervención de HRW, Martina Ragozzino brindó detalles del caso de Carora, donde se llevaron a cabo persecuciones y detenciones contra representantes legítimos del poder municipal, así como la confiscación de los bienes del alcalde Javier Oropeza y de una de sus directoras Lcda. Iraida Timaure.
