Internacional
Mark Zuckerberg admitió que coordinó censura a favor de la Casa Blanca
El comunicado que Mark Zuckerberg, fundador y dueño de Meta, envió al Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, revela la turbia gestión de la Administración de Joe Biden y Kamala Harris en temas de censura durante la pandemia. El empresario también admitió que silenció la historia del New York Post sobre los oscuros negocios de la familia Biden con una compañía ucraniana de gas cuando la campaña presidencial para las elecciones de 2020 estaba en pleno desarrollo.
“En 2021, altos funcionarios de la Administración Biden, incluida la Casa Blanca, presionaron repetidamente a nuestros equipos para que moderaran ciertos contenidos sobre el COVID-19, incluyendo humor y sátira, y expresaron mucha frustración cuando no estuvimos de acuerdo”, escribió Zuckerberg en esta carta que desenmascara parte del modus operandi del actual Gobierno demócrata contra las plataformas digitales.
Desde ya se habla de “violación a la Primera Enmienda”, como expresó Elon Musk, multimillonario y dueño de X, la cual establece la protección de los derechos civiles, incluyendo la prohibición de que el Gobierno restrinja la libertad de expresión y la libertad de prensa. Aunque Zuckerberg admite que terminó siendo decisión de Meta si eliminaban o no contenidos sobre el coronavirus, remarcó que “la presión del gobierno fue incorrecta”.
Historia sobre Hunter Biden “no era desinformación rusa”
Hoy Zuckerberg dice recular: “Como le dije a nuestros equipos en ese momento, estoy firmemente convencido de que no debemos comprometer nuestros estándares de contenido debido a la presión de ninguna Administración en ninguna dirección, y estamos listos para resistir si algo así vuelve a suceder”, escribió en otra parte del texto.
Luego se refiere a la historia sobre cómo Hunter Biden, hijo de Joe Biden, presentó a su padre un alto ejecutivo de la empresa de gas ucraniana, Burisma. La exclusiva del New York Post reveló un mes antes de las elecciones de 2020 que eso ocurrió menos de un año antes de que el demócrata presionara a funcionarios del gobierno ucraniano para que despidieran a un fiscal que estaba investigando a la compañía. Pero la historia que comprometía su imagen fue silenciada por Facebook y por Twitter (esta última aún la dirigía Jack Dorsey). Ahora el dueño de Meta confiesa que lo hizo luego de una “advertencia del FBI”.
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Human Rights Watch incluyó en su informe sobre los hechos suscitados en Venezuela luego de los comicios del 28 de julio, el caso de la Alcaldía del Municipio Torres, donde se produjo un golpe desde el gobierno a la majestad del poder municipal, legal y constitucionalmente constituido desde el año 2021.
El informe recoge los hechos que desembocaron en una despiadada persecución contra el alcalde Javier Oropeza, su familia y buena parte del tren ejecutivo, una trama orquestada por la dirigencia local e instituciones del estado afectas al partido oficialista, Psuv, dejando entrever una conspiración que solo buscaba apoderarse de la Alcaldía de Torres por vías distintas al electoral.
Se incluyen detalles de cómo se desarrollaron los hechos, en los cuales participaron, además de la dirigencia local del Psuv, el prefecto Elvis Méndez, el gobernador Adolfo Pereira, tribunales de la república y fiscales del Ministerio Público al servicio del régimen. También el Concejo Municipal controlado por ediles oficialistas, que bloqueron con notorias intenciones el Departamento de Publicaciones, bloqueando así la edición de gacetas contentivas de resoluciones y decretos emitidos por el alcalde Javier Oropeza como primera autoridad civil del municipio.
El caso de la Alcaldía de Torres sirve como ejemplo de similares actuaciones desde el régimen contra otras municipalidades en manos de alcaldes opositores, obligados al exilio unos y encarcelados otros.
Unos 50 funcionarios de distintos niveles de la municipalidad torrense tuvieron que salir al exilio, luego de ser objeto de visitas domiciliarias y persecuciones por sujetos vestidos de negro y conduciendo vehículo sin identificación oficial.
En un principio solo mencionaban los nombres del alcalde Javier Oropeza, el director de gobierno Jesús Guillermo Gómez y los concejales opositores Wilman Montero y Ronald Machán. Casi de inmediato la nómina se fue ampliando y rebazó el vaso cuando un vehículo vinotinto entrompa a un grupo de directores que caminaba por una acera adyacente a la alcaldía, siendo secuestrado en un instante el director de gobierno abierto, Endrick Medina, quien hoy día sigue detenido en el Sebin.
Las persecuciones y amedrentamiento no cesaron. Se extendieron contra familiares y bienes patrimoniales de funcionarios municipales. Al alcalde Javier Oropeza le confiscaron la sede de 2 periódicos, su casa familiar en Carora y la finca agropecuaria, un patrimonio familiar y de la ganadería raza Carora; en tanto a la Lcda Iraida Timaure, le confiscaron su casa, su vehículo y el de su hija, además pusieron en fuga a su esposo, también hoy día en el exilio, de lo contrario lo hubiesen detenido.
Este informe dado a conocer por Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, fue elevado a la consideración de la Comisión de Derecho Humanos de la ONU, como también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
