Internacional
Colorado | Avanza ley contra armas semiautomáticas
El proyecto, presentado por los legisladores demócratas Time Hernández y Julie Gonzales, ya se aprobó por la Cámara Baja y pasó al Senado.
«Nueve de cada 10 tiroteos masivos con mayor número de víctimas implican el uso de al menos una de las armas de asalto (armas largas)», comentó Hernández al impulsar la propuesta.
Colorado avanza en ley contra armas semiautomáticas
«Como un joven que entiende lo que significa esta cuestión, moralmente no puedo estar sin hacer nada», agregó refiriéndose a la masacre de Columbine, la primera masiva en una escuela de Estados Unidos (EEUU).
«Las armas de asalto deben prohibirse en el estado de Colorado», enfatizó Hernández, de 27 años, quien se desempeñó antes como maestro en Denver.
Este sábado se cumplen 25 años del tiroteo en la secundaria de Columbine, que dejó 12 alumnos y un maestro muertos.
Los dos atacantes de Columbine, que al verse asediados durante el tiroteo se suicidaron, habían comprado las armas semiautomáticas poco antes de la masacre en un mercado en el que para entonces se adquirían sin siquiera la verificación de identidades.
«A 25 años del peor tiroteo ocurrido en una escuela en la historia de Colorado, todavía permitimos que se vendan las armas utilizadas para masacrar a los niños en una biblioteca. Todavía permitimos que nuestro enamoramiento cultural por las armas impregne nuestras vidas», expresó Hernández en el Capitolio estatal.
Según estadísticas del Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), a nivel nacional, en 2021 hubo un total de 48.830 muertes por armas de fuego en EEUU, incluyendo homicidios, suicidios y accidentes.
2001
Human Rights Watch incluyó en su informe sobre los hechos suscitados en Venezuela luego de los comicios del 28 de julio, el caso de la Alcaldía del Municipio Torres, donde se produjo un golpe desde el gobierno a la majestad del poder municipal, legal y constitucionalmente constituido desde el año 2021.
El informe recoge los hechos que desembocaron en una despiadada persecución contra el alcalde Javier Oropeza, su familia y buena parte del tren ejecutivo, una trama orquestada por la dirigencia local e instituciones del estado afectas al partido oficialista, Psuv, dejando entrever una conspiración que solo buscaba apoderarse de la Alcaldía de Torres por vías distintas al electoral.
Se incluyen detalles de cómo se desarrollaron los hechos, en los cuales participaron, además de la dirigencia local del Psuv, el prefecto Elvis Méndez, el gobernador Adolfo Pereira, tribunales de la república y fiscales del Ministerio Público al servicio del régimen. También el Concejo Municipal controlado por ediles oficialistas, que bloqueron con notorias intenciones el Departamento de Publicaciones, bloqueando así la edición de gacetas contentivas de resoluciones y decretos emitidos por el alcalde Javier Oropeza como primera autoridad civil del municipio.
El caso de la Alcaldía de Torres sirve como ejemplo de similares actuaciones desde el régimen contra otras municipalidades en manos de alcaldes opositores, obligados al exilio unos y encarcelados otros.
Unos 50 funcionarios de distintos niveles de la municipalidad torrense tuvieron que salir al exilio, luego de ser objeto de visitas domiciliarias y persecuciones por sujetos vestidos de negro y conduciendo vehículo sin identificación oficial.
En un principio solo mencionaban los nombres del alcalde Javier Oropeza, el director de gobierno Jesús Guillermo Gómez y los concejales opositores Wilman Montero y Ronald Machán. Casi de inmediato la nómina se fue ampliando y rebazó el vaso cuando un vehículo vinotinto entrompa a un grupo de directores que caminaba por una acera adyacente a la alcaldía, siendo secuestrado en un instante el director de gobierno abierto, Endrick Medina, quien hoy día sigue detenido en el Sebin.
Las persecuciones y amedrentamiento no cesaron. Se extendieron contra familiares y bienes patrimoniales de funcionarios municipales. Al alcalde Javier Oropeza le confiscaron la sede de 2 periódicos, su casa familiar en Carora y la finca agropecuaria, un patrimonio familiar y de la ganadería raza Carora; en tanto a la Lcda Iraida Timaure, le confiscaron su casa, su vehículo y el de su hija, además pusieron en fuga a su esposo, también hoy día en el exilio, de lo contrario lo hubiesen detenido.
Este informe dado a conocer por Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, fue elevado a la consideración de la Comisión de Derecho Humanos de la ONU, como también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
