Internacional
Ataque de una manada de hienas deja cinco muertos y varios heridos
Al menos cinco personas murieron y más de diez resultaron heridas hoy en un ataque de una manada compuesta por una veintena de hienas en Lagos, en el centro de Sudán del Sur, en uno de los incidentes más mortíferos con estos animales en el país africano, informaron las autoridades locales.
El portavoz de la Policía del estado de Lagos, Maj Elija Mabor, dijo a EFE que el ataque tuvo lugar la mañana de este martes en el pueblo de Wun Rual, donde al menos cinco personas han fallecido y otras diez se encuentran ingresadas en un hospital de la zona.
Mabor explicó que todo empezó cuando estos mamíferos atacaron a un habitante del pueblo, que pidió ayuda «a gritos» a otros habitantes porque la manada «superaba las veinte hienas».
«Cuando la gente empezó a llegar para ayudar, las hienas empezaron a atacarlos», detalló la fuente, que añadió que los vecinos del pueblo mataron a seis hienas con sus rifles, mientras que las demás «escaparon al bosque de adyacente».
Tras el incidente, la Policía alertó a los ciudadanos sobre los peligros de «moverse a solas por la noche», y aconsejó ir equipados con utensilios para la autodefensa como «palos y cuchillos de carnicero», puesto que la actividad de hienas en las zonas urbanas de esta región se está incrementando.
Asimismo, pidió a las autoridades sanitarias que examinen a todos los heridos para confirmar que no estén infectados con la rabia luego del ataque.
El portavoz policial además anunció que se están estableciendo puestos de control de las autoridades encargadas de Protección de Vida Salvaje en estas zonas «lo antes posible», con el fin de poder «intervenir rápidamente» en caso de que se produzcan incidentes similares al de hoy.
Agencias/EFE
Human Rights Watch incluyó en su informe sobre los hechos suscitados en Venezuela luego de los comicios del 28 de julio, el caso de la Alcaldía del Municipio Torres, donde se produjo un golpe desde el gobierno a la majestad del poder municipal, legal y constitucionalmente constituido desde el año 2021.
El informe recoge los hechos que desembocaron en una despiadada persecución contra el alcalde Javier Oropeza, su familia y buena parte del tren ejecutivo, una trama orquestada por la dirigencia local e instituciones del estado afectas al partido oficialista, Psuv, dejando entrever una conspiración que solo buscaba apoderarse de la Alcaldía de Torres por vías distintas al electoral.
Se incluyen detalles de cómo se desarrollaron los hechos, en los cuales participaron, además de la dirigencia local del Psuv, el prefecto Elvis Méndez, el gobernador Adolfo Pereira, tribunales de la república y fiscales del Ministerio Público al servicio del régimen. También el Concejo Municipal controlado por ediles oficialistas, que bloqueron con notorias intenciones el Departamento de Publicaciones, bloqueando así la edición de gacetas contentivas de resoluciones y decretos emitidos por el alcalde Javier Oropeza como primera autoridad civil del municipio.
El caso de la Alcaldía de Torres sirve como ejemplo de similares actuaciones desde el régimen contra otras municipalidades en manos de alcaldes opositores, obligados al exilio unos y encarcelados otros.
Unos 50 funcionarios de distintos niveles de la municipalidad torrense tuvieron que salir al exilio, luego de ser objeto de visitas domiciliarias y persecuciones por sujetos vestidos de negro y conduciendo vehículo sin identificación oficial.
En un principio solo mencionaban los nombres del alcalde Javier Oropeza, el director de gobierno Jesús Guillermo Gómez y los concejales opositores Wilman Montero y Ronald Machán. Casi de inmediato la nómina se fue ampliando y rebazó el vaso cuando un vehículo vinotinto entrompa a un grupo de directores que caminaba por una acera adyacente a la alcaldía, siendo secuestrado en un instante el director de gobierno abierto, Endrick Medina, quien hoy día sigue detenido en el Sebin.
Las persecuciones y amedrentamiento no cesaron. Se extendieron contra familiares y bienes patrimoniales de funcionarios municipales. Al alcalde Javier Oropeza le confiscaron la sede de 2 periódicos, su casa familiar en Carora y la finca agropecuaria, un patrimonio familiar y de la ganadería raza Carora; en tanto a la Lcda Iraida Timaure, le confiscaron su casa, su vehículo y el de su hija, además pusieron en fuga a su esposo, también hoy día en el exilio, de lo contrario lo hubiesen detenido.
Este informe dado a conocer por Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, fue elevado a la consideración de la Comisión de Derecho Humanos de la ONU, como también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
