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HRW incluye en su informe golpe desde el Gobierno al poder municipal de Torres
Human Rights Watch incluyó en su informe sobre los hechos suscitados en Venezuela luego de los comicios del 28 de julio, el caso de la Alcaldía del Municipio Torres, donde se produjo un golpe desde el gobierno a la majestad del poder municipal, legal y constitucionalmente constituido desde el año 2021.
El informe recoge los hechos que desembocaron en una despiadada persecución contra el alcalde Javier Oropeza, su familia y buena parte del tren ejecutivo, una trama orquestada por la dirigencia local e instituciones del estado afectas al partido oficialista, Psuv, dejando entrever una conspiración que solo buscaba apoderarse de la Alcaldía de Torres por vías distintas al electoral.
Se incluyen detalles de cómo se desarrollaron los hechos, en los cuales participaron, además de la dirigencia local del Psuv, el prefecto Elvis Méndez, el gobernador Adolfo Pereira, tribunales de la república y fiscales del Ministerio Público al servicio del régimen. También el Concejo Municipal controlado por ediles oficialistas, que bloqueron con notorias intenciones el Departamento de Publicaciones, bloqueando así la edición de gacetas contentivas de resoluciones y decretos emitidos por el alcalde Javier Oropeza como primera autoridad civil del municipio.
El caso de la Alcaldía de Torres sirve como ejemplo de similares actuaciones desde el régimen contra otras municipalidades en manos de alcaldes opositores, obligados al exilio unos y encarcelados otros.
Unos 50 funcionarios de distintos niveles de la municipalidad torrense tuvieron que salir al exilio, luego de ser objeto de visitas domiciliarias y persecuciones por sujetos vestidos de negro y conduciendo vehículo sin identificación oficial.
En un principio solo mencionaban los nombres del alcalde Javier Oropeza, el director de gobierno Jesús Guillermo Gómez y los concejales opositores Wilman Montero y Ronald Machán. Casi de inmediato la nómina se fue ampliando y rebazó el vaso cuando un vehículo vinotinto entrompa a un grupo de directores que caminaba por una acera adyacente a la alcaldía, siendo secuestrado en un instante el director de gobierno abierto, Endrick Medina, quien hoy día sigue detenido en el Sebin.
Las persecuciones y amedrentamiento no cesaron. Se extendieron contra familiares y bienes patrimoniales de funcionarios municipales. Al alcalde Javier Oropeza le confiscaron la sede de 2 periódicos, su casa familiar en Carora y la finca agropecuaria, un patrimonio familiar y de la ganadería raza Carora; en tanto a la Lcda Iraida Timaure, le confiscaron su casa, su vehículo y el de su hija, además pusieron en fuga a su esposo, también hoy día en el exilio, de lo contrario lo hubiesen detenido.
Este informe dado a conocer por Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, fue elevado a la consideración de la Comisión de Derecho Humanos de la ONU, como también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Los órganos represores del narco estado, han desatado una ola de arbitrarias detenciones en Carora. Dejan ver esas persecuciones, que el miedo cambió de bando y ahora está instalado del lado opresor.
Así lo sañala el alcalde de Torres, Javier Oropeza, quien desde el exilio sigue trabajando sostenidamente por el cambio en Venezuela, y el rescate del municipio tomado por asalto por una banda de delincuentes.
«Temen perder el poder porque el estado venezolano es la fuente de sus riquezas. El Caroreño, por ejemplo, fue tomado y desvalijado sin conocerse el porqué. Todo lo que se encontraba en el periódico pasó a formar parte de un botín de guerra que se repartieron entre ellos sin orden de alguna autoridad judicial», razonó Oropeza.
Agregó: «Igual sucedió con la finca de mi familia, cuyos animales fueron repartidos entre militares, otros vendidos o sacrificados; pero el dinero producto de ese saqueo, nadie sabe quién se lo embolsilló, aunque hay cabezas visibles sobre quienes recaen responsabilidades».
Por esa razón, al alcalde Oropeza no le cabe la menos duda que el miedo está instalado del lado de la opresión, porque se saben culpables y, si este régimen cae lo que será pronto, irán por ellos. «No es venganza, es justicia, porque todos tenemos que rendir cuenta de nuestros actos», aclaró.
Ante las últimas detenciones en Carora, explicó que ocurren para causar temor, pero la realidad es que el miedo está instalado en ellos, un miedo que pretenden trasladar sin éxito al sufrido pueblo caroreño.
Recordó Oropeza, que uno de sus directores, el abogado Endrick Medina, tiene un año y dos meses detenido sin motivo alguno. «Tenemos la información completa del peritaje policial sobre los sucesos donde perdiera la vida Walter Páez. Sabemos los nombres de los que cometieron perjurio en sus declaraciones, que condujeron a la detención de Endrick y la persecución implacable contra varios de los altos funcionarios de nuestra gestión, situación que nos obligaron a marchar al exilio», reveló.
Instamos a la usurpación instalada en la municipalidad a no seguir causando malestares en la ciudadanía, y alertamos sobre lo que pueda suceder cuando el régimen caiga, porque son ellos con sus comportamientos, los que han causado que el miedo entre los torrenses se transforme en arrechera».
