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HRW incluye en su informe golpe desde el Gobierno al poder municipal de Torres
Human Rights Watch incluyó en su informe sobre los hechos suscitados en Venezuela luego de los comicios del 28 de julio, el caso de la Alcaldía del Municipio Torres, donde se produjo un golpe desde el gobierno a la majestad del poder municipal, legal y constitucionalmente constituido desde el año 2021.
El informe recoge los hechos que desembocaron en una despiadada persecución contra el alcalde Javier Oropeza, su familia y buena parte del tren ejecutivo, una trama orquestada por la dirigencia local e instituciones del estado afectas al partido oficialista, Psuv, dejando entrever una conspiración que solo buscaba apoderarse de la Alcaldía de Torres por vías distintas al electoral.
Se incluyen detalles de cómo se desarrollaron los hechos, en los cuales participaron, además de la dirigencia local del Psuv, el prefecto Elvis Méndez, el gobernador Adolfo Pereira, tribunales de la república y fiscales del Ministerio Público al servicio del régimen. También el Concejo Municipal controlado por ediles oficialistas, que bloqueron con notorias intenciones el Departamento de Publicaciones, bloqueando así la edición de gacetas contentivas de resoluciones y decretos emitidos por el alcalde Javier Oropeza como primera autoridad civil del municipio.
El caso de la Alcaldía de Torres sirve como ejemplo de similares actuaciones desde el régimen contra otras municipalidades en manos de alcaldes opositores, obligados al exilio unos y encarcelados otros.
Unos 50 funcionarios de distintos niveles de la municipalidad torrense tuvieron que salir al exilio, luego de ser objeto de visitas domiciliarias y persecuciones por sujetos vestidos de negro y conduciendo vehículo sin identificación oficial.
En un principio solo mencionaban los nombres del alcalde Javier Oropeza, el director de gobierno Jesús Guillermo Gómez y los concejales opositores Wilman Montero y Ronald Machán. Casi de inmediato la nómina se fue ampliando y rebazó el vaso cuando un vehículo vinotinto entrompa a un grupo de directores que caminaba por una acera adyacente a la alcaldía, siendo secuestrado en un instante el director de gobierno abierto, Endrick Medina, quien hoy día sigue detenido en el Sebin.
Las persecuciones y amedrentamiento no cesaron. Se extendieron contra familiares y bienes patrimoniales de funcionarios municipales. Al alcalde Javier Oropeza le confiscaron la sede de 2 periódicos, su casa familiar en Carora y la finca agropecuaria, un patrimonio familiar y de la ganadería raza Carora; en tanto a la Lcda Iraida Timaure, le confiscaron su casa, su vehículo y el de su hija, además pusieron en fuga a su esposo, también hoy día en el exilio, de lo contrario lo hubiesen detenido.
Este informe dado a conocer por Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, fue elevado a la consideración de la Comisión de Derecho Humanos de la ONU, como también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
«La historia se repite, en dictadura el voto no vale nada. En 1952 Pérez Jiménez desconoció los resultados, removió el poder electoral y se autoproclamó ganador. En 1957 lo volvió a hacer, cuando volteó los resultados del plebiscito a su favor, un fraude que terminó siendo su sepultura, porque luego de unas pacíficas y alegres navidades, en plenas celebraciones del año nuevo, devinieron los sucesos de enero del 58 que concluyeron el día 23 de con la partida del dictador».
Estas apreciaciones las hace el concejal Ronald Machán desde Barranquilla donde se encuentra exiliado desde julio del año pasado, luego que la dictadura de Maduro desconociera el triunfo de Edmundo González, y sus cómplices en Carora desataran una pavorosa persecución y posterior usurpación contra las autoridades legítimas del municipio Torres.
Reflexiona esta vez, a propósito de las elecciones municipales pautadas para el 28 de julio, en las cuales se presume participarán algunos dirigentes del reconocida trayectoria opositora.
Comenta al respecto: «Tenga seguro que no van a ganar, porque el régimen no lo permitirá, y los venezolanos saben que la solución de la crisis está en que salga Maduro y concluya la usurpación, algo que no se logrará alcanzando uno que otro cargo a nivel municipal».
Marchán precisa adicionalmente, que la crisis económica y política que vivimos augura una escasez aguda de recursos que impedirán el ejercicio de una gestión eficiente, más de aquellos que lo demostraron cuando convirtieron a Carora en un desastre aun teniendo recursos ilimitados.
Aclara que la crisis tiene como exclusivo responsable a Maduro y su régimen que lo sostiene, los mismos que violaron los acuerdos de Barbados y desconocieron el épico triunfo opositor el 28/07.
Considera Marchán, que «no tiene sentido hacerle comparsa a los ineptos; en su lugar, la oposición debe activarse desde la clandestinidad que tan efectiva fue cuando integraron la Junta Patriótica posterior al 19/04 de 1810 y durante la tenebrosa dictadura de Pérez Jiménez.
«Este régimen está que se cae solo porque nadie cree en ellos. Por esa razón el pueblo no acudirá masivamente a votar. Mejores tiempos están por venir, cuando la democracia con nuevos poderes verdaderamente institucionales permitan el ejercicio libre de la política y la participación soberana del pueblo».
