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HRW incluye en su informe golpe desde el Gobierno al poder municipal de Torres
Human Rights Watch incluyó en su informe sobre los hechos suscitados en Venezuela luego de los comicios del 28 de julio, el caso de la Alcaldía del Municipio Torres, donde se produjo un golpe desde el gobierno a la majestad del poder municipal, legal y constitucionalmente constituido desde el año 2021.
El informe recoge los hechos que desembocaron en una despiadada persecución contra el alcalde Javier Oropeza, su familia y buena parte del tren ejecutivo, una trama orquestada por la dirigencia local e instituciones del estado afectas al partido oficialista, Psuv, dejando entrever una conspiración que solo buscaba apoderarse de la Alcaldía de Torres por vías distintas al electoral.
Se incluyen detalles de cómo se desarrollaron los hechos, en los cuales participaron, además de la dirigencia local del Psuv, el prefecto Elvis Méndez, el gobernador Adolfo Pereira, tribunales de la república y fiscales del Ministerio Público al servicio del régimen. También el Concejo Municipal controlado por ediles oficialistas, que bloqueron con notorias intenciones el Departamento de Publicaciones, bloqueando así la edición de gacetas contentivas de resoluciones y decretos emitidos por el alcalde Javier Oropeza como primera autoridad civil del municipio.
El caso de la Alcaldía de Torres sirve como ejemplo de similares actuaciones desde el régimen contra otras municipalidades en manos de alcaldes opositores, obligados al exilio unos y encarcelados otros.
Unos 50 funcionarios de distintos niveles de la municipalidad torrense tuvieron que salir al exilio, luego de ser objeto de visitas domiciliarias y persecuciones por sujetos vestidos de negro y conduciendo vehículo sin identificación oficial.
En un principio solo mencionaban los nombres del alcalde Javier Oropeza, el director de gobierno Jesús Guillermo Gómez y los concejales opositores Wilman Montero y Ronald Machán. Casi de inmediato la nómina se fue ampliando y rebazó el vaso cuando un vehículo vinotinto entrompa a un grupo de directores que caminaba por una acera adyacente a la alcaldía, siendo secuestrado en un instante el director de gobierno abierto, Endrick Medina, quien hoy día sigue detenido en el Sebin.
Las persecuciones y amedrentamiento no cesaron. Se extendieron contra familiares y bienes patrimoniales de funcionarios municipales. Al alcalde Javier Oropeza le confiscaron la sede de 2 periódicos, su casa familiar en Carora y la finca agropecuaria, un patrimonio familiar y de la ganadería raza Carora; en tanto a la Lcda Iraida Timaure, le confiscaron su casa, su vehículo y el de su hija, además pusieron en fuga a su esposo, también hoy día en el exilio, de lo contrario lo hubiesen detenido.
Este informe dado a conocer por Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, fue elevado a la consideración de la Comisión de Derecho Humanos de la ONU, como también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Aniversario sumergido en injusticia
Este 26 de julio, el diario El Caroreño arriba a su vigésimo sexto aniversario a pesar de la toma arbitraria por una orden presidencial el pasado 7 de agosto del año 2024.
El Caroreño ha sido un medio de comunicación resiliente: sus páginas sucumbieron ante una crisis económica y tuvo que evolucionar hacia el cambio digital —que medianamente se integraba a un espacio en la web y en las redes sociales—, pero se mantuvo firme para ser la plataforma de todos los torrenses.
Cumple 26 años el medio de comunicación por excelencia que vive en el corazón de una tierra que ocupa más del 60 % del estado Lara.
El ataque cobarde de quienes se tiñen de ideologías mediocres fue el responsable de arremeter contra una empresa que generaba empleo de manera directa e indirecta.
Durante estos casi dos años de ataques y de robos descarados por parte de los cuerpos de seguridad —que están plenamente identificados—, en los que se llevaron equipos reporteriles y de oficina, rotativas que estaban ancladas al suelo, automóviles y mobiliario, entre otras cosas, se deja entrever la miseria de quienes ejercen el poder municipal y sus simpatizantes.
No olvidamos a quienes han sido cómplices de este atroz crimen contra la libertad de expresión y tenemos muy presentes a quienes han sido solidarios.
Quizás se siente nuestra ausencia, pero no estamos ajenos a lo que sucede en nuestro terruño.
Más temprano que tarde la justicia llegará y tendremos la primicia de compartir con todos nuestros lectores y seguidores que El Caroreño seguirá siendo esa ventana comunicativa de una población llena de valores y arraigo.
En este aniversario no celebramos, pero sí recordamos que tenemos un compromiso con lo que nos da identidad, porque somos el diario de los torrenses.
Mario José Sosa Salas
Director Diario El Caroreño
