42 personas se mantienen en el exilio entre Colombia, Chile, Brasil, Perú, Ecuador y España. Todos ellos formaron parte de la gestión del alcalde opositor del municipio Torres en el estado Lara, Javier Oropeza, quien fue removido de su cargo después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Un camino calamitoso les ha tocado transitar, donde inicialmente tuvieron que sortear entre la libertad o el exilio forzado, optando por esta última, donde no han escapado de las dificultades y vicisitudes propias que atraviesan millones de migrantes alrededor del mundo.

Todos ellos, ocuparon cargos de directores, comisionados, promotores y coordinadores de la Alcaldía del municipio Torres, hoy nuevamente en manos del oficialismo. Y es que a pesar de que fueron perseguidos, un solo director logró ser detenido y se trata de Endrick Medina Véliz, director de gobierno abierto, apresado el pasado 8 de agosto, quien se encuentra recluido en la sede del Sebin en la ciudad de Barquisimeto.

El suplicio para Javier Oropeza, su familia y equipo de gobierno inició el 29 de julio donde comenzaron a recibir llamadas con amenazas de ser detenidos. En ese momento inicia la persecución. El 30 de julio es Jesús Guillermo Gómez, director general de gobierno de la alcaldía torrense el que tuvo que salir de Carora tras recibir varias advertencias de detención.

A Gómez, autoridades oficialistas lo señalan de ser el responsable de los hechos registrados el pasado 30 de julio en la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela. En sus declaraciones, él detalla que cuando sucedieron esos hechos ya se encontraba en la ciudad de Barquisimeto, resguardado y no fue hasta el 2 de agosto cuando tuvo que salir del país desde el estado Zulia.

Comenta Gómez que fueron momentos difíciles pues tuvo que sortear todas las alcabalas hasta finalmente llegar a Maicao, frontera con Colombia hasta llegar a Ríohacha y luego continuar hacia la capital del hermano país.

Para Gómez no ha sido fácil la vida de migrante, pues como todos necesitan un permiso de trabajo para poder producir y es que aunque el Estado colombiano les otorgó el salvoconducto, paso previo para lograr el refugio, este documento no les permite trabajar por lo que manifiesta estar “de manos atadas”.

Hasta el momento, comenta que ha logrado sostenerse con el apoyo de fundaciones en materia de Derechos Humanos, quienes desde su llegada a tierras colombianas les han brindado asistencia.

Seguidamente, el alcalde Javier Oropeza, quien comenta que en medio del conflicto registrado en el PSUV, se comunicó en varias oportunidades con el prefecto de ese entonces y en medio de esa llamada las amenazas de detención eran hacia Jesús Guillermo Gómez.

Comenta que el 30 de julio recibió una llamada de que funcionarios policiales se encontraban allanando su residencia y empresa ubicada en el mismo edificio. Allí funcionaba la sede de Diario El Caroreño y posterior a ello, fue incautada su finca, medio de sustento de su familia por varias generaciones.

En medio de esa situación le tocó salir junto al concejal Wilman Montero, atravesando por varias dificultades. Contó el alcalde exiliado que inicialmente tuvo que dejar a sus hijas, quienes al momento en que se dirigían hacia la residencia de su abuelo en Cabudare estuvieron a punto de ser secuestradas por funcionarios de seguridad y gracias a los vecinos estos no pudieron ingresar a la urbanización por lo que por unos cuatro días, las dos niñas estuvieron resguardadas por los vecinos.

Finalmente, el 7 de agosto logró entrar a territorio colombiano y no fue hasta el día 13 de ese mismo mes, que logró reunir a su familia en el hermano país.

Sobre sus propiedades, comentó que hasta el momento están incautadas por el Conas y Guardia Nacional Bolivariana y tiene información extraoficial que han sustraídos animales de la especie ovina, maquinarias, repuestos y se han perdido unos 100 ejemplares de la especie bovina de alta producción.

Para Jesús Camacaro, director de infraestructura de esta alcaldía, ser migrante y exiliado no hay sido fácil. Cuenta que pudo chocar de frente con la barbarie policial del país de la cual, junto a otros compañeros les tocó salir corriendo y resguardarse hasta también lograr su salida el 9 de agosto.

En su relato detalla que al llegar a un terminal de Bogotá, no tenía un lugar donde quedarse, allí junto a otro concejal fue recibido por otro compañero que ya había llegado.

“La vida del migrante es trabajar para pagar alquiler y alimentación”, resaltó al tiempo en que sostuvo que milagrosamente en medio de esa llegada, recibieron de la ACNUR, ocho días de hospedaje en un hotel donde pudieron aclarar más sus ideas.

Sin embargo, después de eso les tocó pasar por cinco sitios diferentes, dormir en el piso y realizar trabajos en auto lavados, estacionamientos, entre otros para poder sobrevivir.

El caso de Wilman Montero, concejal por el partido Acción Democrática el trayecto tampoco ha sido fácil y es que así como a otros dirigentes, él también fue señalado de los hechos registrados en el PSUV.

Comentó que le tocó salir junto al alcalde Oropeza y que una vez llegado a Colombia se reunión con Jesús Camacaro, de quien se habló anteriormente, con quien le ha tocado realizar cualquier tipo de trabajo y han recibido apoyo de fundaciones en materia de Derechos Humanos para poder sostenerse junto a sus familias.

Iraida Timaure, directora de finanzas salió de la ciudad de Carora el18 de agosto y previo a eso le tocó hacerle frente a lo que quedaba de la gestión, dando la cara en medio de la persecución y asedio por parte de los cuerpos de seguridad y es que pese al decreto emitido por Javier Oropeza donde la designaban como alcaldesa encargada, este nunca fue recibido por la oficina de publicación y posterior a ello, el tribunal no lo aceptó por lo que tuvo que salir. En ese momento designan a una alcaldesa encargada, quien hasta el momento dirige los destinos del segundo municipio más importante del estado Lara.

Timaure en su relato menciona que al igual que el resto de sus compañeros han recibido ayuda de instituciones y que en medio de su estadía en Colombia se le sumó la preocupación de que su casa fue tomada por funcionarios policiales.

Estos hasta este momento permanecen dentro de la residencia y comentó que se perdieron dos vehículos dentro de la misma.

Su esposo logró salir y entrar a Colombia en el mes de septiembre.

Su experiencia como migrante ha sido difícil, pues fue su madre es adulto mayor, quien a diario demanda de atención especial y estando lejos no es mucho lo que pueden hacer.

Los relatos de cada uno de los exiliados guardan similitud, la vida como migrantes les ha golpeado considerablemente al punto de que la mayoría depende de lo poco que reciben de instituciones no gubernamentales.

Sin embargo, han manifestado estar firmes y confiados en que esto tarde o temprano pasará y así como millones, llegará el día en el que puedan retornar a la patria venezolana.

Cortesía La Patilla