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Concejal Ronald Marchán: quien maneja la seguridad en Carora es Prefectura
Al concejal Ronald Marchán le causa extrañeza, y a la vez suspicacia, que el prefecto Elvis Méndez niegue ahora haber sostenido conversaciones telefónicas con el alcalde Javier Oropeza. Lo expresa porque fue testigo presencial de esa conversación.
Infiere el edil de la bancada democrática, que las sospechas que lo llevan a la suspicacia estriban, en que alguien que no cumplió a cabalidad con su deber quiera desviar la atención.
«Si el prefecto Méndez es quien maneja la policía regional y tiene «vara alta» con los demás cuerpos de seguridad, ¿por qué no protegió como es debido y evitó los actos vandálicos ocurridos en el Psuv-Torres? De haberlo hecho, muchas consecuencias se hubiesen evitado», agrega.
Marchán sospecha también, que el ensañamiento contra el alcalde Javier Oropeza tiene, además del fin político, pretende endosarle las responsabilidades de otros acusándolo de omisión.
Prosigue, «es público y notorio que no es precisamente el Alcalde quien maneja los cuerpos de seguridad que, de paso, tampoco cuenta con una estructura de policía propia», se responde.
Suspicacias también le causan al concejal Marchán, que el único fallecido de los hechos ocurrido el martes 30-07 en la sede del Psuv, el joven Walter Páez, haya sido del lado de quienes manifestaban. ¿Acaso se investiga esta lamentable muerte de la que nadie habla?, se pregunta.
APARECIÓ EL DESAPARECIDO
Ramón Suárez ,envalentonado, apareció luego de 3 años esta vez para agarrar agua sin mojarse los tobillos.
«Vamos Ramón, explícale a los caroreños de dónde vino el disparo que cegó la vida de Walter Páez. Trata de hacerles entender por qué a la esposa se la llevaron detenida acusada de terrorismo. ¿No crees que los tiros pudieron causar la violencia contra la sede del Psuv? Por cierto bien resguardada por policías y guardias».
Por último, Marchán pide al CICPC y el Ministerio Público una investigación seria y objetiva, sobre estos hechos con toda Carora condena y lamenta.
Especial. Concejales D.U
La Contraloría General de la República recién publicó en su página web la inhabilitación del alcalde Javier Oropeza, que le impide participar durante 15 años en elecciones o el ejercicio de cualquier cargo público.
Oropeza, quien aún ostenta su investidura constitucional de alcalde del Municipio Torres ubicado en el Estado Lara, se vio obligado a marchar al exilio junto a su esposa y dos hijas de apenas 10 y 12 años, luego de los sucesos poselectorales del 28 de julio.
En paralelo, le fueron confiscados todos sus bienes, incluyendo una finca y la sede de dos periódicos, El Caroreño y El Diario de Lara, todos los cuales forman parte de un patrimonio familiar de muchos años.
SOLICITADOS
Además del núcleo familiar del alcalde Javier Oropeza, buena parte de sus tren ejecutivo también sufren consecuencias derivadas de las elecciones del 28-J.
Entre otros están solicitados o tienen órdenes de captura: la licenciada Anibys Reyes de Oropeza, primera dama; comisario José Sisiruca, chofer del alcalde; ingeniera Joselys Crespo, asistente del alcalde; licenciada Yelitza Álvarez, Directora del Despacho; doctora Ana Julia Rivero, Directora de Desarrollo Social; ingeniero Jesús Camacaro, Director de Infraestructura; profesor José Gregorio Adames, Director de la Sala Situacional, la licenciada Maria Camacaro y el Concejal Wilman Montero.
PERSECUCIONES
Cabe señalar que en Colombia, el alcalde Javier Oropeza ha sufrido tres intersecciones violentas cuando se movilizaba junto a su familia. Todas ellas denunciadas oportunamente ante las autoridades colombianas.
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