La Fracción Parlamentaria del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), condena la práctica recurrente del gobierno de Nicolás Maduro, de inhabilitar y enjuiciar a los representantes de la democracia venezolana, para evitar que puedan ser candidatos presidenciales o a otros cargos de elección popular, solo por el hecho de saber que tienen perdida las elecciones para el año 2024.

Así lo manifestó, el diputado por el estado Lara, Guillermo Palacios, en la sesión ordinaria de la Comisión Delegada, de la Asamblea Nacional legítima, celebrada vía telemática, durante el debate sobre las inhabilitaciones políticas a los precandidatos presidenciales por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Sostuvo Palacios, que quienes están en el poder no van a ahuyentar al pueblo de las urnas, porque la oposición se mantendrá firme, apoyando el proceso unitario y las elecciones primarias en donde se definirá el candidato a la presidencia de la República para el 2024.

“Desde UNT condenamos estas medidas que se han tomado en contra de líderes de la oposición democrática y el último de ellos contra María Corina Machado, porque saben que el pueblo de Venezuela dentro y fuera del país ha tomado conciencia de la importancia del voto, ya que los ejemplos que tenemos han señalado que es mediante la utilización del sufragio como vamos a derrotar a Maduro y su gente”.

Agregó que: «Así es que mucho ánimo y fuerza pueblo de Venezuela que es con la decisión y valentía que se ha demostrado a lo largo de nuestra historia como vamos a lograr la victoria para iniciar el camino de la reconstrucción de la patria y el regreso de nuestros familiares, al reencuentro de la familia”.

Explicó que las inhabilitaciones para el ejercicio de la función pública es una pena accesoria de carácter administrativo contra aquellos funcionarios de cualquier nivel que incurran en hechos irregulares en contra del patrimonio público, lo cual debe ser declarado en juicio penal a través de una sentencia condenatoria definitivamente firme, en la cual se haya respetado el estado de derecho, sobre todo el debido proceso y la garantía de un juicio justo y transparente.

En ese sentido, citó el artículo 65 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece: “no podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito”.

Explicó el parlamentario larense que es una disposición constitucional que priva sobre cualquier otra medida legislativa o administrativa que pueda establecer mecanismos de inhabilitación para ejercer cargos de elección popular.

“Así funciona en sistemas de gobierno que respeten la separación de poderes y todos los instrumentos de carácter constitucional y legal para privar a una persona de la posibilidad que pueda ejercer un cargo de elección popular sin que se hayan cumplido los requisitos necesarios para dictar una medida que se convierte en una capitis diminucio para el ciudadano que sin haber sido sometido a un procedimiento en el cual se respete el estado de derecho se dicte una inhabilitación política”, precisó Palacios.

Recordó que en Venezuela hay un precedente importante que guarda relación precisamente con quien ejerció la Presidencia de la República hasta su muerte, Hugo Chávez Frías, a quien le solicitaron una medida de inhabilitación política para impedir que pudiera ser candidato a la Presidencia de la República y la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, declaró sin lugar esa petición.

“Claro eran tiempos en donde se respetaba la separación de poderes y el estado de derecho. Era una democracia que con sus imperfecciones había posibilidad cierta de obtener respuestas del sistema de justicia que garantizaran los derechos políticos y civiles de los ciudadanos. Que han irrespetado la vida de los ciudadanos y los elementales derechos humanos. Que han incurrido en graves hechos de corrupción que han causado una crisis humanitaria de incalculables consecuencias para el futuro de los venezolanos”.

Advirtió finalmente que quienes ostenten el poder en Venezuela saben que el juicio que se le sigue en la Corte Penal Internacional tendrá efectos más temprano que tarde y los responsables de esa cadena de mando tienen asegurado una condena por los delitos de lesa humanidad cometidos contra el pueblo de Venezuela.

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