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FVM: «Casi tres millones de niños están fuera del sistema escolar»
La Federación Venezolana de Maestros (FVM) asegura, a pocos días para el comienzo del año escolar 2024-2025, que «casi tres millones de niños están fuera del sistema escolar», de acuerdo con estudios recientes. Igualmente, esta central recuerda que la educación es la palanca que mueve el desarrollo de un país.
Por medio de un comunicado publicado este lunes 16 de septiembre, los maestros también dicen que el inicio de las clases trae los mismos problemas que se han denunciado desde hace varios años: daños en la infraestructura en gran porcentaje de escuelas, escasez de recursos pedagógicos y tecnológicos, ausencia de aumento salarial, beneficios contractuales disminuidos por la Onapre, profesores sin seguridad social y escasez de capital humano por la migración de los docentes.
A juicio del magisterio, la crisis continuada en materia de educación se debe a «la falta de voluntad política del Ejecutivo para dignificar la profesión docente». Afirman que los maestros están «desmotivados, desmoralizados, desanimados, con baja autoestima, preocupados por la situación económica y social y por contractuales por parte del Ministerio para la Seguridad Social», lo que recuerdan se traduce en incumplimiento de los compromisos y garantías sobre beneficios para lo establecido en los artículos 91 y 104 de la Constitución.
La exigencia de los maestros es la misma desde hace al menos unos cinco años: un salario digno que cubra sus necesidades y les permita concentrarse en preparar su trabajo escolar sin ninguna otra preocupación.
Insisten que «sin maestros no hay escuelas» y hacen énfasis en la crisis alimentaria que viven los venezolanos y sostienen que es una de las «principales causas que impiden a docentes y estudiantes acudir a los centros educativos». Denuncian que el Programa de Alimentación Escolar es deficiente e indican que donde se presta «es de baja calidad», pues es una dieta basada en carbohidratos con efectos «catastróficos» para un niño en edad escolar.
Además, el magisterio denuncia que este año escolar 2024-2025 se inicia con «un número importante de docentes suspendidos y sin salario», situación que viola el debido proceso, el derecho a la defensa y la estabilidad laboral; por lo que exigen «restitución de los salarios a estas personas».
Ante toda la crisis expuesta, los docentes exigen a las autoridades educativas:
Destinar suficientes recursos para firmar la convención colectiva, que permita un salario justo y condiciones de vida dignas.
Seguridad social para los trabajadores de la educación.
Reparación y acondicionamiento de las infraestructura educativa y del mobiliario escolar.
Garantizar el Programa de Alimentación Escolar.
Cesar el acoso laboral contra los docentes y restitución de los salarios suspendidos.
800 Noticias
Fue el 17 de agosto de 2024, cuando la confabulación de distintas instancias del estado venezolano gestaron un golpe de estado contra la primera autoridad civil del Municipio Torres del estado Lara, el Javier Oropeza. Esta autoridad municipal es señalada de autor intelectual de los sucesos postelectorales al 28 de julio, día del incuestionable triunfo de las fuerzas opositoras encabezadas por Edmundo González Urrutia, tras lo cual se desataron despiadadas e insólitas persecuciones contra el propio Alcalde Oropeza, su familia y parte de su tren ejecutivo.
Transcurrido 9 meses, Oropeza no ha sido destituido formalmente de sus responsabilidades. Sin embargo, en esa fecha, fue juramentada la presidente del Concejo Municipal de Torres Lasmit Verde como alcaldesa encargada, una disposición legal que solo ocurriría si es declarada la vacante absoluta del alcalde titular y por espacio de
3 meses.
Oropeza antes de resguardarse en vista de los rumores de una eventual detención, en uso de sus atribuciones dejó como encargada a una de sus directoras, la licenciada Iraida Timaure, también objeto como él de persecuciones judiciales que los obligaron al exilio.
Este golpe al poder municipal ha sido tan irregular e inconstitucional, que a la fecha se siguen incumpliendo con lo establecido en la ley. Oropeza no ha renunciado, es perseguido judicialmente acusado de terrorismo; asimismo, de acuerdo con las actuaciones realizadas por los órganos auxiliares de justicia, como es el caso del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, no se encontraron evidencias que lo incrimen; por el contrario, las pruebas determinan que los bochornosos sucesos violentos fueron productos de la provocación de dirigentes del oficialismo, y la muerte de uno de los manifestantes, como consecuencia de una bala disparada desde la sede del Psuv (partido político oficialista afecto al régimen).
Víctima hoy día de un estado sin derecho, que detiene sin órdenes judiciales, los presenta a tribunales sin derecho a la defensa, tras lo cual permanecen encarcelados por tiempo indefinido y sin juicio, por esas razones abandona el país, mientras sus propiedades familiares eran objetos de confiscaciones.
En mayo se cumplen 10 meses de ese «arrebatón» que el régimen venezolano fraguó contra las fuerzas unitarias opositoras triunfantes en el proceso electoral del 28 de julio de 2024. Desató voraces persecuciones que arrojaron más de 2 mil detenidos, una vez quedaron desenmascarados ante el mundo del vulgar fraude cometido contra el poder soberano del pueblo.
