Nacional
Venezuela, ¿migrar o retornar?
El caraqueño Daniel Zambrano sueña con un futuro para él y su familia en España, a donde planea llegar el próximo año, con el objetivo de alcanzar la «estabilidad mental» que dice haber perdido en Venezuela, ante las dificultades para hacer frente a los gastos del hogar, a pesar de contar con cuatro fuentes de ingreso. Mientras, algunos de los que habían migrado han regresado atraídos por la ligera mejora económica.
El gobierno asegura que miles de personas en el exterior «sueñan con volver», pero este joven de 27 años está enfocado en obtener los papeles para emigrar de manera legal al país europeo, a donde llegaron, según el Instituto Nacional de Estadística español, 21.500 inmigrantes venezolanos durante el primer trimestre de 2023.
Los datos oficiales confirman que, de enero a finales de marzo, Venezuela fue el tercer país -solo por detrás de Colombia y Marruecos- que más ciudadanos aportó a España.
«300 dólares no son nada»
«Las cosas están excesivamente caras. 300 dólares aquí no son nada y, a lo mejor, en otro país sí te alcanza para muchas otras cosas. Estoy pensando en mi estabilidad mental, en aliviarme un poquito las cargas», dijo Zambrano a EFE.
El joven tiene un negocio de hamburguesas, en el que deja a dos personas a cargo mientras él hace «muchísimas otras cosas más», como mensajería, barbería y carreras de transporte en su moto por Caracas, todo para llevar el sustento a casa, donde vive con su pareja y su hija de 6 años.
Está en constante movimiento, trasladándose de un punto de la ciudad a otro, de lunes a lunes, pero lo que anhela es tener un solo trabajo, que le dé para que su familia pueda vivir y estar bien, en lugar de sentirse estresado todos los días, buscando qué hacer para mejorar los ingresos.
«Muchas cosas por mejorar»
Unos 7,32 millones de venezolanos salieron de su país en los últimos años, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela.
El gobierno afirma que más de 300.000 regresaron por sus propios medios al país desde 2020 hasta enero pasado, y otros 30.900, a través del Plan Vuelta a la Patria, puesto en marcha en 2018 para facilitar el retorno de migrantes que fueron víctimas de xenofobia en naciones receptoras.
Entre los retornados se encuentra Klisbely Echezuria, quien llegó a Venezuela en julio, luego de cinco años en Colombia, y aunque el país que encontró dista del que dejó en 2018 -cuando la hiperinflación cerró en 130.060 %, según cifras oficiales, y había una escasez generalizada de productos-, todavía faltan muchas cosas por mejorar, sobre todo, los servicios y los altos precios, lo que la hace pensar en emigrar otra vez.
«Me gustaría vivir en mi país. ¿A quién no? Pero con mejor economía y servicios básicos. Todo está muy caro», dijo a EFE Echezuria, de 28 años.
Durante un tiempo vivió, junto a varias tías, en un apartamento sin cocina, cama ni ventilador en Urabá, Colombia. Luego, se reencontró con su esposo -también migrante- en Cali, donde estudió para convertirse en técnico profesional en uñas artificiales.
Trabajó en, al menos, ocho establecimientos durante su estadía en el país andino, principalmente peluquerías y espás, antes de hacer manicura de manera independiente.
Finalmente, decidió regresar a su país, pero por motivos familiares, ajenos a cualquier actividad laboral o económica.
La familia, lo primero
La familia fue también lo que empujó a Freddy Carrero a volver a Venezuela junto con su esposa y dos hijastras, tras cuatro años en Colombia. Llegó en enero, cuando vio un país «totalmente» diferente al de 2019, por lo que decidió «echar raíces de nuevo» en su tierra.
«En el 2019, cuando yo me iba, todavía estaban los supermercados vacíos. Ahorita consigues alimentos por todos lados», dijo a EFE Carrero, ingeniero de sistemas de 30 años.
El fallecimiento de su papá, en 2021, lo movió fuertemente, sobre todo porque no pudo estar presente en sus últimos momentos, lo que hizo que empezara a surgir en él una necesidad de volver para estar cerca de la familia.
Ahora, con su ingreso como administrador en un negocio familiar y el de su esposa, puede, en parte, cubrir lo básico, para lo que se requieren unos 100 dólares mensuales por persona, de acuerdo con estimaciones independientes.
Según argumenta el gobierno, miles de venezolanos han regresado porque «la situación económica comienza a ser mejor». Otros, como Echezuria y Carrero, volvieron por la familia.
El Nacional
Un camino calamitoso le ha tocado atravesar a Javier Oropeza, alcalde opositor del municipio Torres del estado Lara, la segunda jurisdicción más importante del estado Lara.
Hoy en un exilio forzado, Oropeza luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, padeció en carne propia la persecución y amedrentamiento por parte del gobierno de Nicolás Maduro. A él y a su equipo de trabajo, entre otros supuestos delitos, los acusa de omisión y responsabilizan de los diferentes hechos violentos registrados en Carora en los días posteriores a los comicios.
La recia cacería comenzó el 29 de julio luego de que se presentara una situación irregular a las puertas del la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, cuya protesta por algunos factores de oposición se tornara violenta.
En medio de esta situación, sostuvo Javier Oropeza en entrevista para La Patilla que, emitió un comunicado a la población torrense, donde además hizo un llamado a la calma y la paz. En ese mismo comunicado, le manifestó al prefecto del municipio Torres, representante de la Gobernación de Lara por este municipio que por ser un ente municipal, no disponía de organismos de seguridad, así como tampoco, tenía competencias sobre los diferentes organismos existentes.
Detalla el mandatario local que aproximadamente a las 3.00 de la tarde del 30 de julio la situación frente al PSUV se comenzó a salir de control y que, a pesar de estar acordonada por funcionarios de la Guardia y Policía Nacional Bolivariana, esos terminaron retirándose en un punto determinado de la situación.
Resaltó también que en esta situación resultó herido un joven identificado como Walter Páez Lucena, quien falleció unos días después de haber sido ingresado al Hospital Central de Barquisimeto.
Lo señalan de omisión
Comenta el burgomaestre que la persecución hacia él, su equipo y colaboradores comenzó luego de que el Ministro de Información y Comunicación Freddy Ñañez, lo acusara directamente de omisión sobre el incendio a la sede del PSUV y la radio comunitaria Venceremos por lo que solicitaba a la Fiscalía de la República, investigar los hechos.
Desde entonces, inició el suplicio para Oropeza, su familia y su equipo, principalmente.
Cuenta Javier Oropeza que una vez realizados estos señalamientos, tuvo que resguardarse y en medio de ese resguardo, hubo un intento de secuestro hacia sus dos hijas (10 y 12 años), quienes al momento de trasladarse hacia la residencia de su abuelo materno en Barquisimeto, fueron perseguidas por funcionarios de seguridad, quienes al parecer, pretendían secuestrarlas.
En medio de esa situación detalla el alcalde que gracias a la rápida acción de los vecinos, estos lograron proteger a las niñas y las mantuvieron resguardadas por al menos ocho días, hasta que logaron encontrarse con su madre.
Allanamientos e incautación
El 6 de agosto, el Estado arrecia las medidas, comenzando con el allanamiento de su vivienda y empresa comunicacional, Diario El Caroreño, ambos ubicados en la Zona Colonial de Carora.
Sobre esto, detalla que los funcionarios ingresaron a las instalaciones, sin ningún tipo de orden, nada más que se trataba de “una orden presidencial” y hasta la fecha, tanto su vivienda como la sede del periódico, se encuentran incautadas y pudieron conocer que han sido desvalijadas.
Pero, los allanamientos no terminaron en El Caroreño y su vivienda, sino que se trasladaron hacia su finca que además es un centro de recría e investigación genética de la raza Senepol – Carora.
Es necesario mencionar que la finca es una propiedad familiar que ha pasado de generación en generación, lo que confunde a Oropeza quien ha manifestado que sus bienes no son provenientes de hechos de corrupción, razón por la cual no admite que el Estado tenga que meterse con lo que por tantos años han trabajado.
Serían funcionarios del Sebin y Conas los que mantienen tomadas e incautadas sus propiedades, entre ellos también, el edificio del Diario de Lara en la ciudad Barquisimeto, medio de comunicación vespertino, también propiedad de Oropeza el cual dejó de funcionar desde hace algunos años.
Menciona el mandatario torrense que hasta el momento no se le ha permitido ni a sus abogados ni a sus familiares, el acceso las propiedades incautadas por lo que no han podido conocer sobre el estatus de esos procedimientos.
Equipo de gobierno resguardado
Todo el gabinete de gobierno de Oropeza se encuentra resguardado, sus directores y dos concejales de la fracción opositora de la Cámara Municipal de Torres también están siendo señalados, así como otros dirigentes opositores de la ciudad, cuyas viviendas también han sido allanadas.
El pasado 8 de agosto, comentó el burgomaestre que fue detenido el director de gobierno abierto, Endrick Medina, al momento en que se encontraba saliendo del palacio municipal.
El PSUV nombra a alcaldesa encarga
En medio de la ausencia temporal, Javier Oropeza nombró a la licenciada Iraida Timaure como alcaldesa encargada del municipio, para poder darle curso al decreto, este debía ser publicado en la Gaceta Oficial, cuya oficina se rige por el Concejo Municipal el cual es de mayoría oficialista pero este no hizo la publicación del decreto por lo que el contencioso administrativo admitió el amparo a favor de ellos y en menos de los 15 días reglamentarios nombraron a una alcaldesa encargada.
“Aquí lo que hay es un alcalde ausente porque no me han permitido defenderme”, puntualizó.
Carora militarizada
Así como el alcalde, su familia, equipo y colaboradores cercanos han sido objeto de persecución y amedrentamiento, así mismo ha sido sometida la colectividad en general en Carora, quienes viven momentos de incertidumbre diaria con la presencia de cuerpos de seguridad del Estado en toda la ciudad.
Esto ha traído como consecuencia el resguardo de muchas personas.
Sin derecho a la defensa
Asegura Oropeza que esto es una acción completamente política, donde no se le ha permitido el derecho a la defensa, así como tampoco han podido conocer el estatus judicial.
Por esa razón ve con preocupación lo que está sucediendo en el país, donde la población en general está sumida en el miedo e incertidumbre razón por la cual sigue abogando a que haya un entendimiento y el país retome la paz y la tranquilidad.
“Hemos hecho un llamado al fiscal general de la república a que pongan los ojos sobre Carora”, mencionó, al tiempo en que solicita se haga una investigación seria de los hechos.
“Seguiré en el exilio hasta que me den garantías de regresar”, aseguró y agregó que estarán resguardados hasta que les garanticen el derecho a la defensa.
Finalmente, indicó que se mantiene con la frente en alto, trabajando y convencido de que no han obrado mal, por el contrario, cataloga estas acciones como un irrespeto a la voluntad del pueblo manifestada el 21 de noviembre del año 2021 cuando resultó electo como alcalde del municipio Torres.
“La esperanza sigue intacta y a pesar de las adversidades, nuestro ánimo de lucha continúa”.
Cortesía La Patilla / Foto: Mario Sosa
