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Motopiruetas podrían disparar accidentes que hospitales no tienen capacidad de atender
Con la declaración de las motopiruetas como deporte nacional, se prevé un aumento en la práctica de esta actividad en todo el territorio nacional que amenaza con disparar el número de accidentes en las vías públicas o en los sitios que se destinen para tal actividad.
Expertos en vialidad y personal médico consultados por TalCual advierten que la decisión del gobernante Nicolás Maduro, aunado a la falta de políticas públicas y una debida regulación, convierte a las motoriruetas en un riesgo de salud pública que los hospitales no están en capacidad de atender, debido a la precariedad en la que se encuentran.
El pasado 8 de junio, Nicolás Maduro declaró a las motopiruetas como un deporte nacional. Ese día el gobernante aseveró que la decisión busca reducir la discriminación, la represión y la inseguridad para quienes hacen esta práctica.
El gobernante anunció que los espacios del Poliedro de Caracas se convertirán en una pista de entrenamiento y que en el resto de las entidades las alcaldías y las gobernaciones deben adecuar espacios para este fin. Aunque dijo que se impulsará una ley —de la que hasta el momento no se tienen detalles—, no hizo mención a la forma en la que el Estado atenderá las emergencias que se produzcan por esta actividad.
Una semana después del anuncio de Maduro, el Observatorio de Seguridad Vial (OVSV) registró cinco muertes por estas prácticas. Al igual que Asotránsito, el OVSV señala que la declaración ha debido gestarse junto a un conjunto de políticas públicas que garanticen la salud y la integridad de los «deportistas» y el orden público, pues subrayan que si no hay un buen manejo gubernamental en el tema, el deporte podría convertirse en un problema de salud pública.
«Aproximadamente de tres a cuatro personas mueren diariamente en accidentes de tránsito solo en Caracas. Yo me pregunto si tú (gobierno) tienes los recursos para abrir un espacio para que en cada sitio de Venezuela en el que se practique ‘motopirueta’ las personas puedan ser atendidas», opina sobre el tema Lilian Romero, directora de Asotránsito.
Según la Encuesta Nacional de Hospitales, en Venezuela funcionan cuatro quirófanos por cada centro de salud, cuando la media internacional podría estar girando entre 10 y 15
Áreas de traumatologías sin capacidad
Las «motopiruetas» ponen en alerta a organizaciones vinculadas a la salud y la seguridad vial debido a un eventual aumento de accidentes. Venezuela es el décimo país de Suramérica con más decesos por accidentes de tránsito vehicular. Cifras divulgadas, en 2019, por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial señalan que en el territorio nacional mueren cerca de 11.000 personas al año por estos incidentes.
Jaime Lorenzo, director ejecutivo de Médicos Unidos por Venezuela, subraya que en el país hay un problema de salud pública que se ha profundizado cada vez más. Apunta que no es solo estructural, sino también humano, debido a que una gran cantidad de profesionales —30.000 según estimaciones de la Encuesta Nacional de Hospitales— salieron de la nación debido a la emergencia humanitaria compleja.
Añade que como todos los pacientes del país, quienes tengan algún incidente traumatológico, en este caso por accidentes con motos, deben bregar con el desabastecimiento y la fuga de talento que sufren todos los hospitales.
El estudio de la ENH deja ver la precariedad que hay en los hospitales del país, incluso en los más grandes. Los centros estudiados en el mencionado estudio son considerados tipo III y IV. Los recintos, agrega el documento, distan mucho de cumplir con los estándares normales de esos tipos de centros sanitarios de tal magnitud.
Según la encuesta, en Venezuela funcionan cuatro quirófanos por cada centro de salud, cuando la media internacional podría estar girando entre 10 y 15. El informe de la ENH expresa que esa es la explicación de la existencia de las largas listas de espera para que los pacientes sean operados y que los mismos deben esperar meses, cuando sus dolencias no son consideradas de urgencia.
En Caracas los centros de salud públicos que cuentan con servicio de traumatología son el Hospital Universitario, el Domingo Luciani, el Hospital general de Lídice Dr. Jesús Yerena, el Miguel Pérez Carreño, el hospital Militar y el Periférico de Coche.
Lorenzo, médico especialista en salud pública, explica cómo es la cadena de operatividad en los hospitales. Primero, dice, están las salas de emergencia que es el primer sitio dentro del recinto al que llegan los pacientes. «Son de usos múltiples pues ahí van a llegar personas que necesitarán atención por medicina interna, cirugía, trauma shock y traumatología», detalla.
Apunta que «uno de los grandes problemas es hacer el diagnóstico de los traumas» debido a que para eso se necesita hacer radiografías y en los hospitales no hay cómo hacer una, «porque esos servicios están cada día más comprometidos en su capacidad de ayudar a hacer diagnósticos».
El padecimiento no acaba ahí. Aunque el doctor asoma que, en la teoría, luego de estar en emergencias los pacientes deben pasar a la unidad de traumatología, en la práctica, una vez se define lo que se hará para atender su trauma «el paciente tendrá que permanecer en la emergencia hasta que se desocupe una cama en el servicio de traumatología».
Jaime Lorenzo menciona que luego que se logra diagnosticar el traumatismo, corresponde hacer la inmovilización de fracturas, que puede ser desde poner un yeso o una férula, hasta operaciones complejas.
Menciona que las lesiones más comunes que pueden sufrirse cuando se tiene un accidente con moto son traumatismos craneoencefálicos, «uno de los más frecuentes y violentos», fracturas de miembros inferiores y luego superiores, «estos últimos sobre todo se tienen por accidentes por piruetas», además de lesiones por arrastre de piel sobre el pavimento.
«Aquí se viene otro problema: los materiales son caros y si no hay ni para atender fracturas comunes mucho menos para atender otras que son más complejas (…) todo esto configura un panorama no muy bueno para los jóvenes que en su momento de mayor productividad quedan postrados esperando por ser operados».
La Encuesta Nacional de Hospitales (ENH) detalla en un informe, publicado en febrero de 2024, que un ciudadano necesita al menos 81 dólares en insumos para poder ser ingresado a quirófano, o lo que es lo mismo, 22,5 salarios mínimos al entender que un ciudadano recibe 130 bolívares (unos 3,6 dólares) al mes por concepto de este ítem. De acuerdo con el estudio, un paciente necesita mínimo tres paquetes de sutura, analgésicos para el dolor, batas para pacientes, suero fisiológico, botas y batas para médicos, entre otros insumos; dando un total de 2.932,63 bolívares solo en este rubro.
Lorenzo, al preguntársele sobre el tiempo estimado de atención que puede tener un paciente con algún traumatismo, destaca que el tiempo dependerá del bolsillo de sus familiares, porque «si hay dinero para comprar los materiales (debido a que en los hospitales no hay) la persona puede ser operada rápido, en caso contrario debe esperar».
Agrega que otro factor fundamental en estas atenciones y procesos de recuperación es la fase de la rehabilitación que, «por cierto, este sistema tiene la mismas fallas y deficiencias materiales y humanas que el resto de las unidades».
Jaime Lorenzo resalta que para mejorar la situación antes descrita no se trata solo de poner un hospital, sino de educar hasta que la gente haga las cosas «bien hechas» y eso pasa por cumplir las normas de seguridad en las vías. Específicamente en el caso de las «motopiruetas», considera que esta disciplina, antes de ser declarada como deporte nacional ha debido reglamentarse. «No se sabe cuáles son las condiciones que hay que cumplir para practicarlas y tampoco se ha hecho lo suficiente para dejar claro que no es en la calle».
Gobierno auspicia el riesgo con motopiruetas
Sobre el tema, Gustavo Villasmil, planificador y gestor en materia sanitaria, asevera que no hay oferta ni humana, ni estructural ni de equipos que permitan restituir la salud de una persona que tenga un accidente por moto. A su juicio, es evidente la «inmensa irresponsabilidad, en términos de ejercicios de función» del Estado.
Villasmil, también médico cirujano, califica la declaración del mandatario como un absurdo, porque si no se responde debidamente a los accidentes de tránsito nada asegura que vaya a ser distinto con quienes hacen «motopiruetas» por el solo hecho de que en los hospitales no hay capacidad.
Para septiembre 2023, en el Informe Semi Anual de la Encuesta Nacional de Hospitales, se registró un 74% de desabastecimiento en los insumos críticos de pabellones; lo que quiere decir que, sumado a que no hay quirófanos suficientes, tampoco hay los insumos para poder atender a los pacientes, lo que obliga a pacientes y familiares a tener que costearlos para poder acceder a las cirugías.
Lo anterior es corroborado por Villasmil, quien destaca que hay tres ámbitos en los que la atención es precaria. El primero que enumera es el factor cultural que -apunta- tiene que ver con la capacidad del Estado para educar a la gente; esto fortalecería la mitigación de riesgos.
Apunta que le sigue el triaje: «¿Se sabe para dónde se debe llevar a cada paciente según lo que haya sufrido?», se pregunta. Explica que en esta fase se evalúan puntos específicos para saber a qué centro de salud debería llevarse a un paciente.
«Una persona puede derrapar y tener una fractura de tibia, que también es una de las lesiones más comunes. Otro paciente puede chocar y sufrir un politraumatismo: en los países donde está ordenado el sistema de salud el primer caso va a un centro de atención donde se dé auxilio básico, pero el segundo debe ir de inmediato a un centro capaz de atender patologías más complejas», señala.
Lo que ocurre en Venezuela es que ambos casos son llevados al hospital más cercano, cumpla o no con la capacidad de atender esto «y lo peor es que al llegar no haya cómo atenderlo».
El tercer punto, dice Villasmil, tiene que ver con las capacidades instaladas para atender el trauma desde el punto de vista patológico.
Para ello, menciona que se necesitan imágenes, quirófanos operativos las 24 horas de los siete días de la semana, cirujanos especialistas, apoyo, cuidados intensivos. «Aquí no abunda nada de eso y cuando te pones a sacar cuenta eso seguirá siendo así porque nada de eso existe en los hospitales venezolanos», pese a tener las llamadas «sala Bera» o sala «Yamaha» en algunos recintos, en alusión a la cantidad de accidentes con motos que atienden.
Villasmil enfatiza en que con la declaración de las «motopiruetas» como deporte nacional el gobierno de Nicolás Maduro auspicia una situación de riesgo que no tendrá como manejar.
El pasado mes de mayo, el Observatorio de Seguridad Vial registró 284 accidentes de tránsito, en los que murieron 101 personas: 77 hombres, 18 mujeres y seis menores de edad. En su balance mensual, la ONG reportó 80 colisiones, 33 vuelcos de vehículos, 33 arrollamientos, 50 derrapes de moto, 35 choques con objetos fijos y 28 choques entre vehículos. De los fallecidos, 35 hombres eran motorizados, siete iban como parrilleros o acompañantes, cuatro eran pasajeros en una unidad de transporte público y cinco fueron arrollados en la vía pública.
En cuanto a los tipos de vehículos involucrados en los accidentes, se contabilizaron 196 motos, 195 vehículos particulares, 27 de carga –liviana y/o pesada, 25 autobuses, una bicicleta y un cuatrimoto. Para Luis Cedeño, director de la mencionada ONG, la medida de Maduro puede generar confusión en muchos sectores de la población. Agrega que es conveniente, por un lado, hacer campañas para que la gente sepa que estas actividades no son permitidas en las vías públicas y, por otro lado, fortalecer los sistema de atención de la salud.
Personal médico del estado Nueva Esparta reportó que tras la declaración de Maduro, el área de Traumatología del Hospital Dr Luis Ortega, ubicado en Porlamar, terminó de rebasar los límites de capacidad de acción de ese servicio debido a accidentes con motorizados.
«Si a un muchacho le pasa algo, el padre y la madre deben saber que no hay nada que ofrecer en un hospital. Si no hay aparato para hacer resonancias magnéticas ¿qué quedará para hacer estudios especializados a una persona que tenga, por ejemplo, un trauma craneoencefálico porque tuvieron un accidente y el casco que tenía no era seguro, como en la mayoría de los casos?», subraya Gustavo Villasmil.
El experto afirma que el éxito de un hospital de politraumas es que no se llene, porque ese es un paciente que tiene un alto riesgo de morir y el que no muere queda postrado y menoscabado para siempre. «Esta declaración atenta contra la generación de la salud».
El pasado 20 de junio, José Antonio Narváez, presidente del Colegio de Médicos de Nueva Esparta, dijo a medios de esa entidad que tras la declaración de Maduro, el área de Traumatología del Hospital Dr Luis Ortega, ubicado en Porlamar, terminó de rebasar los límites de capacidad de acción de ese servicio. Señaló que no han logrado cuantificar las estadísticas, pese a esto no tiene dudas que los accidentes se dispararon aún más después de la medida.
«La responsabilidad queda de parte de quienes se atrevieron a decretar eso y por la cantidad de motorizados que tienen ocupada el área de trauma en el Hospital Luis Ortega», dijo Narváez.
Villasmil reitera el alerta ante la ocurrencia de accidentes porque no habrá CDI u hospital que los pueda atender. «Esta es otra evidencia de la irresponsabilidad estructural del Estado”, añade.
Indumentaria básica para maniobras peligrosas en motos
Cenis Manuel Hernández, profesor de la Escuela Manejo Seguro y Destrezas en Motocicletas, destaca que el manejo seguro siempre va a depender, de las habilidades y destrezas que tenga el piloto. Es por eso que se debe hacer una campaña donde, se concientice el aprendizaje en manejo manejo técnico para así lograr buen desempeño. |
TalCual
Un camino calamitoso le ha tocado atravesar a Javier Oropeza, alcalde opositor del municipio Torres del estado Lara, la segunda jurisdicción más importante del estado Lara.
Hoy en un exilio forzado, Oropeza luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, padeció en carne propia la persecución y amedrentamiento por parte del gobierno de Nicolás Maduro. A él y a su equipo de trabajo, entre otros supuestos delitos, los acusa de omisión y responsabilizan de los diferentes hechos violentos registrados en Carora en los días posteriores a los comicios.
La recia cacería comenzó el 29 de julio luego de que se presentara una situación irregular a las puertas del la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, cuya protesta por algunos factores de oposición se tornara violenta.
En medio de esta situación, sostuvo Javier Oropeza en entrevista para La Patilla que, emitió un comunicado a la población torrense, donde además hizo un llamado a la calma y la paz. En ese mismo comunicado, le manifestó al prefecto del municipio Torres, representante de la Gobernación de Lara por este municipio que por ser un ente municipal, no disponía de organismos de seguridad, así como tampoco, tenía competencias sobre los diferentes organismos existentes.
Detalla el mandatario local que aproximadamente a las 3.00 de la tarde del 30 de julio la situación frente al PSUV se comenzó a salir de control y que, a pesar de estar acordonada por funcionarios de la Guardia y Policía Nacional Bolivariana, esos terminaron retirándose en un punto determinado de la situación.
Resaltó también que en esta situación resultó herido un joven identificado como Walter Páez Lucena, quien falleció unos días después de haber sido ingresado al Hospital Central de Barquisimeto.
Lo señalan de omisión
Comenta el burgomaestre que la persecución hacia él, su equipo y colaboradores comenzó luego de que el Ministro de Información y Comunicación Freddy Ñañez, lo acusara directamente de omisión sobre el incendio a la sede del PSUV y la radio comunitaria Venceremos por lo que solicitaba a la Fiscalía de la República, investigar los hechos.
Desde entonces, inició el suplicio para Oropeza, su familia y su equipo, principalmente.
Cuenta Javier Oropeza que una vez realizados estos señalamientos, tuvo que resguardarse y en medio de ese resguardo, hubo un intento de secuestro hacia sus dos hijas (10 y 12 años), quienes al momento de trasladarse hacia la residencia de su abuelo materno en Barquisimeto, fueron perseguidas por funcionarios de seguridad, quienes al parecer, pretendían secuestrarlas.
En medio de esa situación detalla el alcalde que gracias a la rápida acción de los vecinos, estos lograron proteger a las niñas y las mantuvieron resguardadas por al menos ocho días, hasta que logaron encontrarse con su madre.
Allanamientos e incautación
El 6 de agosto, el Estado arrecia las medidas, comenzando con el allanamiento de su vivienda y empresa comunicacional, Diario El Caroreño, ambos ubicados en la Zona Colonial de Carora.
Sobre esto, detalla que los funcionarios ingresaron a las instalaciones, sin ningún tipo de orden, nada más que se trataba de “una orden presidencial” y hasta la fecha, tanto su vivienda como la sede del periódico, se encuentran incautadas y pudieron conocer que han sido desvalijadas.
Pero, los allanamientos no terminaron en El Caroreño y su vivienda, sino que se trasladaron hacia su finca que además es un centro de recría e investigación genética de la raza Senepol – Carora.
Es necesario mencionar que la finca es una propiedad familiar que ha pasado de generación en generación, lo que confunde a Oropeza quien ha manifestado que sus bienes no son provenientes de hechos de corrupción, razón por la cual no admite que el Estado tenga que meterse con lo que por tantos años han trabajado.
Serían funcionarios del Sebin y Conas los que mantienen tomadas e incautadas sus propiedades, entre ellos también, el edificio del Diario de Lara en la ciudad Barquisimeto, medio de comunicación vespertino, también propiedad de Oropeza el cual dejó de funcionar desde hace algunos años.
Menciona el mandatario torrense que hasta el momento no se le ha permitido ni a sus abogados ni a sus familiares, el acceso las propiedades incautadas por lo que no han podido conocer sobre el estatus de esos procedimientos.
Equipo de gobierno resguardado
Todo el gabinete de gobierno de Oropeza se encuentra resguardado, sus directores y dos concejales de la fracción opositora de la Cámara Municipal de Torres también están siendo señalados, así como otros dirigentes opositores de la ciudad, cuyas viviendas también han sido allanadas.
El pasado 8 de agosto, comentó el burgomaestre que fue detenido el director de gobierno abierto, Endrick Medina, al momento en que se encontraba saliendo del palacio municipal.
El PSUV nombra a alcaldesa encarga
En medio de la ausencia temporal, Javier Oropeza nombró a la licenciada Iraida Timaure como alcaldesa encargada del municipio, para poder darle curso al decreto, este debía ser publicado en la Gaceta Oficial, cuya oficina se rige por el Concejo Municipal el cual es de mayoría oficialista pero este no hizo la publicación del decreto por lo que el contencioso administrativo admitió el amparo a favor de ellos y en menos de los 15 días reglamentarios nombraron a una alcaldesa encargada.
“Aquí lo que hay es un alcalde ausente porque no me han permitido defenderme”, puntualizó.
Carora militarizada
Así como el alcalde, su familia, equipo y colaboradores cercanos han sido objeto de persecución y amedrentamiento, así mismo ha sido sometida la colectividad en general en Carora, quienes viven momentos de incertidumbre diaria con la presencia de cuerpos de seguridad del Estado en toda la ciudad.
Esto ha traído como consecuencia el resguardo de muchas personas.
Sin derecho a la defensa
Asegura Oropeza que esto es una acción completamente política, donde no se le ha permitido el derecho a la defensa, así como tampoco han podido conocer el estatus judicial.
Por esa razón ve con preocupación lo que está sucediendo en el país, donde la población en general está sumida en el miedo e incertidumbre razón por la cual sigue abogando a que haya un entendimiento y el país retome la paz y la tranquilidad.
“Hemos hecho un llamado al fiscal general de la república a que pongan los ojos sobre Carora”, mencionó, al tiempo en que solicita se haga una investigación seria de los hechos.
“Seguiré en el exilio hasta que me den garantías de regresar”, aseguró y agregó que estarán resguardados hasta que les garanticen el derecho a la defensa.
Finalmente, indicó que se mantiene con la frente en alto, trabajando y convencido de que no han obrado mal, por el contrario, cataloga estas acciones como un irrespeto a la voluntad del pueblo manifestada el 21 de noviembre del año 2021 cuando resultó electo como alcalde del municipio Torres.
“La esperanza sigue intacta y a pesar de las adversidades, nuestro ánimo de lucha continúa”.
Cortesía La Patilla / Foto: Mario Sosa
