Nacional
ANM expresa preocupación por baja cobertura de vacunas
La Academia Nacional de Medicina de Venezuela (ANM) reiteró este lunes su preocupación por las bajas tasas de cobertura de vacunación entre los niños, adolescentes y bebés del país. Según un informe reciente de Unicef, casi tres de cada cuatro bebés en todo el mundo viven en países donde la cobertura de vacunación inadecuada ya ha desencadenado brotes de sarampión.
En 2023, Venezuela ocupó el puesto número 1 entre 33 países con la cobertura más baja de la primera dosis contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP1). También se ubicó entre los 10 países con mayor número de niños con cero dosis. Venezuela está clasificado como un país de «contexto frágil» con baja cobertura de DTP, junto a naciones como Etiopía, Nigeria, Yemen, Afganistán y Sudán, informó la Academia Nacional de Medicina a través de un comunicado.
Las tasas de vacunación mundial para la primera dosis de la vacuna contra el sarampión alcanzaron solo el 83% en 2023, mientras que la cobertura para la segunda dosis aumentó a solo el 74%. En Venezuela, la segunda dosis de vacunas que contienen sarampión apenas alcanzó el 40%. Esta cifra está muy lejos del umbral de cobertura del 95% necesario para prevenir brotes, evitar muertes innecesarias relacionadas con el sarampión y alcanzar los objetivos de eliminación del sarampión, alertó la ANM.
La cobertura de la vacuna contra el VPH en Venezuela sigue siendo una deuda social significativa, ya que la vacuna no se ha incluido en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Las últimas estimaciones destacan la necesidad urgente de acelerar los esfuerzos para alcanzar los objetivos de la Agenda de Inmunización 2030, que pide alcanzar una cobertura del 90-95% y reducir el número de niños con «cero dosis» en todo el mundo a menos de 6,5 millones para el año 2030.
La ANM insta a las autoridades sanitarias venezolanas a aumentar la inversión en medidas preventivas, particularmente en los programas de inmunización infantil y adulta. La academia apuntó la necesidad de restaurar prácticas de inmunización sólidas, adquirir vacunas de alta calidad en cantidades suficientes de manera continua y llegar a al menos el 95% de la población susceptible de ser vacunada.
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Fue el 17 de agosto de 2024, cuando la confabulación de distintas instancias del estado venezolano gestaron un golpe de estado contra la primera autoridad civil del Municipio Torres del estado Lara, el Javier Oropeza. Esta autoridad municipal es señalada de autor intelectual de los sucesos postelectorales al 28 de julio, día del incuestionable triunfo de las fuerzas opositoras encabezadas por Edmundo González Urrutia, tras lo cual se desataron despiadadas e insólitas persecuciones contra el propio Alcalde Oropeza, su familia y parte de su tren ejecutivo.
Transcurrido 9 meses, Oropeza no ha sido destituido formalmente de sus responsabilidades. Sin embargo, en esa fecha, fue juramentada la presidente del Concejo Municipal de Torres Lasmit Verde como alcaldesa encargada, una disposición legal que solo ocurriría si es declarada la vacante absoluta del alcalde titular y por espacio de
3 meses.
Oropeza antes de resguardarse en vista de los rumores de una eventual detención, en uso de sus atribuciones dejó como encargada a una de sus directoras, la licenciada Iraida Timaure, también objeto como él de persecuciones judiciales que los obligaron al exilio.
Este golpe al poder municipal ha sido tan irregular e inconstitucional, que a la fecha se siguen incumpliendo con lo establecido en la ley. Oropeza no ha renunciado, es perseguido judicialmente acusado de terrorismo; asimismo, de acuerdo con las actuaciones realizadas por los órganos auxiliares de justicia, como es el caso del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, no se encontraron evidencias que lo incrimen; por el contrario, las pruebas determinan que los bochornosos sucesos violentos fueron productos de la provocación de dirigentes del oficialismo, y la muerte de uno de los manifestantes, como consecuencia de una bala disparada desde la sede del Psuv (partido político oficialista afecto al régimen).
Víctima hoy día de un estado sin derecho, que detiene sin órdenes judiciales, los presenta a tribunales sin derecho a la defensa, tras lo cual permanecen encarcelados por tiempo indefinido y sin juicio, por esas razones abandona el país, mientras sus propiedades familiares eran objetos de confiscaciones.
En mayo se cumplen 10 meses de ese «arrebatón» que el régimen venezolano fraguó contra las fuerzas unitarias opositoras triunfantes en el proceso electoral del 28 de julio de 2024. Desató voraces persecuciones que arrojaron más de 2 mil detenidos, una vez quedaron desenmascarados ante el mundo del vulgar fraude cometido contra el poder soberano del pueblo.
