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Al menos 10% de estudiantes en colegios privados han migrado de Venezuela

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Fausto Romeo, vicepresidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas (Andiep), reveló que un significativo 10% de los estudiantes inscritos en colegios privados han migrado de Venezuela, lo que representa un golpe considerable al sistema educativo del país.

Romeo, en una entrevista para el programa En Este País, destacó que la diáspora ha dejado una huella profunda en el ámbito educativo desde 2016, agravada posteriormente por la pandemia y sus implicaciones. Sin embargo, resaltó que para el año académico 2023-2024 se evidenció una nueva disminución en las matrículas, lo que ha generado preocupación en el sector.

«En promedio, hay un 10% menos. Eso disminuye la tasa de trabajadores porque ya no se necesita la misma cantidad de trabajadores, pero sí estamos al 100% con nuestros trabajadores», afirmó Romeo.

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A pesar de la disminución en las matrículas, enfatizó el compromiso de las instituciones privadas con su personal y señaló que en el sector educativo privado se están pagando salarios que oscilan entre los 180 y 250 dólares mensuales, incluyendo bonos y cestaticket. Algunos colegios, según sus declaraciones, incluso pagan entre 400 y 500 dólares mensuales a sus empleados.

El vicepresidente de Andiep subrayó que, a pesar de la merma en las matrículas, las instituciones están enfocadas en consolidar la calidad educativa y en fortalecer sus estructuras para garantizar el mejor servicio posible a los estudiantes que aún permanecen en sus aulas.

El Nacional

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Noticias

Nuestra sede usurpada

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Han pasado 6 meses exactos de la arremetida arbitraria y cobarde por parte del régimen contra nuestra sede ubicada en la Zona Colonial de Carora. Allanada sin que mediara una orden judicial, actualmente alberga una cantidad ilimitada de esbirros que se están aprovechando de lo ajeno.

¿La razón? De acuerdo con los invasores, la ocupación se produce por una presunta orden emanada desde la presidencia, sin que llegaran a mostrar un documento y orden que lo certificara. Vino acompañada esa agresión a nuestras instalaciones con abusivos amedrentamientos contra el personal de mantenimiento del edificio, y bloqueo del paso de la calle San Juan, entre Bolívar y Torres, que alteró la paz de los vecinos.

El ensañamiento y la presión para obtener información sobre el paradero del director Mario Sosa y del editor-presidente, y a su vez alcalde Javier Oropeza, desató una ola de comentarios que despertaron mucha incertidumbre.

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Rápidamente la información sobre el allanamiento circuló por todo el país. La toma arbitraria de una institución dedicada a informar desde hace 24 años no pasó inadvertida, motivando preocupaciones y condenas. Se confirmó con ello lo que a voces el mundo conoce: que Venezuela vive una dictadura, está vez sin careta.

La acción de estos lacayos resentidos de una revolución moribunda, estuvo dirigida por Julio Chávez y Elvis Méndez. Sobran testimonios de las veladas intenciones de Julio Chávez de querer desmoronar el patrimonio familiar de Javier Oropeza.

No conformes con atacar el diario de los torrenses, también arremetieron en simultáneo contra nuestra sede hermana en Barquisimeto, «El Diario de Lara», otro de los bienes pertenecientes a Oropeza.

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El hostigamiento contra Mario Sosa como director por la cobertura de los actos convocados por la oposición venezolana luego del 28 de julio, lo llevó a abandonar el país. Además, lograron desarticular al equipo humano que laboraba a diario con Sosa; a la par, incautaron bienes del medio de comunicación de manera desmedida, causando pérdidas incalculables y dejando sin empleo a los trabajadores.

Hoy, a pesar de las acciones radicales y cobardes de la dictadura, EL CAROREÑO continúa siendo la voz de los torrenses con las limitaciones que las circunstancias han impuesto. Seguimos manteniendo el canal informativo a través de las redes sociales, pese a las adversidades.

Los torrenses hoy, quedaron a merced de cuestionados comunicadores rendidos por unas lochas. Le pusieron precio a la dignidad y los convirtieron en cómplices del régimen. Ahora, lo que reina en Carora, es un libertinaje en las distintas plataformas digitales.

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A seis meses de ser despojados de su sede, EL CAROREÑO sigue siendo una institución. No se trata de Mario Sosa o Javier Oropeza los vulnerados, es todo un municipio al que le han confiscados su derecho a estar informado.

Como buenos hijos de esta tierra repleta de historia periodística, seguiremos luchando por el derecho inalienable de seguir informando con la verdad por delante y sin ocultar nada.

Seguro estamos que este paréntesis ajeno a nuestra voluntad será breve, y prontamente regresaremos a la casa de siempre.

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Agradecemos a los medios que se han solidarizado con nuestra situación, y que acompañamos en la causa de quienes enarbolamos la libertad de expresión y el derecho constitucional a estar informados.

 

Mario Sosa, desde el exilio. 

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