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Marchan en contra de la pedofilia
Con una iniciativa por parte de la directiva de la Escuela Nacional Bolivariana “Trinidad Samuel” en la localidad de Quebrada Arriba parroquia El Blanco, los estudiantes de dicha institución alzaron su voz para impulsar la campaña denominada “La Pedofilia es un crimen”.
Con la presencia de más de 900 personas entre niños, adolescentes y representantes se llevó a cabo esta importante campaña, en una marcha recorriendo las principales calles de esta localidad torrense.
En el marco de la campaña “La Pedofilia es un crimen” el equipo multidisciplinario integrado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de la Delegación Carora, Defensa Pública, Fundación del Niño Torres, los Consejos de Protección y Derechos del Niño Niña y Adolescente, acompañaron al pueblo de Quebrada Arriba en la marcha para concientizar a las comunidades que integran la parroquia El Blanco, sobre este tema que debe ser abordado desde las manifestaciones presentadas por los menores de edad y recurrir a las instancias legales.
El mensaje de la campaña busca concientizar a toda la sociedad en base al cuidado y trato que deben tener los menores, así como el abuso en el que son sometidos, muchas veces bajo amenazas.
Con globos de color verde, pancartas y consignas los niños llevaron el mensaje “Los niños no se tocan” y «No al abuso infantil».
Mario Sosa / Fotos: Cortesía
Fue el 17 de agosto de 2024, cuando la confabulación de distintas instancias del estado venezolano gestaron un golpe de estado contra la primera autoridad civil del Municipio Torres del estado Lara, el Javier Oropeza. Esta autoridad municipal es señalada de autor intelectual de los sucesos postelectorales al 28 de julio, día del incuestionable triunfo de las fuerzas opositoras encabezadas por Edmundo González Urrutia, tras lo cual se desataron despiadadas e insólitas persecuciones contra el propio Alcalde Oropeza, su familia y parte de su tren ejecutivo.
Transcurrido 9 meses, Oropeza no ha sido destituido formalmente de sus responsabilidades. Sin embargo, en esa fecha, fue juramentada la presidente del Concejo Municipal de Torres Lasmit Verde como alcaldesa encargada, una disposición legal que solo ocurriría si es declarada la vacante absoluta del alcalde titular y por espacio de
3 meses.
Oropeza antes de resguardarse en vista de los rumores de una eventual detención, en uso de sus atribuciones dejó como encargada a una de sus directoras, la licenciada Iraida Timaure, también objeto como él de persecuciones judiciales que los obligaron al exilio.
Este golpe al poder municipal ha sido tan irregular e inconstitucional, que a la fecha se siguen incumpliendo con lo establecido en la ley. Oropeza no ha renunciado, es perseguido judicialmente acusado de terrorismo; asimismo, de acuerdo con las actuaciones realizadas por los órganos auxiliares de justicia, como es el caso del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, no se encontraron evidencias que lo incrimen; por el contrario, las pruebas determinan que los bochornosos sucesos violentos fueron productos de la provocación de dirigentes del oficialismo, y la muerte de uno de los manifestantes, como consecuencia de una bala disparada desde la sede del Psuv (partido político oficialista afecto al régimen).
Víctima hoy día de un estado sin derecho, que detiene sin órdenes judiciales, los presenta a tribunales sin derecho a la defensa, tras lo cual permanecen encarcelados por tiempo indefinido y sin juicio, por esas razones abandona el país, mientras sus propiedades familiares eran objetos de confiscaciones.
En mayo se cumplen 10 meses de ese «arrebatón» que el régimen venezolano fraguó contra las fuerzas unitarias opositoras triunfantes en el proceso electoral del 28 de julio de 2024. Desató voraces persecuciones que arrojaron más de 2 mil detenidos, una vez quedaron desenmascarados ante el mundo del vulgar fraude cometido contra el poder soberano del pueblo.
