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Consulta del Presupuesto Participativo 2024 permite diagnosticar situación de la explotación del carbón

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Por ser una permanente preocupación del alcalde Javier Oropeza, durante las giras que actualmente se realizan a propósito del diagnóstico que se levanta previamente a la discusión del Presupuesto Participativo 2024, de menara simultanea se está obteniendo información sobre la explotación del carbón en el semiárido torrense, una situación que viene trayendo como consecuencias daños irreparables al ecosistema.

En estas giras participa también el Lcdo. Fernando Briceño, jefe de la Unidad de Acervo Cultural y Natural de la Alcaldía de Torres, quien viene recabando información sobre la indiscriminada explotación del carbón, que al parecer ocurre bajo el amparo de funcionarios de uniforme.

En Parapara, capital de la Parroquia Reyes Vargas, según se pudo constatar de las distintas vocerías de las propias comunidades que participaron en la asamblea pro Presupuesto Participativo 2024, se sigue extrayendo carbón en complicidad oficial, cobrando “vacunas” a las comercializadoras. “La explotación del llamado ‘vegetal negro’ se ha tornado complicado –según fuentes de la misma comunidad relata Fernando Briceño– porque la falta de gasoil los lleva a dejar la actividad agrícola y dedicarse a la explotación del carbón”.

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Algo similar se percibió en Camacaro. La producción de carbón se redujo, pero no por falta de gasoil o el cobro excesivo de “peajes”, sino por los bajos precios que se pagan por el carbón derivado del cují y el curarí. Conocimos, explica Fernando Briceño, que las comercializadoras solo quieren carbón extraído de la Vera, porque tiene mejor precio en el mercado internacional. La Vera está casi a niveles de extinción, y hacer carbón con cujíes y curaríes está dejando de ser un buen negocio”, expresa.

En tanto en las zonas rurales de la parroquia Chiquinquirá, particularmente en Las Huertas y alrededores, la explotación del carbón sigue escalando posiciones.

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Inhabilitan al Alcalde Javier Oropeza por 15 años

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La Contraloría General de la República recién publicó en su página web la inhabilitación del alcalde Javier Oropeza, que le impide participar durante 15 años en elecciones o el ejercicio de cualquier cargo público.

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Oropeza, quien aún ostenta su investidura constitucional de alcalde del Municipio Torres ubicado en el Estado Lara, se vio obligado a marchar al exilio junto a su esposa y dos hijas de apenas 10 y 12 años, luego de los sucesos poselectorales del 28 de julio.

En paralelo, le fueron confiscados todos sus bienes, incluyendo una finca y la sede de dos periódicos, El Caroreño y El Diario de Lara, todos los cuales forman parte de un patrimonio familiar de muchos años.

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Además del núcleo familiar del alcalde Javier Oropeza, buena parte de sus tren ejecutivo también sufren consecuencias derivadas de las elecciones del 28-J.

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Entre otros están solicitados o tienen órdenes de captura: la licenciada Anibys Reyes de Oropeza, primera dama; comisario José Sisiruca, chofer del alcalde; ingeniera Joselys Crespo, asistente del alcalde; licenciada Yelitza Álvarez, Directora del Despacho; doctora Ana Julia Rivero, Directora de Desarrollo Social; ingeniero Jesús Camacaro, Director de Infraestructura; profesor José Gregorio Adames, Director de la Sala Situacional, la licenciada Maria Camacaro y el Concejal Wilman Montero.

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PERSECUCIONES

Cabe señalar que en Colombia, el alcalde Javier Oropeza ha sufrido tres intersecciones violentas cuando se movilizaba junto a su familia. Todas ellas denunciadas oportunamente ante las autoridades colombianas.

#Carora #DiarioElCaroreño #Noticias #Venezuela

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