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Alcalde Javier Oropeza sostuvo encuentro con la Cámara de Comercio de Lara
El alcalde Javier Oropeza, junto a la presidente del Instituto de Servicio Municipal de Administración Tributaria (Insemat), Norelys Pinto; y el director de Turismo, Gelsomino Mattia, atendieron la invitación de la Cámara de Comercio del estado Lara, para conversar sobre la nueva Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipio (LOCAPTEM).
El encuentro se llevó a cabo este lunes en horas de la tarde, y el mismo participaron además de la Cámara de Comercio, la Cámara de Industriales, la Asociación de Comerciantes e Industriales del estado Lara y la Asociación de Comerciantes e Industriales de Torres.
Se plantearon ideas y comentarios respecto a la nueva Ley y la extensión de la misma, la cual promueve el equilibrio de la economía con respecto a los impuestos municipales necesarios para el desarrollo de los gobiernos locales.
Oropeza, durante su intervención, explicó que los ingresos de los municipios disminuyeron en gran medida como consecuencia del situado constitucional, que fueron reducidos una vez se excluyó el petróleo de los cálculos que la Constitución establece para definir los situados correspondientes. «Por esa razón, trabajamos con recursos limitados para la ejecución de obras y ayudas a la población», resaltó.
«Esperamos que la entrada en vigencia de esta nueva Ley sea de beneficio para los comerciantes y para el municipio Torres. Desde Insemat seguimos trabajando para brindarle el mejor servicio a los torrenses» señaló Oropeza.
En el conversatorio, se planteó también que el principio de eficiencia establecido en la Ley, genera la necesidad de una modernización del sistema tributario ya que deben garantizar que los tributos y los trámites sean más fácil de recaudar y con mejor control.
Otros planteamientos, son las limitaciones de la autonomía tributaria que contempla esta nueva Ley, que al ser para todos los municipios no considera las diferencia de los mismos en la recaudación por actividades de diferente índole.
Finalmente, se habló del proceso de implementación de la
Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, lo que implica modificación de ordenanzas sobre las cuales ya se debe estar trabajando.
Cortesía
Fue el 17 de agosto de 2024, cuando la confabulación de distintas instancias del estado venezolano gestaron un golpe de estado contra la primera autoridad civil del Municipio Torres del estado Lara, el Javier Oropeza. Esta autoridad municipal es señalada de autor intelectual de los sucesos postelectorales al 28 de julio, día del incuestionable triunfo de las fuerzas opositoras encabezadas por Edmundo González Urrutia, tras lo cual se desataron despiadadas e insólitas persecuciones contra el propio Alcalde Oropeza, su familia y parte de su tren ejecutivo.
Transcurrido 9 meses, Oropeza no ha sido destituido formalmente de sus responsabilidades. Sin embargo, en esa fecha, fue juramentada la presidente del Concejo Municipal de Torres Lasmit Verde como alcaldesa encargada, una disposición legal que solo ocurriría si es declarada la vacante absoluta del alcalde titular y por espacio de
3 meses.
Oropeza antes de resguardarse en vista de los rumores de una eventual detención, en uso de sus atribuciones dejó como encargada a una de sus directoras, la licenciada Iraida Timaure, también objeto como él de persecuciones judiciales que los obligaron al exilio.
Este golpe al poder municipal ha sido tan irregular e inconstitucional, que a la fecha se siguen incumpliendo con lo establecido en la ley. Oropeza no ha renunciado, es perseguido judicialmente acusado de terrorismo; asimismo, de acuerdo con las actuaciones realizadas por los órganos auxiliares de justicia, como es el caso del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, no se encontraron evidencias que lo incrimen; por el contrario, las pruebas determinan que los bochornosos sucesos violentos fueron productos de la provocación de dirigentes del oficialismo, y la muerte de uno de los manifestantes, como consecuencia de una bala disparada desde la sede del Psuv (partido político oficialista afecto al régimen).
Víctima hoy día de un estado sin derecho, que detiene sin órdenes judiciales, los presenta a tribunales sin derecho a la defensa, tras lo cual permanecen encarcelados por tiempo indefinido y sin juicio, por esas razones abandona el país, mientras sus propiedades familiares eran objetos de confiscaciones.
En mayo se cumplen 10 meses de ese «arrebatón» que el régimen venezolano fraguó contra las fuerzas unitarias opositoras triunfantes en el proceso electoral del 28 de julio de 2024. Desató voraces persecuciones que arrojaron más de 2 mil detenidos, una vez quedaron desenmascarados ante el mundo del vulgar fraude cometido contra el poder soberano del pueblo.
