Internacional
Noboa da inicio a construcción de cárcel de máxima seguridad en Ecuador
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, encabezó este viernes la ceremonia de inicio de las obras de construcción de una cárcel de máxima seguridad en el sector Juntas del Pacífico de la parroquia Simón Bolívar, provincia costera de Santa Elena, al occidente del país.
El reclusorio, que se estima estará listo en 300 días, fue desde ya bautizado como «Cárcel del Encuentro», porque según el mandatario ahí se encontrarán corruptos, asesinos y narcotraficantes.
«Esta cárcel va a hacer que cualquiera que busque delinquir se lo piense dos veces», dijo Noboa en el acto, al afirmar que el centro será un símbolo de justicia para los ecuatorianos, donde se hallará «el fin de la impunidad» y «donde los delincuentes, ahora sí, cumplirán las penas de la forma que se merecen».
La Presidencia de Ecuador detalla que para la construcción de esta prisión se invertirán 52 millones de dólares. «El centro contará con módulos de máxima seguridad para el alojamiento de cerca de 800 personas privadas de la libertad (PPL), de alto perfil de peligrosidad o que presentan un alto riesgo de fuga», indica la institución.
La cárcel, agrega la Presidencia, contará con tecnología de punta: red de datos y cableado estructurado, data center y centro de control, bloqueadores de señal celular y wifi, control de acceso, esclusa vehicular, detección perimetral, detección de incendios y detectores de metales, entre otros.
Asimismo, la institución menciona que la «Cárcel del Encuentro» estará equipada con «un avanzado sistema de monitoreo y vigilancia constante a través de inteligencia artificial».
«Hoy marcamos uno de los hitos más importantes en nuestra lucha en contra del terrorismo y las mafias que se enquistaron impunemente en nuestro país durante décadas», añadió Noboa en el acto.
Desde la Presidencia aseguran que la infraestructura se edificará bajo los estándares internacionales utilizados en otras cárceles similares, «como el Centro Federal de Readaptación Social N° 13 de Oaxaca (México) o los módulos de prisión de la conocida ADX Florence o Florence Supermax, de EE.UU.».
En diciembre y enero pasados, Noboa informó que se construirían dos nuevas cárceles. Aparte de esta en Santa Elena, la otra sería levantada en la provincia de Pastaza, en la Amazonía ecuatoriana. Pero, además, señalaba que estaría involucrada en estas obras la misma compañía que hizo las megacárceles de Nayib Bukele en El Salvador.
Protesta
Durante la ceremonia, según reporta Primicias, se escucharon desde un cerro cercano gritos de «no queremos cárcel».
El gobernador de Santa Elena, Fabricio Tamayo, aseguró que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) cedió al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), organismo que maneja las cárceles en Ecuador, 37 hectáreas en total para este centro carcelario, que en sí mismo abarcará 16 hectáreas, refiere El Universo.
No obstante, quienes protestaban afirman que el terreno no pertenece al MAG, sino que es parte de un bosque que sería un área de conservación de la comuna Bajada de Chanduy.
Asimismo, los pobladores indican que la obra se realiza en una propiedad ancestral.
800 Noticias
Human Rights Watch incluyó en su informe sobre los hechos suscitados en Venezuela luego de los comicios del 28 de julio, el caso de la Alcaldía del Municipio Torres, donde se produjo un golpe desde el gobierno a la majestad del poder municipal, legal y constitucionalmente constituido desde el año 2021.
El informe recoge los hechos que desembocaron en una despiadada persecución contra el alcalde Javier Oropeza, su familia y buena parte del tren ejecutivo, una trama orquestada por la dirigencia local e instituciones del estado afectas al partido oficialista, Psuv, dejando entrever una conspiración que solo buscaba apoderarse de la Alcaldía de Torres por vías distintas al electoral.
Se incluyen detalles de cómo se desarrollaron los hechos, en los cuales participaron, además de la dirigencia local del Psuv, el prefecto Elvis Méndez, el gobernador Adolfo Pereira, tribunales de la república y fiscales del Ministerio Público al servicio del régimen. También el Concejo Municipal controlado por ediles oficialistas, que bloqueron con notorias intenciones el Departamento de Publicaciones, bloqueando así la edición de gacetas contentivas de resoluciones y decretos emitidos por el alcalde Javier Oropeza como primera autoridad civil del municipio.
El caso de la Alcaldía de Torres sirve como ejemplo de similares actuaciones desde el régimen contra otras municipalidades en manos de alcaldes opositores, obligados al exilio unos y encarcelados otros.
Unos 50 funcionarios de distintos niveles de la municipalidad torrense tuvieron que salir al exilio, luego de ser objeto de visitas domiciliarias y persecuciones por sujetos vestidos de negro y conduciendo vehículo sin identificación oficial.
En un principio solo mencionaban los nombres del alcalde Javier Oropeza, el director de gobierno Jesús Guillermo Gómez y los concejales opositores Wilman Montero y Ronald Machán. Casi de inmediato la nómina se fue ampliando y rebazó el vaso cuando un vehículo vinotinto entrompa a un grupo de directores que caminaba por una acera adyacente a la alcaldía, siendo secuestrado en un instante el director de gobierno abierto, Endrick Medina, quien hoy día sigue detenido en el Sebin.
Las persecuciones y amedrentamiento no cesaron. Se extendieron contra familiares y bienes patrimoniales de funcionarios municipales. Al alcalde Javier Oropeza le confiscaron la sede de 2 periódicos, su casa familiar en Carora y la finca agropecuaria, un patrimonio familiar y de la ganadería raza Carora; en tanto a la Lcda Iraida Timaure, le confiscaron su casa, su vehículo y el de su hija, además pusieron en fuga a su esposo, también hoy día en el exilio, de lo contrario lo hubiesen detenido.
Este informe dado a conocer por Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, fue elevado a la consideración de la Comisión de Derecho Humanos de la ONU, como también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
