Internacional
La mayor parte de solicitantes de asilo en España procede de Venezuela y Colombia
La mayor parte de los solicitantes de asilo en España en lo que va de año procede de Venezuela y Colombia, con los venezolanos como principales beneficiarios por razones humanitarias, mientras que una mayoría de los colombianos vio rechazada sus solicitudes, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
La organización no gubernamental presentó este lunes en Madrid un informe elaborado con datos del Ministerio del Interior de España, el cual concluye que en comparación con la media europea, España es muy restrictiva al conceder asilo y pide al gobierno flexibilización de los requisitos.
Según CEAR, España fue el tercer país de la Unión Europea (UE) que más peticiones de asilo recibió en 2023 (163.220), solo superado por Alemania (351.510) y Francia (166.880), y también el que menos protección internacional concedió, con 12% de las solicitudes aceptadas (la media europea llega a 42%)
Cerca de 94% de los colombianos no consiguió protección en España, «a pesar de las graves amenazas que sufren activistas y líderes comunitarios» en su país, señala el informe.
El director general de CEAR, Mauricio Valiente, subrayó en la presentación del estudio que Colombia es un país con una intensa violación de derechos humanos y el que más desplazados internos tiene del mundo: «No se entiende que, frente a esta realidad, sea tan reducido el número de protecciones que se dan en España».
De enero a mayo de 2024, 73.130 personas solicitaron a España esa protección internacional. De ellas, 37,3% de Venezuela, 26,5 de Colombia y 6,8% de Perú.
En este período, teniendo en cuenta que una parte son solicitudes pendientes de meses anteriores, fueron denegadas 12.268 peticiones, 54,5% de solicitantes de Colombia, 9,2% de Perú, 5,5% Honduras y 3% de El Salvador.
Y de las 10.861 que fueron concedidas, 42% lo fueron por razones humanitarias. De ellas, 97,1% para solicitantes de Venezuela, 1,4% de Colombia, 0,6 % de Perú, 0,4 % de Chile y 0,1% de Panamá.
Las solicitudes aumentaron el año pasado 37,3% hasta llegar a la cifra más alta de la historia en España.
CEAR alerta sobre un aumento en 2023 de 56% en las solicitudes pendientes de resolución, con 191.095 personas que quedaron en espera de «una decisión de la que dependen sus vidas».
De los principales 10 países de origen de los solicitantes de asilo en España en 2023, 7 eran de América Latina, y el que más solicitudes tenía pendientes de resolver era con diferencia Colombia, con 30.527.
El Nacional
Human Rights Watch incluyó en su informe sobre los hechos suscitados en Venezuela luego de los comicios del 28 de julio, el caso de la Alcaldía del Municipio Torres, donde se produjo un golpe desde el gobierno a la majestad del poder municipal, legal y constitucionalmente constituido desde el año 2021.
El informe recoge los hechos que desembocaron en una despiadada persecución contra el alcalde Javier Oropeza, su familia y buena parte del tren ejecutivo, una trama orquestada por la dirigencia local e instituciones del estado afectas al partido oficialista, Psuv, dejando entrever una conspiración que solo buscaba apoderarse de la Alcaldía de Torres por vías distintas al electoral.
Se incluyen detalles de cómo se desarrollaron los hechos, en los cuales participaron, además de la dirigencia local del Psuv, el prefecto Elvis Méndez, el gobernador Adolfo Pereira, tribunales de la república y fiscales del Ministerio Público al servicio del régimen. También el Concejo Municipal controlado por ediles oficialistas, que bloqueron con notorias intenciones el Departamento de Publicaciones, bloqueando así la edición de gacetas contentivas de resoluciones y decretos emitidos por el alcalde Javier Oropeza como primera autoridad civil del municipio.
El caso de la Alcaldía de Torres sirve como ejemplo de similares actuaciones desde el régimen contra otras municipalidades en manos de alcaldes opositores, obligados al exilio unos y encarcelados otros.
Unos 50 funcionarios de distintos niveles de la municipalidad torrense tuvieron que salir al exilio, luego de ser objeto de visitas domiciliarias y persecuciones por sujetos vestidos de negro y conduciendo vehículo sin identificación oficial.
En un principio solo mencionaban los nombres del alcalde Javier Oropeza, el director de gobierno Jesús Guillermo Gómez y los concejales opositores Wilman Montero y Ronald Machán. Casi de inmediato la nómina se fue ampliando y rebazó el vaso cuando un vehículo vinotinto entrompa a un grupo de directores que caminaba por una acera adyacente a la alcaldía, siendo secuestrado en un instante el director de gobierno abierto, Endrick Medina, quien hoy día sigue detenido en el Sebin.
Las persecuciones y amedrentamiento no cesaron. Se extendieron contra familiares y bienes patrimoniales de funcionarios municipales. Al alcalde Javier Oropeza le confiscaron la sede de 2 periódicos, su casa familiar en Carora y la finca agropecuaria, un patrimonio familiar y de la ganadería raza Carora; en tanto a la Lcda Iraida Timaure, le confiscaron su casa, su vehículo y el de su hija, además pusieron en fuga a su esposo, también hoy día en el exilio, de lo contrario lo hubiesen detenido.
Este informe dado a conocer por Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, fue elevado a la consideración de la Comisión de Derecho Humanos de la ONU, como también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
