Internacional
EE UU y Panamá firman acuerdo para repatriar a migrantes
Estados Unidos y Panamá firmaron este lunes un acuerdo para repatriar a migrantes en situación irregular que transitan hacia el norte a través de la selva del Darién, informó la Casa Blanca.
El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden «apoyará los esfuerzos de Panamá para iniciar la repatriación rápida, segura y humana de los migrantes que carecen de una base legal para permanecer en Panamá», afirma la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, Adrienne Watson, en un comunicado.
Con estas repatriaciones al «país de origen ayudaremos a disuadir la migración irregular» en la región y en la frontera entre Estados Unidos y México y «a detener el enriquecimiento» de las redes de trata de personas, añade.
Ambos países se proponen abordar juntos la migración irregular, que se ha convertido en un gran problema interno para el gobierno estadounidense y el panameño.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, prometió este lunes que su país no servirá de «tránsito» para migrantes a través de la selva del Darién, durante su discurso de toma de posesión.
En 2023 medio millón de personas cruzaron esa peligrosa selva fronteriza con Colombia.
Una cifra que «estremece», dijo Mulino, un abogado derechista de 65 años que gobernará el país centroamericano hasta 2029.
En lo que va del año, más de 200.000 personas, la gran mayoría venezolanos, han pasado por el inhóspito tapón del Darién, donde operan bandas criminales que secuestran, roban y violan a los migrantes. Muchos mueren en esta jungla.
En una declaración de felicitación a Mulino, Biden también resaltó la importancia de «abordar la migración irregular» con el país centroamericano.
El Nacional
Human Rights Watch incluyó en su informe sobre los hechos suscitados en Venezuela luego de los comicios del 28 de julio, el caso de la Alcaldía del Municipio Torres, donde se produjo un golpe desde el gobierno a la majestad del poder municipal, legal y constitucionalmente constituido desde el año 2021.
El informe recoge los hechos que desembocaron en una despiadada persecución contra el alcalde Javier Oropeza, su familia y buena parte del tren ejecutivo, una trama orquestada por la dirigencia local e instituciones del estado afectas al partido oficialista, Psuv, dejando entrever una conspiración que solo buscaba apoderarse de la Alcaldía de Torres por vías distintas al electoral.
Se incluyen detalles de cómo se desarrollaron los hechos, en los cuales participaron, además de la dirigencia local del Psuv, el prefecto Elvis Méndez, el gobernador Adolfo Pereira, tribunales de la república y fiscales del Ministerio Público al servicio del régimen. También el Concejo Municipal controlado por ediles oficialistas, que bloqueron con notorias intenciones el Departamento de Publicaciones, bloqueando así la edición de gacetas contentivas de resoluciones y decretos emitidos por el alcalde Javier Oropeza como primera autoridad civil del municipio.
El caso de la Alcaldía de Torres sirve como ejemplo de similares actuaciones desde el régimen contra otras municipalidades en manos de alcaldes opositores, obligados al exilio unos y encarcelados otros.
Unos 50 funcionarios de distintos niveles de la municipalidad torrense tuvieron que salir al exilio, luego de ser objeto de visitas domiciliarias y persecuciones por sujetos vestidos de negro y conduciendo vehículo sin identificación oficial.
En un principio solo mencionaban los nombres del alcalde Javier Oropeza, el director de gobierno Jesús Guillermo Gómez y los concejales opositores Wilman Montero y Ronald Machán. Casi de inmediato la nómina se fue ampliando y rebazó el vaso cuando un vehículo vinotinto entrompa a un grupo de directores que caminaba por una acera adyacente a la alcaldía, siendo secuestrado en un instante el director de gobierno abierto, Endrick Medina, quien hoy día sigue detenido en el Sebin.
Las persecuciones y amedrentamiento no cesaron. Se extendieron contra familiares y bienes patrimoniales de funcionarios municipales. Al alcalde Javier Oropeza le confiscaron la sede de 2 periódicos, su casa familiar en Carora y la finca agropecuaria, un patrimonio familiar y de la ganadería raza Carora; en tanto a la Lcda Iraida Timaure, le confiscaron su casa, su vehículo y el de su hija, además pusieron en fuga a su esposo, también hoy día en el exilio, de lo contrario lo hubiesen detenido.
Este informe dado a conocer por Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, fue elevado a la consideración de la Comisión de Derecho Humanos de la ONU, como también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
