Internacional
Canadá nombra a la primera mujer al frente de su Ejército
El primer ministro de Canadá anunció el miércoles el nombramiento de la teniente general Jennie Carignan como la primera mujer al frente del Ejército de los miembros del grupo de potencias G7 y del país miembro de la OTAN.
Carignan, altamente condecorada y madre de cuatro hijos -dos de ellos en las Fuerzas Armadas canadienses-, será ascendida al rango de general y sustituirá al general retirado Wayne Eyre como jefe del Estado Mayor de Defensa en una ceremonia que se celebrará el 18 de julio.
«Estoy seguro de que, como nueva jefa del Estado Mayor de Defensa de Canadá, ayudará a que Canadá sea más fuerte, más seguro y esté más preparado para afrontar los desafíos de seguridad global», dijo en rueda de prensa el primer ministro Justin Trudeau.
En un acto en Montreal, añadió que Carignan asume el liderazgo militar en un momento crucial marcado por «una geopolítica complicada y amenazas crecientes».
Las mujeres constituyen el 16% del Ejército canadiense, según datos del gobierno.
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Human Rights Watch incluyó en su informe sobre los hechos suscitados en Venezuela luego de los comicios del 28 de julio, el caso de la Alcaldía del Municipio Torres, donde se produjo un golpe desde el gobierno a la majestad del poder municipal, legal y constitucionalmente constituido desde el año 2021.
El informe recoge los hechos que desembocaron en una despiadada persecución contra el alcalde Javier Oropeza, su familia y buena parte del tren ejecutivo, una trama orquestada por la dirigencia local e instituciones del estado afectas al partido oficialista, Psuv, dejando entrever una conspiración que solo buscaba apoderarse de la Alcaldía de Torres por vías distintas al electoral.
Se incluyen detalles de cómo se desarrollaron los hechos, en los cuales participaron, además de la dirigencia local del Psuv, el prefecto Elvis Méndez, el gobernador Adolfo Pereira, tribunales de la república y fiscales del Ministerio Público al servicio del régimen. También el Concejo Municipal controlado por ediles oficialistas, que bloqueron con notorias intenciones el Departamento de Publicaciones, bloqueando así la edición de gacetas contentivas de resoluciones y decretos emitidos por el alcalde Javier Oropeza como primera autoridad civil del municipio.
El caso de la Alcaldía de Torres sirve como ejemplo de similares actuaciones desde el régimen contra otras municipalidades en manos de alcaldes opositores, obligados al exilio unos y encarcelados otros.
Unos 50 funcionarios de distintos niveles de la municipalidad torrense tuvieron que salir al exilio, luego de ser objeto de visitas domiciliarias y persecuciones por sujetos vestidos de negro y conduciendo vehículo sin identificación oficial.
En un principio solo mencionaban los nombres del alcalde Javier Oropeza, el director de gobierno Jesús Guillermo Gómez y los concejales opositores Wilman Montero y Ronald Machán. Casi de inmediato la nómina se fue ampliando y rebazó el vaso cuando un vehículo vinotinto entrompa a un grupo de directores que caminaba por una acera adyacente a la alcaldía, siendo secuestrado en un instante el director de gobierno abierto, Endrick Medina, quien hoy día sigue detenido en el Sebin.
Las persecuciones y amedrentamiento no cesaron. Se extendieron contra familiares y bienes patrimoniales de funcionarios municipales. Al alcalde Javier Oropeza le confiscaron la sede de 2 periódicos, su casa familiar en Carora y la finca agropecuaria, un patrimonio familiar y de la ganadería raza Carora; en tanto a la Lcda Iraida Timaure, le confiscaron su casa, su vehículo y el de su hija, además pusieron en fuga a su esposo, también hoy día en el exilio, de lo contrario lo hubiesen detenido.
Este informe dado a conocer por Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, fue elevado a la consideración de la Comisión de Derecho Humanos de la ONU, como también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
