Internacional
73 personas murieron en el incendio de un edificio en Suráfrica
El número de muertos en el incendio de un edificio desatado durante la madrugada en el centro de la ciudad de Johannesburgo (Suráfrica) asciende a 73, informaron este jueves las autoridades, que desconocen todavía la causa del fuego.
«La última actualización es de 73 muertos y 52 heridos. Aún continúa la operación de búsqueda y recuperación» de víctimas, afirmó el portavoz de los Servicios de Gestión de Emergencias de Johannesburgo, Robert Mulaudzi, en su cuenta de la red social X (antes Twitter).
Anteriormente, Mulaudzi explicó a medios locales que los bomberos fueron alertados del incendio en el distrito de Marshalltown alrededor de las 1:30 am hora local y que, entre los fallecidos, se encuentra un niño que podría tener entre uno y dos años.
«Es un edificio de cinco pisos que se incendió en las primeras horas del jueves. Conseguimos evacuar a las personas que estaban dentro tan pronto como llegamos, mientras realizábamos operaciones de extinción de incendios», detalló el portavoz.
Sin embargo, Mulaudzi advirtió que es posible que la cifra de muertos aumente porque en cada piso hay un asentamiento informal, y las personas a las que los servicios de rescate estaban tratando de evacuar quedaron atrapadas por las estructuras entre los pisos.
«Hemos informado a las personas que están en el lugar buscando a sus familiares que las posibilidades de encontrarlos con vida son muy escasas», lamentó el portavoz.
Los heridos fueron trasladados al hospital y, entre ellos, algunos sufrieron heridas de poca gravedad y otros inhalaron humo.
Según Mulaudzi, el fuego ya fue contenido pero continúan las operaciones de apagado en la calle Albert Street, donde se halla el inmueble y hay filas de camiones de bomberos y ambulancias.
El alcalde de Johannesburgo, Kabelo Gwamanda, que se desplazó al lugar del siniestro, confirmó en declaraciones recogidas por medios locales que el edificio es propiedad de la ciudad, fue arrendado a una ONG y se llama Refugio de Sintecho Usindiso.
Este es el tercer incendio de un edificio que se produce en Johannesburgo (Suráfrica) durante los últimos meses, según reportan medios sudafricanos, después de que dos menores murieran en otro incidente en junio.
El Nacional
Human Rights Watch incluyó en su informe sobre los hechos suscitados en Venezuela luego de los comicios del 28 de julio, el caso de la Alcaldía del Municipio Torres, donde se produjo un golpe desde el gobierno a la majestad del poder municipal, legal y constitucionalmente constituido desde el año 2021.
El informe recoge los hechos que desembocaron en una despiadada persecución contra el alcalde Javier Oropeza, su familia y buena parte del tren ejecutivo, una trama orquestada por la dirigencia local e instituciones del estado afectas al partido oficialista, Psuv, dejando entrever una conspiración que solo buscaba apoderarse de la Alcaldía de Torres por vías distintas al electoral.
Se incluyen detalles de cómo se desarrollaron los hechos, en los cuales participaron, además de la dirigencia local del Psuv, el prefecto Elvis Méndez, el gobernador Adolfo Pereira, tribunales de la república y fiscales del Ministerio Público al servicio del régimen. También el Concejo Municipal controlado por ediles oficialistas, que bloqueron con notorias intenciones el Departamento de Publicaciones, bloqueando así la edición de gacetas contentivas de resoluciones y decretos emitidos por el alcalde Javier Oropeza como primera autoridad civil del municipio.
El caso de la Alcaldía de Torres sirve como ejemplo de similares actuaciones desde el régimen contra otras municipalidades en manos de alcaldes opositores, obligados al exilio unos y encarcelados otros.
Unos 50 funcionarios de distintos niveles de la municipalidad torrense tuvieron que salir al exilio, luego de ser objeto de visitas domiciliarias y persecuciones por sujetos vestidos de negro y conduciendo vehículo sin identificación oficial.
En un principio solo mencionaban los nombres del alcalde Javier Oropeza, el director de gobierno Jesús Guillermo Gómez y los concejales opositores Wilman Montero y Ronald Machán. Casi de inmediato la nómina se fue ampliando y rebazó el vaso cuando un vehículo vinotinto entrompa a un grupo de directores que caminaba por una acera adyacente a la alcaldía, siendo secuestrado en un instante el director de gobierno abierto, Endrick Medina, quien hoy día sigue detenido en el Sebin.
Las persecuciones y amedrentamiento no cesaron. Se extendieron contra familiares y bienes patrimoniales de funcionarios municipales. Al alcalde Javier Oropeza le confiscaron la sede de 2 periódicos, su casa familiar en Carora y la finca agropecuaria, un patrimonio familiar y de la ganadería raza Carora; en tanto a la Lcda Iraida Timaure, le confiscaron su casa, su vehículo y el de su hija, además pusieron en fuga a su esposo, también hoy día en el exilio, de lo contrario lo hubiesen detenido.
Este informe dado a conocer por Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, fue elevado a la consideración de la Comisión de Derecho Humanos de la ONU, como también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
