Política
La CIDH exigió el fin a la persecución política y garantizar elecciones libres en Venezuela
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenan la persecución política contra de personas percibidas por el régimen como opositoras y llaman al Estado a garantizar que las elecciones del 28 de julio se lleven a cabo de forma libre, competitiva y participativa.
En lo que va corrido de 2024, al menos 50 personas, entre integrantes de campañas de oposición, sindicalistas, activistas y periodistas, fueron detenidas. Diez locales comerciales utilizados para reuniones de campañas opositoras fueron clausurados y comitivas de la oposición fueron retenidas en controles viales. Adicionalmente, dirigentes de oposición denunciaron el cierre de medios de comunicación y la falta de espacios en radio y televisión pública para candidaturas no oficialistas.
La CIDH y la RELE consideran que estos hechos no son actos aislados. En cambio, forman parte de un patrón de persecución dirigido a desalentar la participación política de la oposición y la población en general. Estos ataques a la democracia y estas restricciones arbitrarias a las libertades de expresión, asociación y reunión tienen como finalidad perpetuar al partido de gobierno en el poder.
El Estado de Venezuela necesita urgentemente adoptar un compromiso con la democracia. Ello exige que se reconstruya la separación e independencia de los poderes públicos, de forma que cese la persecución política, se respete la libertad de expresión y la libertad de prensa, y se garantice la participación política de la oposición en condiciones de igualdad.
En el contexto electoral, en particular, el debate democrático exige que exista el mayor nivel de circulación e intercambio de ideas, opiniones e informaciones respecto de las personas candidatas, sus partidos y sus propuestas, principalmente a través de los medios de comunicación, de quienes aspiran a ocupar cargos de elección, y de quienes desean expresarse.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
800 Noticias
La Contraloría General de la República recién publicó en su página web la inhabilitación del alcalde Javier Oropeza, que le impide participar durante 15 años en elecciones o el ejercicio de cualquier cargo público.
Oropeza, quien aún ostenta su investidura constitucional de alcalde del Municipio Torres ubicado en el Estado Lara, se vio obligado a marchar al exilio junto a su esposa y dos hijas de apenas 10 y 12 años, luego de los sucesos poselectorales del 28 de julio.
En paralelo, le fueron confiscados todos sus bienes, incluyendo una finca y la sede de dos periódicos, El Caroreño y El Diario de Lara, todos los cuales forman parte de un patrimonio familiar de muchos años.
SOLICITADOS
Además del núcleo familiar del alcalde Javier Oropeza, buena parte de sus tren ejecutivo también sufren consecuencias derivadas de las elecciones del 28-J.
Entre otros están solicitados o tienen órdenes de captura: la licenciada Anibys Reyes de Oropeza, primera dama; comisario José Sisiruca, chofer del alcalde; ingeniera Joselys Crespo, asistente del alcalde; licenciada Yelitza Álvarez, Directora del Despacho; doctora Ana Julia Rivero, Directora de Desarrollo Social; ingeniero Jesús Camacaro, Director de Infraestructura; profesor José Gregorio Adames, Director de la Sala Situacional, la licenciada Maria Camacaro y el Concejal Wilman Montero.
PERSECUCIONES
Cabe señalar que en Colombia, el alcalde Javier Oropeza ha sufrido tres intersecciones violentas cuando se movilizaba junto a su familia. Todas ellas denunciadas oportunamente ante las autoridades colombianas.
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