Internacional
Colombia prohíbe uso de biopolímeros en tratamientos estéticos
Colombia prohibió este martes la comercialización y uso de biopolímeros, utilizados en tratamientos estéticos para aumentar el tamaño de los glúteos o los senos, e impondrá penas de prisión a quienes los inyecten en sus pacientes.
El presidente izquierdista Gustavo Petro sancionó una ley que regula el «uso, comercialización y aplicación» de «sustancias modelantes no permitidas -biopolímeros-«, según la normativa aprobada por el Congreso el 17 de agosto.
A diferencia de las prótesis, los biopolímeros no encapsulados se inyectan y se expanden dentro del cuerpo. Contienen sustancias sintéticas como parafina y silicona líquida.
Su uso puede causar complicaciones de salud o llevar a la muerte al paciente, razón por la que en países como Venezuela está prohibido desde 2012.
En adelante la ley impondrá penas de cárcel de entre más de 2 años a 10 años a quien «inyecte o infiltre en el cuerpo de otra persona sustancias modelantes no permitidas», además de multas entre unos 42.000 y 70.000 dólares.
Si es un médico el que realiza el procedimiento, se expone a una pena de entre 8 y 15 años tras las rejas, a ser inhabilitado para practicar su profesión por 5 años y pagar entre 56.000 y 84.000 dólares.
El senador derechista Carlos Fernando Motoa, promotor de la ley, celebró que la nueva normativa «impulsa la creación de un registro nacional de centros de venta, profesionales y/o clínicas dedicadas a los procedimientos estéticos».
«Protege a la mujer colombiana contra profesionales de la salud inescrupulosos y clínicas de garaje (irregulares) que estarían inyectando estas sustancias sin ningún reparo», en un país donde «95% de las víctimas de los biopolímeros son mujeres», aseguró Motoa en la red X, antes Twitter.
Colombia es uno de los países más atractivos del mundo para extranjeros que buscan realizarse procedimientos estéticos, junto con México, Turquía y Tailandia, según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (Isaps, en inglés).
El Nacional
En una sesión del parlamento europeo, denominado «Europa escucha a Venezuela: Memoria, Justicia y Libertad», fueron planteados los sucesos ocurridos en Carora luego del 28/07 de 2024, que desembocaron en un «golpe municipal» contra el alcalde Javier Oropeza y la posterior confiscación de sus bienes.
Presentes en la sede del Parlamento Europeo en Madrid estuvieron el alcalde Javier Oropeza; el director general de gobierno, Jesús Guillermo Gómez; el director de Infraestructura, Jesús Camacaro y el concejal Wilman Montero. A través de videollamada participó María Corina Machado, y presidiendo el acto como figura central Edmundo González Urrutia.
Además de la situación general que vive Venezuela marcada por la inestabilidad política y económica producto del desconocimiento de los resultados electorales del 28 de julio, se dejó constancia de distintas violaciones a los derechos humanos que registran más de 2 mil detenciones arbitrarias en los últimos 10 meses.
Correspondió a Martina Ragozzino, representante de la ONG Human Rights Watch, presentar el último informe sobre el caso venezolano. Se detalla en el mismo todo tipo de violaciones a los DD.HH, golpe de estado contra la soberanía popular, asesinatos, detenciones, allanamientos e incautaciones cometidas por el régimen a partir del desconocimiento de los resultados electorales.
Durante la intervención de HRW, Martina Ragozzino brindó detalles del caso de Carora, donde se llevaron a cabo persecuciones y detenciones contra representantes legítimos del poder municipal, así como la confiscación de los bienes del alcalde Javier Oropeza y de una de sus directoras Lcda. Iraida Timaure.
