Internacional
Asesinaron a alcaldesa mexicana tras elecciones presidenciales ganadas por Sheinbaum
Una alcaldesa del estado mexicano de Michoacán (oeste), que sufrió un secuestro en septiembre pasado, fue asesinada este lunes, un día después de la elección de la izquierdista Claudia Sheinbaum como presidenta de México, informó el gobierno regional.
La secretaría de gobierno de esa convulsa demarcación condenó en la red X «el homicidio de la presidenta municipal de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa», añadiendo que desplegó un operativo de seguridad para capturar a los responsables.
Sánchez se convirtió en alcaldesa en las elecciones de 2021 con la bandera del conservador Partido Acción Nacional (PAN).
Medios locales reportan que la política fue atacada a balazos en una vía pública. Hasta el momento las autoridades no han dado detalles.
Sánchez ya había sido víctima de un secuestro el 23 de septiembre de 2023 en un suburbio de Guadalajara, en el estado de Jalisco, vecino de Michoacán, cuando salía de un centro comercial en compañía de dos mujeres.
Tres días después el gobierno federal anunció que había sido encontrada con vida.
Según reportaron entonces medios locales, los plagiadores pertenecían al poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes habrían amenazado a la alcaldesa por oponerse a que el grupo criminal tomase el control de la policía de su municipio.
El asesinato se registra un día después de que Sheinbaum, una científica de 61 años, lograra una victoria apabullante con más de 30 puntos de ventaja sobre la opositora Xóchitl Gálvez, del PAN.
Michoacán, un estado reconocido por sus destinos turísticos y una pujante industria agroexportadora, es también uno de los más violentas del país, debido la actividad de grupos criminales dedicados a la extorsión y el narcotráfico.
El Nacional
Human Rights Watch incluyó en su informe sobre los hechos suscitados en Venezuela luego de los comicios del 28 de julio, el caso de la Alcaldía del Municipio Torres, donde se produjo un golpe desde el gobierno a la majestad del poder municipal, legal y constitucionalmente constituido desde el año 2021.
El informe recoge los hechos que desembocaron en una despiadada persecución contra el alcalde Javier Oropeza, su familia y buena parte del tren ejecutivo, una trama orquestada por la dirigencia local e instituciones del estado afectas al partido oficialista, Psuv, dejando entrever una conspiración que solo buscaba apoderarse de la Alcaldía de Torres por vías distintas al electoral.
Se incluyen detalles de cómo se desarrollaron los hechos, en los cuales participaron, además de la dirigencia local del Psuv, el prefecto Elvis Méndez, el gobernador Adolfo Pereira, tribunales de la república y fiscales del Ministerio Público al servicio del régimen. También el Concejo Municipal controlado por ediles oficialistas, que bloqueron con notorias intenciones el Departamento de Publicaciones, bloqueando así la edición de gacetas contentivas de resoluciones y decretos emitidos por el alcalde Javier Oropeza como primera autoridad civil del municipio.
El caso de la Alcaldía de Torres sirve como ejemplo de similares actuaciones desde el régimen contra otras municipalidades en manos de alcaldes opositores, obligados al exilio unos y encarcelados otros.
Unos 50 funcionarios de distintos niveles de la municipalidad torrense tuvieron que salir al exilio, luego de ser objeto de visitas domiciliarias y persecuciones por sujetos vestidos de negro y conduciendo vehículo sin identificación oficial.
En un principio solo mencionaban los nombres del alcalde Javier Oropeza, el director de gobierno Jesús Guillermo Gómez y los concejales opositores Wilman Montero y Ronald Machán. Casi de inmediato la nómina se fue ampliando y rebazó el vaso cuando un vehículo vinotinto entrompa a un grupo de directores que caminaba por una acera adyacente a la alcaldía, siendo secuestrado en un instante el director de gobierno abierto, Endrick Medina, quien hoy día sigue detenido en el Sebin.
Las persecuciones y amedrentamiento no cesaron. Se extendieron contra familiares y bienes patrimoniales de funcionarios municipales. Al alcalde Javier Oropeza le confiscaron la sede de 2 periódicos, su casa familiar en Carora y la finca agropecuaria, un patrimonio familiar y de la ganadería raza Carora; en tanto a la Lcda Iraida Timaure, le confiscaron su casa, su vehículo y el de su hija, además pusieron en fuga a su esposo, también hoy día en el exilio, de lo contrario lo hubiesen detenido.
Este informe dado a conocer por Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, fue elevado a la consideración de la Comisión de Derecho Humanos de la ONU, como también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
